La evolución de Internet, ha planteado nuevas posibilidades de crear y acceder a la información en este medio; situación que obliga a considerar las repercusiones de la tecnología, que en principio es neutral sobre los derechos de las personas y en particular respecto al derecho a la privacidad y protección de datos personales.
En la actualidad, se observa que las herramientas de más éxito en la Red son aquellas que están destinadas a ser alimentadas a través de la aportación de los propios individuos que las emplean, y cada vez es mayor el número de aplicaciones en las que el usuario deja de ser mero espectador para convertirse en difusor de información personal, propia y de terceros. Es este uno de los ámbitos donde están emergiendo nuevos conflictos relacionados con la privacidad.
El derecho al ‘olvido digital’
Basta con una simple búsqueda en Internet para encontrar numerosa información de una persona, donde a menudo parte de la misma ha sido publicada por terceros. Por otro lado, nuestra actividad en Internet adquiere cada vez mayor proyección en nuestra vida privada, lo que unido al hecho de que la Red ocupe cada vez un mayor espacio en los hábitos cotidianos de la ciudadanía, hace necesario reflexionar ante el impacto de esta herramienta, imprescindible en la sociedad actual, en el ámbito de la privacidad.
El carácter global y universal de la Red, así como el hecho de la permanencia y fácil acceso de la información contenida en ella, ponen de relieve la necesidad de que, de una parte, los usuarios tomen conciencia de las informaciones -propias y de terceros- que suministran, con el fin de evitar una posible pérdida de control de las mismas cuando se incorporen en Internet; y de otra, que se dote a al usuario de mecanismos efectivos de defensa ante los riesgos que pueda entrañar el imparable desarrollo de este sistema.
En los últimos años parecía afianzarse la afirmación de que ‘quien no está en Internet no existe’. Sin duda ello ha contribuido a la notable expansión de servicios como redes sociales o foros de Internet. Sin embargo, es claro cómo, una vez superado este espejismo de la notoriedad otorgada por la presencia en Internet, son cada vez más la voces que reclaman la necesidad de unos límites y de dotar al ciudadano de mecanismos de garantía de sus derechos, principalmente cuando se trate de informaciones no reveladas ni difundidas por ellos.
Así, con mayor frecuencia se percibe que hay muchos usuarios de Internet que aunque en origen podían estar encantados con aparecer en buscadores o redes sociales, hoy por el contrario perciben que esto les plantea problemas personales y quieren evitar que siga manteniéndose esa información personal en la Red y borrar el rastro que han dejado durante el tiempo que han utilizado Internet.
Casos vinculados a despidos laborales por informaciones publicadas en redes sociales o informaciones relativas a prácticas de empresas de selección de personal que rastrean la Red para analizar a candidatos a puestos de trabajo son algunos de los supuestos por los que los ciudadanos quieren desaparecer o restringir su presencia en la Red.
Pero además, la difusión y recuperación de información personal en Internet puede entrañar perjuicios personales todavía mayores si tenemos en cuenta situaciones y casos vinculados a la indexación en buscadores de datos publicados en diarios oficiales o medios de comunicación y referidos a materias tan sensibles como la publicación de indultos, condenas, o la concesión de ayudas o beneficios a drogodependientes o víctimas de violencia doméstica, con identificación de sus beneficiarios.
Mientras en la vida real el ciudadano otorga sus datos para una finalidad concreta y existe la posibilidad de que éstos se cancelen una vez agotada su finalidad, en Internet entran en juego elementos como los motores de búsqueda, que además de generar una multiplicación sin límites de la información, la dotan de un carácter ‘cuasi eterno’ que puede alterar la línea del tiempo.
Ante esta circunstancia, ¿existe o disponen los ciudadanos de mecanismos efectivos para ejercer su ‘derecho al olvido digital’? En teoría, todo ciudadano debe tener control y disposición sobre sus datos; más aún cuando la difusión de cierta información personal puede tener un impacto muy negativo en la vida diaria. Asimismo, y aparte de los posibles perjuicios que pueda entrañar a una persona esa difusión masiva en Internet, debemos insistir en que ningún ciudadano que no sea objeto de hecho noticiable de relevancia pública tiene que resignarse a que sus datos se difundan en Internet sin poder reaccionar ni corregir su inclusión.
Por esto, uno de los principales retos actuales es dotar a los ciudadanos de mecanismos reales y efectivos de garantía de este llamado ‘derecho al olvido digital’, ante situaciones que puedan poner en riesgo, no ya sólo la vida privada de las personas, sino el conjunto de sus libertades.
En esta línea parecen encaminarse en los últimos tiempos diversas iniciativas por parte de los poderes públicos para dotar a los ciudadanos de estos necesarios mecanismos de defensa y un control real sobre la información personal que se publica en la Red. Así, recientemente en Alemania se anunciaba un proyecto de Ley que contempla controlar el acceso y uso de los empleadores a las informaciones publicadas en servicios de Internet, como redes sociales, de trabajadores o solicitantes de un puesto de trabajo. Por su parte, en el pasado mes de mayo, el Gobierno galo abría una consulta pública para ciudadanos y empresas del sector tecnológico sobre la necesidad de regular el derecho al olvido en Internet. También la Comisión Europea anunciaba que se dispone a revisar la legislación de la UE sobre protección de datos, para otorgar a los usuarios de Internet un ‘control efectivo’ sobre sus datos personales y reflexionar sobre el ‘derecho al olvido’ en el mundo virtual.
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