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Futbolistas, doble nacionalidad y su selección nacional.

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La nacionalidad debe ser considerada como un estado natural de los seres humanos. Tal estado no es sólo el fundamento mismo de su capacidad política, sino también de parte de su capacidad civil. El derecho a tener una nacionalidad significa dotar a las personas de un mínimo de amparo jurídico en las relaciones internacionales. Así como la nacionalidad es el nexo jurídico y político que relaciona a una persona con un Estado, la naturalización viene a ser el acto voluntario de quien desea adquirir una nacionalidad determinada diferente de la original, correspondiendo luego al Estado pertinente establecer los requisitos para conceder o no la nacionalidad solicitada. La doble nacionalidad representa la coexistencia en una persona de dos vínculos jurídicos de nacionalidad con dos Estados distintos.

La doble nacionalidad implica la incidencia en un solo individuo de dos vínculos jurídicos de nacionalidad con dos Estados distintos.

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, siguiendo las orientaciones de los ordenamientos constitucionales contemporáneos, se admite la doble nacionalidad y el carácter renunciable de la nacionalidad venezolana, todo ello con el objeto de facilitar a Venezuela la suscripción de tratados internacionales en la materia.

La FIFA aprobó este viernes una modificación en su normativa sobre las reglas de elegibilidad de los futbolistas para competir por una segunda selección que permiten el cambio a quienes hayan jugado un máximo de tres veces para la primera antes de cumplir 21 años, incluidos partidos de clasificación.

La normativa, que moderniza sus principios, según la FIFA, dicta que la última participación con la primera selección tendría que haber sido tres años antes y no permite el cambio a quienes hayan representado a su país en competiciones como el Mundial.

También señala que el jugador que por su nacionalidad sea seleccionable con más de una federación únicamente podrá defender a una de ellas en un partido internacional si, además de poseer la nacionalidad en cuestión, cumple al menos una de las siguientes condiciones: Haber nacido en el territorio de la federación; que uno de sus padres biológicos o uno de sus abuelos haya nacido en el territorio de la federación o haber vivido al menos durante cinco años ininterrumpidos en el territorio de la federación.

Las federaciones que compartan una misma nacionalidad pueden llegar a acuerdos específicos entre ellas, que deberán someterse al Consejo de la FIFA para su aprobación.

Los jugadores que adopten una nueva nacionalidad y que no hayan jugado ningún partido internacional será seleccionable para jugar en los equipos de la nueva federación si cumple con una de las siguientes condiciones:

Haber nacido en el territorio de la federación; que uno de sus padres biológicos o uno de sus abuelos haya nacido en el territorio de la federación o que haya vivido en el territorio de la federación una única vez el cambio.

El tiempo requerido en este último supuesto será de al menos tres años para los jugadores que comenzaron a vivir en ese territorio antes de cumplir 10 años y de al menos cinco años para los que empezaron a vivir en ese territorio entre los 10 y los 18 años o los que lo hicieron tras cumplir 18 años.

La nueva normativa contempla también las condiciones de elegibilidad para los apátridas y las que debe cumplir un jugador para pedir una única vez el cambio de federación para la que sea seleccionable con la federación de otro país con la cual posea nacionalidad.

El Congreso también aprobó modificar su normativa interna respecto a la celebración de congresos para poder hacerlos de forma telemática como el de este viernes.

El próximo, que será el 71, está previsto el año que viene en Tokio en coincidencia con el centenario de la Federación Japonesa.

Así ha quedado el Reglamento de Aplicación de los Estatutos en este punto, tras la enmienda aprobada es:

CAMBIO DE FEDERACIÓN/SELECCIÓN NACIONAL

 1.    Un jugador podrá solicitar una única vez el cambio de la federación para la que sea seleccionable con la federación de otro país de la cual posea la nacionalidad, bajo las condiciones que se estipulan a continuación:

 2.    Únicamente se aprobará la solicitud de cambio de federación si concurren las circunstancias siguientes:

 a)    el jugador:

 i)    ya jugó un partido de competición oficial (a excepción de partidos internacionales «A») de cualquier disciplina futbolística con su federación actual;

 ii)    en el momento de jugar su primer partido de competición oficial con su federación actual de cualquier disciplina futbolística, ya poseía la nacionalidad de la federación la que desea representar.

 b)    el jugador:

 i)    ya jugó un partido de competición oficial de cualquier categoría (a excepción de partidos internacionales «A») y disciplina futbolística con su federación actual;

 ii)    en el momento de jugar su primer partido de competición oficial de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, no poseía la nacionalidad de la federación a la que desea representar;

 iii)    en el momento de jugar su último partido de competición oficial de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, no había cumplido aún los 21 años; y

 iv)    cumple cualquiera de los requisitos estipulados en el art. 6 o el art. 7.

 c)    el jugador:

 i)    ya jugó un partido internacional «A» de competición oficial de cualquier disciplina futbolística con su federación actual;

ii)    en el momento de jugar su primer partido de competición oficial con su federación actual de cualquier categoría y disciplina futbolística, ya poseía la nacionalidad de la federación a la que desea representar;

iii)    en el momento de jugar su último partido de competición oficial de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, no había cumplido aún 21 años;

iv)    jugó un máximo de tres partidos internacionales «A» de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, tanto en competición oficial como no oficial;

v)    han transcurrido al menos tres años desde que jugó el último partido internacional «A» de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, tanto en competición oficial como no oficial; y

vi)    jamás participó en ningún partido internacional «A» en la fase final de una Copa Mundial de la FIFA™ o de un torneo de confederaciones.

d)    el jugador:

i)    desea representar a otra federación que haya sido admitida como miembro de la FIFA tras jugar su primer partido de competición oficial de cualquier categoría y disciplina futbolística con su federación actual;

ii)    nunca jugó ningún partido de competición oficial, de cualquier categoría o disciplina futbolística, para su federación actual con posterioridad a la admisión como miembro de la FIFA de la federación a la que desea representar;

iii)    en el momento de jugar su primer partido de competición oficial de cualquier categoría y disciplina futbolística con su federación actual:

a.    poseía la nacionalidad de la federación a la que desea representar, u

b.    obtuvo la nacionalidad de la federación a la que desea representar tan pronto como fue posible después de que el país fuera reconocido por la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas;

iv)    cumple cualquiera de los requisitos estipulados en el art. 6 o el art. 7.

e)    el jugador:

i)    ya jugó un partido internacional «A» de competición oficial de cualquier disciplina futbolística con su federación actual;

ii)    perdió la nacionalidad de manera permanente sin su consentimiento o contra su voluntad a causa de una decisión de las autoridades gubernamentales; y

iii)    ya posee la nacionalidad de la federación a la que desea representar.

3.    El jugador que cambie de federación no podrá jugar para la nueva en ninguna competición en la que ya hayan jugado con la anterior.

4.    El jugador que desee ampararse en el apdo. 2 deberá presentar a la Comisión del Estatuto del Jugador, a través de la federación pertinente, una solicitud de cambio de federación.

5.    El jugador:

a)    al que se le haya concedido el cambio de federación, y

b)    que no haya jugado partido alguno de competición oficial o no oficial de cualquier disciplina futbolística con su nueva federación podrá solicitar el cambio de federación, es decir, la vuelta a su primera federación siempre que aún posea la nacionalidad del país de dicha federación.

6.    El jugador que desee ampararse en el apdo. 5 deberá presentar a la Comisión del Estatuto del Jugador, a través de la federación pertinente, una solicitud de cambio de federación.

7.    El jugador que solicite dicho cambio de conformidad con el presente artículo no será seleccionable para formar parte de los equipos de ninguna federación hasta que no se tome una decisión con respecto a su solicitud.

Se puede olvidar el pasado digital?

Derecho-al-olvido

 

Internet ha sufrido una vertiginosa y a veces insana evolución desde sus inicios, convirtiéndose en una fuente de contenidos que acontecen permanentemente, contenidos que son accesibles por personas difícilmente identificables que causan daño a la moral de la gente de bien con la información obtenida.

Estos cambios obligan a plantearse nuevos retos y nuevas cuestiones sobre el alcance del concepto del derecho a la privacidad y a actualizar el derecho de autodeterminación informativa en relación a la defensa de la reputación digital.

El objetivo de este nuevo servicio profesional es la obtención del equilibrio necesario entre la información de la identidad digital que autorizamos difundir, la información que no autorizamos que se difunda y la información que queremos preservar para nuestro círculo más íntimo, cubriendo así la necesidad social de preservar la intimidad.

Este derecho se alcanza ejerciendo acciones legales, precisas y contundentes donde los titulares de la información personal que es  difundida para causar daño obtengan el retiro de estos contenidos privados.

El derecho al olvido debe entenderse desde la existencia de contenidos ilícitos en internet, los cuales pueden generar diferentes consecuencias, afectando directamente a los derechos de las personas y, ante los cuales, hay que ejercer las acciones jurídicas correspondientes que garanticen dignidad y respeto.

El derecho al olvido se ha acuñado como referencia al reto diario de proteger los derechos fundamentales de los particulares en el ámbito de la Sociedad de la Información, que ha replanteado términos en temas sencillos, como la definición de información personal.

Los alcances de la dignidad de las personas y sus usos no parecen tener  límites, el Internet ha significado la universalidad de los datos y el desconocimiento en la preocupación del “derecho al olvido”, pero no así la generalidad de los puntos de vista de quienes pudieran verse afectados; todo aquel que forma parte de la sociedad ha usado las tecnologías de información y comunicación en alguna medida.

El “derecho al olvido” no tiene la intención de reescribir la historia, sino de protegerla.

El “derecho al olvido” surge del derecho de protección de datos e incluyen dos aspectos distintos. El primero de ellos, tradicionalmente se conoce como el “derecho de supresión” y el segundo, surge de la sentencia «Google España», el “derecho a la exclusión de resultados de búsqueda” o el “derecho al olvido”.

El derecho de supresión permite a los individuos solicitar la eliminación de sus datos personales en poder de un servicio o aplicación cuando decidan dejar de utilizarlo. Este derecho es esencial para asegurar el control del usuario sobre la información personal.

El derecho a la exclusión de resultados de búsqueda permite a los usuarios solicitar a los motores de “búsqueda” que eliminen direcciones web de la lista de resultados que se obtiene cuando se realiza una búsqueda utilizando su nombre.

Siempre ha sido necesario establecer prioridades, el derecho a la vida privada consiste en la facultad que tienen los individuos a no ser interferidos o molestados por persona o entidad alguna, en todo aquello que desean compartir con quienes ellos eligen.

Igualmente ha indicado que la vida se constituye por el ámbito privado reservado para cada persona quedando excluidos los demás, mientras que la intimidad se integra con los extremos más personales de la vida y del entorno familiar, cuyo conocimiento se reserva para los integrantes de la unidad familiar.

Así, el concepto de vida privada comprende a la intimidad como el núcleo protegido con mayor celo y fuerza porque se entiende como esencial en la configuración de la persona, esto es, la vida privada es lo genéricamente reservado y la intimidad –como parte de aquella– lo radicalmente vedado, lo más personal; de ahí, si bien son derechos distintos, al formar parte uno del otro, cuando se afecta la intimidad, se agravia la vida privada.

El concepto de datos personales se encuentra establecido a nivel mundial y se consideran así, todos aquellos que identifican o hacen identificable a una persona.

Ahora bien, el derecho humano a la vida privada fue reconocido desde 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto San José de Costa Rica.

Cabe señalar que estos instrumentos reconocen los derechos de libertad de opinión y de expresión, así como, el acceso a la información, como puede constatarse en el artículo 197 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 138 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el principio 4° de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se indica a continuación:

                                             “El acceso a la Información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos”.

Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho.

Este principio solo admite limitaciones excepcionales, que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.

Como puede desprenderse de los conceptos anteriores, la protección de la privacidad, de la intimidad y datos personales son derechos humanos reconocidos en diversos instrumentos internacionales, pero con el desarrollo del mundo digital y las tecnologías de información, es un gran reto salvaguardarlos.

Si bien Internet ha supuesto una verdadera revolución para el desarrollo de imprescindibles derechos fundamentales como la libertad de expresión – libertad de información, también ha supuesto nuevos riesgos para otros derechos: intimidad, el honor y la protección de datos.

Por ello, ha surgido el concepto del “derecho al olvido”, que tiene el titular de un dato personal a borrar, bloquear o suprimir información personal que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo o que de alguna manera afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales.

El “derecho al olvido” conlleva la posibilidad que desaparezcan de los sistemas de registro de datos personales, aquellos datos negativos (no queridos, perjudiciales, socialmente reprobados o desfavorables) acerca de una persona; es un derecho a la caducidad del dato negativo, del dato que arroja información que se considera que afectaría el desarrollo normal de una persona en sociedad.

Ante el creciente uso de tecnologías mediante las cuales se transmiten millones de datos personales, el “derecho al olvido” puede considerarse como el derecho de las personas a eliminar o suprimir información que afecte su intimidad o su imagen, a fin de que aquellos datos que alguna vez fueron difundidos sean omitidos de la red.

Algunos autores consideran que este no es un nuevo derecho, sino que deriva de los derechos de rectificación, cancelación y oposición, de los derechos ARCO. Pero existen otras opiniones en el sentido, que sí es uno nuevo, aunque todavía no se ha considerado un derecho humano fundamental.

Algunos países lo reconocen, como Francia y Argentina. Ernesto Villanueva solo incluye en el “derecho al olvido” el derecho al honor, mas no así el relativo a la vida privada, que se refiere a datos que nunca han sido públicos (como el ADN – preferencias sexuales) a diferencia del “derecho al olvido” que trata sobre datos públicos y veraces, ocurridos en un tiempo determinado, pero al paso de este, el titular de esos derechos desea que sean borrados porque le afecta su honor en el futuro.

Como todos los derechos, el del olvido no puede ser absoluto; Es decir, tiene límites y al entrar en colisión con otros, como libertad de expresión o el de información, es necesario hacer una ponderación para determinar cuál debe prevalecer, y además tomar en cuenta el interés público. Los ciudadanos ya empiezan a reaccionar ante la posibilidad de salvaguardar su integridad si se consideran afectados.

El “derecho al olvido” consiste en la potestad que tiene un usuario al borrado de sus datos personales en el entorno online. En ese sentido, se pude solicitar que cualquier buscador aplique la desindexación de los enlaces que exhibían videos, imágenes y artículos relacionados con el solicitante que afecten su vida.

Normalmente la información que se ordena «desindexar» carece de interés periodístico, lo cual no implica censura pero si puede afectar el derecho a la honra de una persona. ¿Libertad de información? La información que no se debe ni se puede controlar es la que tenga un cariz informativo, la que tiene relevancia para la opinión pública.

La mayoría de las legislaciones manejan dos criterios para aplicar el “Derecho al Olvido”:

  • Si la información publicada mantiene interés público actual.
  • La relevancia pública del reclamante.

Con lo cual, debe quedar claro el parámetro de análisis referido al interés de la opinión pública como determinante para el éxito de la acción, Google lo enfoca de otra forma “es importante un debate más profundo sobre esta decisión para evaluar las consecuencias de habilitar la desindexación de contenido legal relacionado a hechos de amplia repercusión pública”.

El primer caso de reconocimiento del “derecho al olvido” sucedió el 13 de mayo de 2014, con la sentencia del Tribunal de Justicia Española sobre el famoso caso Costeja.

El ciudadano español demandó a Google en vista, de que al hacer una búsqueda con su nombre, el buscador arrojaba la edición online del periódico La Vanguardia, consignado dos anuncios de una subasta de inmuebles relacionada a un embargo por deudas a la Seguridad Social. El propietario de estos inmuebles subastados por embargo era el señor Costeja.

En 2009 decidió contactar con el diario La Vanguardia, ante su negativa se dirigió a la Agencia Española de Protección de Datos. Sucede que la deuda con la Seguridad Social había quedado totalmente saldada muchos años antes, la información contenida en tales links era irrelevante y evidentemente perjudicial para su reputación.

No obstante, es importante tener en cuenta que el “derecho al olvido” no es absoluto. Tal como lo señaló el Tribunal Supremo Alemán, estará sujeto a desindexación aquel contenido que haya superado la evaluación individual de la afectación de los intereses de los individuos versus los de la opinión pública.

En este sentido, se mencionó a manera de ejemplo el caso de una institución caritativa de Hesse (Alemania) que solicitó la eliminación de informes de prensa sobre problemas económicos de la entidad. Sin embargo se valoró, en este caso, el interés público primaba sobre la autodeterminación informativa de esta institución caritativa.

De igual forma, en sede peruana, se ha registrado muchos casos de demandas para eliminar información en la red, así como reclamos ante la Autoridad de Protección de Datos Personales con los mismos fines. Sin embargo, tal como se menciona en el portal Ojo Público, estas acciones pueden afectar duramente el interés público.

Esto fue lo que sucedió con el “Caso Arévalo”, un ciudadano con antecedentes en la dirección antidrogas de la policía con presuntos nexos con el narcotráfico que envió cartas notariales a diversos medios de comunicación a fin de que retiraran las notas periodísticas que lo mencionaban, posteriormente inició acciones en el Poder Judicial y en la autoridad de datos.

En este sentido, el “derecho al olvido” puede ser un arma de doble filo, con lo cual, su protección debe implicar un análisis profundo de cada caso en concreto.

Un paso previo, ¿por qué las solicitudes de tutela pueden dirigirse directamente frente a Google (el buscador) y no frente a los editores de los sitios web? Dado que son finalmente ellos los que consignaron esa información, eliminar la información de tales sitios implicaría eliminar el problema de raíz.

No obstante, sucede que no existe ninguna obligación para los titulares de datos para dirigirse primero frente al editor del sitio web y en su defecto al buscador, pueden realizar sus reclamos ante cualquiera de ellos indistintamente.

Por otro lado, el denominado efecto “hipervisibilizador” del buscador de Google podría ser más perjudicial para el titular del dato personal que la página web que contiene sus datos personales. Claramente, sin el buscador de Google, la información que se encuentra en las páginas web no tendría el mismo alcance, tanto en el número de personas que pueden acceder a esa información como en la permanencia en el tiempo de este contenido.

Sin duda, este tema tiene múltiples aristas por abordar, pero el análisis de cada nuevo caso nos puede ayudar a consolidar por lo menos algunas de ellas.

El “derecho al olvido” no afecta al contenido publicado, ni la mención de éste en otras páginas; sólo exige que se elimine de los resultados de una búsqueda, por considerar que aluden a un pasado superado,

Es necesario destacar que la decisión acerca de la desvinculación de los enlaces que un buscador realiza entre el nombre de una persona y los sitios que alojan información en su respecto no puede quedar librada exclusivamente a la voluntad del sujeto afectado, sino que se debe exigir una justificación acerca de la razonabilidad de su pedido.

Cuando se trata de noticias o videos de carácter o contenido sexual o de escándalos triviales, tales reproducciones no presentan,  interés periodístico alguno sino que su publicación sólo parece hallarse fundada en razones de morbosidad ya que tales videos, en cuanto exhiben escenas cuya oportuna relevancia estuvo claramente vinculada más con lo grotesco que con lo informativo, carecen de interés periodístico y no hacen al interés general, más bien, a la parafernalia de contenidos excéntricos de nulo valor cultural o informativo, que cobraron notoriedad más por el culto al rating de ciertas situaciones, que por el interés social que podían despertar.

En definitiva, este tipo de servicios que traemos a Venezuela y Colombia acciones deben buscar como acción principal que el Olvido del contenido debe ir asociado más al morbo o a la excentricidad de su mensaje que a la relevancia pública que pueda tener, por lo que la información periodística del caso seguirá siendo de acceso público.

Que pasa con mi deuda, si el club desparece o va a la quiebra?

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Hay pocas ocasiones en la vida en las que se presentan conflictos tan claros que son indiscutibles. Mientras unos se empeñan en publicitar el negociado como virtud, otros, sin la voluntad que el miedo genera, prefieren la cautela para tratar de tapar sus temores, porque la verdad sea dicha, solo unos valientes levantan su voz ante tanta complicidad insana, este fútbol nuestro es, todavía, un misterio por resolver, como diría nuestro mentor, en Venezuela está todo por hacer.

Desde que COVID-19 se convirtió en una pandemia, el concepto de resilencia ha sido ampliamente discutido. La resilencia, se trata de la capacidad de las personas para afrontar y sobreponerse a las adversidades y salir fortalecido de ellas. Y ahora más que nunca, las personas deberían estar trabajando para aumentar la resistencia a las presiones externas, pero nuestros deportistas, nuestros atletas, que han vivido y sufrido tanto, dejando a un lado, sueños, metas y hasta dignidad ya están llegando a nivel de superhéroes.

La pandemia de coronavirus no solo ha amenazado la salud física de millones, sino que también ha causado estragos en el bienestar emocional y mental de las personas en todo el mundo. Los sentimientos de ansiedad, impotencia y dolor están aumentando a medida que las personas se enfrentan a un futuro cada vez más incierto, y casi todos han sido afectados por la pérdida. En ese sentido, lo que hizo el coronavirus fue pegar justo en ese centro de gravedad: creó más incertidumbre; quizá una de las mayores que hayamos enfrentado. Y lo hizo de manera global, algo que nos iguala a todos. No tuvo en cuenta raza, condición, posición, profesión o estratos sociales, nada, situaciones de las que muchos se han aprovechado amenazando con cerrar sus fuentes de trabajo con cualquier charlatanería barata.

En Venezuela los equipos de futbol normalmente se han estructurado como sociedades o Asociaciones civiles y uno que otro como empresa Mercantil, figuras que aunque suenen igual no implican lo mismo.

Lo primero que debemos saber es qué es una sociedad civil; es un contrato privado entre dos o más personas, que normalmente serán los socios de la empresa. Los integrantes de dicho contrato deciden empezar una actividad económica con la cual ganar dinero, pero sin realizar actos comercialesLos socios estarán obligados a aportar recursos según lo convenido en el contrato. Las ganancias obtenidas se reparten entre los participantes de la sociedad civil. Esta sociedad tiene carácter privado y estaría regulada por el código civil, con lo cual no hay una figura jurídica, en cambio las sociedades Mercantiles, en la cual se busca ganar dinero invirtiendo capital regulada por el Código de Comercio.

La Ley del Deporte venezolana no define el deporte profesional, sino al “Deportista Profesional: Persona que se dedica a la práctica de un deporte para competir y a cambio percibe una remuneración.”; y a las “Organizaciones del deporte profesional: Son aquellas constituidas bajo las formas del derecho privado con o sin fines de lucro, con el objeto de organizar la práctica y desarrollo profesional del deporte.”

En la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se consagra que el deporte es una actividad indispensable de toda persona para su integridad desenvolvimiento corporal y espiritual, así como para su incorporación al desarrollo del país, con el objeto de formar una población sana y apta para el estudio y el trabajo, se reconoce tal actividad como un derecho humano, cuyo libre ejercicio beneficia la calidad de vida individual y colectiva. Dicha exposición reconoce que el deporte no solo se identifica con el ocio sino con actividades individuales y colectivas que permiten el desarrollo espiritual, y muy especialmente, la gestación de elevadas formas de conciencia sociocultural. Luego en el texto normativo constitucional, se incorpora dentro del capítulo de los derechos culturales y educativos, en el artículo 111, en los siguientes términos: “Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación como actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva. El Estado asumirá el deporte y la recreación como política de educación y salud pública y garantizará los recursos para su promoción. La educación física y el deporte cumplen un papel fundamental en la formación integral de la niñez y adolescencia. Su enseñanza es obligatoria en todos los niveles de la educación pública y privada hasta el ciclo diversificado, con las excepciones que establezca la ley. El Estado garantizará la atención integral de los y las deportistas sin discriminación alguna, así como el apoyo al deporte de alta competencia y la evaluación y regulación de las entidades deportivas del sector público y del privado, de conformidad con la ley. La ley establecerá incentivos y estímulos a las personas, instituciones y comunidades que promuevan a los y las atletas y desarrollen o financien planes, programas y actividades deportivas en el país.

La empresa deportiva podría ser entendida como una empresa de espectáculo público y puede ser encuadrada en el ordinal 11 del artículo 2 del Código de Comercio: “Son actos de comercio, ya de todos los contratantes, ya de parte de algunos de ellos solamente:…11. Las empresas de espectáculos públicos.” A los efectos de este articulo debemos tener en cuenta que el deporte, a la luz de las disposiciones del Código de Comercio venezolano puede ser calificado como acto objetivo de comercio cuando el mismo se realiza a través de la organización de la empresa y se puede vincular a realización de espectáculos públicos, en caso contrario, el deporte no tendrá contenido comercial. Por su parte, la Ley del Deporte, establece la gestión económica del deporte, la cual contempla las siguientes actividades:

 1. La prestación del servicio público de promoción, desarrollo, formación, entrenamiento y administración del deporte, la actividad física y la educación física;

2. La organización de la práctica del deporte profesional comprende a los clubes y ligas profesionales;

3. La producción y comercialización de bienes y servicios asociados al deporte, la actividad física y la educación física; y

4. La intermediación de contratos profesionales, de auspicio, patrocinio o representación de deportistas, profesionales o no, y atletas.

Nuestros atletas con constantemente amenazados con el silencio cómplice de su asociación y empresarios con la idea de que “van a quebrar el equipo” o “el equipo no va a salir”, planteamientos que solo quedan en eso, amenazas, que por no atacarse con ganas, voluntad y conocimiento, se materializan abusando de la necesidad, nobleza y pobre defensa técnica que en muchos casos se le brinda a nuestros atletas

La institución de la quiebra en el Sistema venezolano se aplica únicamente a los sujetos calificados como comerciantes. Los equipos de Futbol, si bien utilizan figuras jurídicas societarias para organizarse y desarrollarse, o bien, constituyen sociedades civiles o sociedades mercantiles. Ahora bien, considerando que la utilización de la forma mercantil no conlleva la tipificación mercantil, dicha sociedad no puede ser calificada como comerciante, y en consecuencia no le es aplicable el procedimiento de quiebra, la institución de la quiebra en la legislación venezolana se aplica solamente al comerciante. Constituye un requisito de fondo la cualidad de comerciante del sujeto pasivo, para que proceda la declaratoria de quiebra. En líneas generales, por una parte, el artículo 914 del Código de Comercio, establece: “El comerciante que no estando en estado de atraso, según el Título anterior, cese en el pago de sus obligaciones mercantiles, se halla en estado de quiebra”. El artículo 10 del Código de Comercio, menciona, son comerciantes, “los que teniendo capacidad para contratar hacen del comercio su profesión habitual y las sociedades mercantiles”.

En otras palabras, a simple vista el sistema determina la mercantilidad en función del objeto, es decir, la ejecución de actos de comercio, los cuales en esencia llevan un contenido especulativo que involucra a todos los elementos propios de su definición, como son la interposición en el cambio de bienes o de servicios, la producción de bienes y servicios, la circulación de bienes como consecuencia de los dos ya mencionados, elemento que igualmente está presente en una sociedad civil, como en una sociedad mercantil. Debemos recordar que bajo nuestro sistema siempre ha prevalecido en doctrina la distinción entre asociaciones y sociedades en cuanto a que las primeras no buscan la obtención de lucro, mientras que las segundas sí. Naturalmente, que si pensamos en el objeto en cuanto a la diferenciación que tienen con relación a la finalidad, la distinción es clara y notoria, una sociedad civil se crea en principio sólo para compartir beneficios de una actividad, pero no para intervenir en el tráfico jurídico mercantil más amplio. La sociedad civil es un mero pacto entre particulares para poner medios (dinero o trabajo) y compartir juntos, no obstante, aislando el lucro, que tradicionalmente es lo que distingue una actividad civil de otra mercantil

El derecho venezolano, a diferencia de otros países, reconoce personalidad jurídica a las sociedades civiles. Surge entonces la pregunta por la responsabilidad patrimonial individual de los socios de las sociedades civiles legalmente establecidas.

Nuestro Código Civil (Arts. 19 y 1651) y nuestro Código de Comercio (Art. 201 antepenúltimo aparte), a diferencia de otras legisalciones, reconoce personalidad jurídica tanto a las sociedades civiles como a las sociedades mercantiles. Con relación a las sociedades civiles, nuestro Código Civil dispone que la personalidad jurídica la adquirirán con la protocolización de su acta constitutiva, Como es sabido, una de las principales consecuencias del reconocimiento de la personalidad jurídica a entes distintos de las personas naturales consiste en la separación o autonomía de los patrimonios. Por una parte, el patrimonio del ente al cual el sistema jurídico reconoce personalidad jurídica, y por la otra, los patrimonios individuales de cada una de las personas que acordaron la constitución del nuevo ente. La consecuencia más inmediata de este sistema se puede expresar señalando que, en principio, las obligaciones asumidas por la persona jurídica no afectan el patrimonio de los socios singulares. Esta regla, que tiene su origen en el principio del reconocimiento de la personalidad jurídica, sufre excepciones en materia de sociedades mercantiles. En efecto, si bien en situaciones normales los socios de las sociedades anónimas y de las sociedades de responsabilidad limitada sólo responden por las obligaciones sociales con lo aportado o prometido aportar a la sociedad, en los casos de la sociedad en nombre colectivo y de la sociedad en comandita, existe una responsabilidad solidaria de los socios singulares por las obligaciones contraídas por la sociedad.

En las sociedades de personas, la responsabilidad de los socios por las deudas sociales existe aún en el caso de que la sociedad esté regularmente constituida (ordinales 1° y 2° del artículo 201 CCo.). No obstante, si ellas no han cumplido con las formalidades previstas en la ley a los efectos de su regular constitución, la responsabilidad de los socios por las deudas de la sociedad se produce de manera directa y no subsidiaria. Por cuanto nuestro sistema positivo reconoce personalidad jurídica a las sociedades civiles, cabe interrogarse acerca del sistema de responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales.

La lectura conjunta de los artículos 1.671 y 1.672 CC indica que conforme a nuestro sistema, en la sociedad civil existe responsabilidad de los socios singulares por las obligaciones contraídas en nombre de la sociedad y que tal responsabilidad es por la parte viril de cada socio, salvo el caso en el cual se hubiere acordado con un acreedor en particular una responsabilidad menor para los socios con menor participación en la sociedad. En otras palabras, queda establecida la regla general (con posibilidad de excepciones particulares), de la distribución de la responsabilidad entre los socios por las obligaciones de la sociedad. Sin embargo, a lo largo del articulado del Código Civil que regula la figura de la sociedad no se establece en forma clara y expresa el mecanismo a utilizarse en la reclamación de esa responsabilidad. Dicho de otra manera, no se establece si los acreedores están o no autorizados para dirigirse contra los socios sin hacerlo previamente contra la sociedad, o si pueden o deben exigir tal responsabilidad conjuntamente con la de la sociedad.

Hasta este momento, lo único que tenemos claro es el hecho de que nuestro sistema positivo reconoce personalidad jurídica a la sociedad civil y a las asociaciones civiles cuando éstas han cumplido ciertas formalidades registrales previstas en la Ley al respecto. Sin embargo, el reconocimiento de tal personalidad jurídica no soluciona todos los problemas, en particular, el problema de la responsabilidad personal de los socios; responsabilidad que puede faltar o que puede existir de manera directa o subsidiaria y que puede ser limitada o por partes iguales si se quisiere aplicar el principio contenido en el artículo 1672.

Por nuestra parte, pensamos que es necesario llegar a la conclusión de que existe responsabilidad de los socios por las deudas de la sociedad civil y de la asociación. En efecto, dichas figuras no están concebidas en nuestro ordenamiento jurídico como personas jurídicas asociativas que tengan su crédito fundado en un capital social que integra su patrimonio, sino que ellas están concebidas como sociedades de personas o sociedades personalistas que basan su crédito en el crédito de las personas que las integran.

La prueba de ello la tenemos en el tratamiento a las sociedades de personas que tienen carácter mercantil, es decir, las sociedades en nombre colectivo (ord. 1°, Art. 201 CCo.) y las sociedades en comandita (ord. 2° Art. 201 CCo). Por otra parte, entendemos que no existe base racional alguna para eximir totalmente a los socios singulares de la sociedad de responsabilidad por las obligaciones de la persona jurídica. En este sentido, creemos que tal responsabilidad debe existir.

Nuestro máximo tribunal, ha sido preciso cuando ha establecido que “siendo que se acordó la disolución de la compañía que no cuenta con activos, es procedente la responsabilidad solidaria de los socios administradores, de conformidad con lo previsto en el artículo 266 del Código de Comercio en concordancia con el artículo 243 eiusdem y 1.185 del Código Civil (http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/0502-4713-2013-12-018.HTML)

Criterio ratificado en fallo de la misma sala que estableció “ cabe señalar, que actualmente dicha situación tiene un tratamiento jurídico distinto, en virtud de que la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadora y los trabajadores (2012), dispone expresamente en su artículo 151, que los accionistas son solidariamente responsables de las obligaciones derivadas de la relación laboral a los efectos de facilitar el cumplimiento de las garantías salariales

(http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/agosto/167770-1018-5814-2014-13-521.HTML)

Pensamos que de lo antes expuesto podemos resumir las conclusiones siguientes:

1) Nuestro Código Civil no regula expresamente la responsabilidad de los socios singulares por las obligaciones contraídas por la sociedad. Sin embargo, tal responsabilidad en materia laboral sí existe.

2) Asumir esta vía implica una variación importante del ejercicio de la acción en la Cámara de Resolución de Disputas por cambio de competencia.

3) Las conclusiones propuestas en esta materia para la sociedad civil deben ser aplicables a las asociaciones y a las sociedades civiles.

Hiperandrogismo o antidopaje, el caso Semenya.

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A comienzos del año pasado, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) incluyó nuevas regulaciones que obligaban a la campeona olímpica sudafricana de 800 metros Caster Semenya –así como a otros corredores de media distancia con diferencias de desarrollo sexual– a bajar sus niveles de testosterona, que resultan ser altos por naturaleza.

En febrero de 2019, el equipo legal de Semenya argumentó que esta normativa era inválida, pero en mayo el Tribunal de Arbitraje Deportivo dictaminó que la discriminación en el deporte es legal siempre que esté justificada.

La manera en la que la IAAF ha lidiado en este asunto con Semenya plantea serias cuestiones éticas y legales. Y Semenya no es la única atleta involucrada. Este caso va más allá de la diferencia en el desarrollo sexual: alcanza la raíz fundamental de la dignidad humana, la privacidad de cada atleta que participa en campeonatos mundiales.

Surgen dilemas éticos sobre la manera en la que se llevó a cabo todo el proceso de investigación que condujo a la decisión. A su vez, las disyuntivas legales giran en torno a los graves problemas que plantea este caso respecto a los derechos fundamentales, en particular por cómo se ha tratado a varias atletas.

La decisión de esta semana del Tribunal Federal Suizo de no revisar la decisión arbitral del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el caso de Caster Semenya no fue inesperada, pero sí ayuda a exponer una falla de diseño importante en la gobernanza deportiva internacional.

Específicamente, las instituciones que colectivamente comprenden, crean y hacen cumplir la “ley deportiva” parecen incapaces de abordar la ciencia defectuosa y las violaciones de los principios básicos de la ética médica.

Si bien muchas personas tendrán puntos de vista diferentes y legítimos sobre cómo se pueden regular las clasificaciones de competencia entre hombres y mujeres, las cuestiones destacadas relacionadas con la ciencia y la ética no son subjetivas y son empíricamente innegables. En los sistemas normales de jurisprudencia, existen procedimientos para corregir tales errores, pero en los procesos de gobernanza deportiva en vigor se previenen tales correcciones. Y eso es un problema.

Las fallas empíricas en la ciencia que sustenta el reglamento de Semenya de la IAAF (ahora Mundial de Atletismo) ya se entienden bien y han sido aceptadas por WA en forma impresa y antes del CAS.

Una parte clave de las fallas institucionales generales aquí es que la revista que publicó originalmente la investigación defectuosa de la IAAF (la Revista Británica de Medicina Deportiva, BJSM) ha actuado, inexplicablemente, para proteger ese trabajo del escrutinio, la corrección y la retractación. Normalmente en la comunidad científica, cuando se encuentran errores de esta magnitud, la investigación se retracta. En este caso, la BJSM se negó a retractarse del artículo, a exigir a sus autores que compartieran sus datos o que publicaran una crítica del análisis de la IAAF. En cambio, al enterarse de los principales errores, la BJSM publicó una carta apresurada y no revisada por pares de la IAAF que buscaba encubrir los errores. Todo esto no es estándar y es un escándalo por derecho propio.

Tampoco se cuestiona la violación de los principios básicos de la ética médica requeridos por la implementación de las regulaciones de WA Semenya. Tanto WA como el COI han afirmado defender la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre ética médica y de investigación. Sin embargo, la WMA ha criticado abiertamente las regulaciones de WA por ser poco éticas y ha pedido a los médicos que no las implementen. En respuesta, WA ha declarado que ayudará a los atletas que deseen seguir las regulaciones a identificar a los médicos dispuestos a ignorar las pautas de ética médica.

La ciencia defectuosa y las violaciones éticas son obviamente cuestiones que van mucho más allá del caso de Caster Semenya, y mucho más allá del deporte. En cualquier sistema normal de jurisprudencia, tales cuestiones resultarían fácilmente fatales para la acción reguladora, ya sea en la primera instancia de implementación propuesta o mediante revisión y reconsideración.

La gobernanza deportiva carece de estos procesos. En CAS, el panel afirmó que los asuntos de integridad científica y ética médica estaban fuera de su competencia. A la SFT se le permite reconsiderar una decisión del CAS solo por motivos de procedimiento estrechos y, por lo tanto, tampoco puede considerar cuestiones de integridad científica o ética médica. Hasta ahora, las fallas en las regulaciones de WA, que están a la vista y son obvias para cualquiera que mire, no se han corregido.

Esto deja al mundo de la gobernanza del deporte en una posición comprometida. Algunos pueden mirar más allá de los problemas científicos y éticos aquí, tal vez juzgando que excluir a Semenya del deporte es mucho más importante que corregir tales errores.

Independientemente de la posición de uno sobre el sexo y la clasificación de género en el deporte, las regulaciones WA y los procesos que produjeron y les han desafiado revelan que la gobernabilidad deporte aún no ha entrado en el siglo 21. La ciencia y la ética son importantes, y también deberían serlo en la jurisprudencia deportiva. Es hora de corregir este defecto de diseño básico en la gobernanza deportiva internacional.

La cuestión ética

El principal problema radica en la manera en que la IAAF llevó a cabo la investigación.

En un evento como el Campeonato Mundial de Atletismo, la IAAF es la responsable de realizar las pruebas antidopaje. Por tanto, establece estaciones de control y recoge las muestras de los atletas.

Como parte del proceso, los deportistas que firmen acuerdos para participar en el Campeonato Mundial de Atletismo también dan su consentimiento a la IAAF para que realice estas pruebas. Parte de ese consentimiento recoge también que, de acuerdo con la normativa, las muestras serán guardadas durante un máximo de 10 años. Los miembros de la IAAF pueden volver a realizar las pruebas más tarde, pero también pueden iniciar una investigación relacionada con el antidopaje.

Este aspecto es crucial.

En realidad, lo que sucedió fue que en 2011 y 2013 la IAAF solicitó muestras de orina y sangre a los atletas alegando que se estaba desarrollando lo que se denomina un “pasaporte biológico”, es decir, un perfil biológico del atleta. Cualquier anomalía repentina podría suponer que existen indicios de dopaje o de algún otro problema.

La cuestión es que la IAAF remitió estas muestras a su comisión médica, la cual llevó a cabo su propia investigación para determinar los niveles hormonales de los atletas.

El argumento de la IAAF es que se trata de dopaje, pero la Agencia Mundial Antidopaje declaró en el caso Dutee Chand que las regulaciones sobre el hiperandrogismo o la diferencia de desarrollo sexual no tenían nada que ver con el antidopaje.

Esto plantea la pregunta: Si las muestras biológicas que han sido recogidas por una entidad para un propósito concreto son remitidas a otra entidad para realizar investigaciones para las que no se ha dado el consentimiento, ¿se trata de un uso lícito de esa muestra?

Los principios éticos de la investigación biológica moderna y la atención médica están recogidos en la Declaración de Helsinki. A pesar de no ser un documento jurídicamente vinculante a nivel internacional, sí que establece el estándar para muchos países, como Sudáfrica, que han desarrollado sus propias leyes biomédicas.

En Corea del Sur –donde se realizaron las pruebas– la Declaración de Helsinki condujo a la adopción de la Ley de Bioética y Seguridad, que recoge que para llevar a cabo cualquier tipo de investigación biomédica se necesita el consentimiento informado del individuo. Pero no se informó a ninguno de los atletas de que estas muestras podían ser utilizadas en una investigación hormonal.

Muchos países tienen normas similares. Por ejemplo, Mónaco, donde tiene su sede la IAAF, contempla el requisito de que haya un consentimiento informado adecuado.

Todas estas leyes tienen en común la condición de que el consentimiento puede retirarse en cualquier momento y no debería conllevar ninguna penalización. Pero que no se produzca un consentimiento informado adecuado sí es un delito penal.

Esta cuestión se ha planteado repetidamente ante la IAAF durante todo el proceso, pero ha sido en vano. La IAAF no ha sido capaz de aportar ninguna prueba. Pero el Tribunal de Arbitraje del Deporte desestimó estos argumentos y aceptó todas las pruebas reunidas, a pesar de no existir consentimiento informado previo.

Derechos Humanos

La segunda cuestión fundamental tiene que ver con el importante dilema que se plantea en materia de derechos humanos.

Los derechos de este punto están recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, concretamente en los artículos 2 y 8.

Permítanme comenzar con el artículo 8, que creo que debería haber sido aplicado y que, de hecho, fue uno de los que se planteó ante el Tribunal. Este artículo dispone que toda persona tiene derecho al respeto a la vida privada y familiar. En el caso Solomakhin contra Ucrania, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que cualquier intervención médica obligada, aunque sea de menor importancia, constituye una injerencia en este derecho.

En efecto, coaccionar a una atleta sana para que tome un tratamiento hormonal conlleva sin duda una intervención médica obligada. Pueden argumentar que ella tiene la opción de no hacerlo. Pero la realidad es que no hay elección.

Por su parte, el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Biomedicina establece que el interés por el bienestar de cada ser humano prevalece sobre el interés de la sociedad.

Incluso la constitución de la IAAF, en su artículo 3, se compromete con los derechos humanos con valores éticos, mientras que la Carta Olímpica se opone a cualquier forma de discriminación y apoya a la mujer, la igualdad entre hombres y mujeres, y el deporte para todos.

Pero han quedado al descubierto y se han retratado como promesas vacías.

La decisión del caso Semenya, afecta a todas las mujeres que produzcan más testosterona de la considerada normal para el género femenino, tal y como le ocurre a muchas atletas, que sufren de hiperandrogenismo. Esta es es una de las variaciones de lo que la IAAF denomina “desarrollo sexual diferente”, categoría que incluye a las personas intersexuales, aquellas que nacen con características sexuales físicas que no coinciden con la noción típica de hombre o mujer. La comunidad médica suele contabilizar decenas de variaciones intersexuales, que pueden mostrarse en los cromosomas, los genitales, las hormonas o en órganos sexuales secundarios.

Para Violeta Assiego, “La norma está perpetuando un modelo de mujer que niega la diversidad y la realidad de que hay mujeres como Caster. Ceñir el asunto a nociones biológicas es esencialista, pero no solo, además es que no es cierto porque este mismo caso nos demuestra que hay variedad y que la biología no es binaria en cuanto al género“, explica. El consenso científico en este sentido es claro y así lo señala también el TAS en su fallo, que reconoce que el embrollo del tema tiene mucho que ver con ello. “La biología humana natural no se correlaciona perfectamente con la identidad de género ni con el sexo legal“.

El debate sobre este tema lleva años encima de la mesa y las voces que defienden este tipo de normas aluden a su pertinencia como una forma de garantizar la igualdad entre hombre y mujeres. Sin embargo, incluso Naciones Unidas ha intentando zanjar el asunto denunciando a través de un reciente dictamen que obligar a las atletas a medicarse para reducir su testosterona vulnera los derechos humanos y refuerza los estereotipos de género.

Cuando Caster Semenya despuntó en el Mundial de Atletismo de Berlín de 2009, los periodistas empezaron a decir que era un hombre compitiendo en la categoría femenina. Creemos que todo este tema tiene una relevancia fundamental el hecho de que la atleta desafía con su presencia física lo que se espera del estereotipo femenino.

Los expertos cuestionan uno de los elementos que subyace a la norma de la IAAF: que la superioridad atlética es patrimonio exclusivo de los hombres. Le está poniendo un techo a la categoría femenina como si las mujeres no pudieran destacar. Nos está diciendo si eres superior, no puedes ser una mujer, siendo necesario llamar la atención sobre las posibles consecuencias para la salud que puede tener la obligación de que se mediquen. De hecho, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que esto contraviene una batería de derechos, entre ellos, la integridad física y la autonomía corporal de las mujeres y el propio laudo del TAS recalca la posibilidad de efectos secundarios.

Al margen de las cuestiones sociales, el meollo científico del asunto se basa en la demostración de la ventaja que confiere el nivel de testosterona de estas mujeres. El TAS pidió a la federación que demostrara mediante evidencia científica que esta ventaja es significativa y es equivalente a la que suele producirse de los hombres sobre las mujeres, que se ha establecido en torno al 10-12% de margen de mejora. En este contexto, la IAAF presentó un estudio que acredita un margen de mejora que no alcanza el 5% para las pruebas de 400 metros, 400 metros vallas, 800 metros, lanzamiento de martillo y salto con pértiga.

Varias voces cuestionan la imparcialidad del informe, de hecho, el estudio nombra también ventaja en pruebas como el lanzamiento de martillo o el salto con pértiga y no se está discutiendo una posible norma para ello, por lo que muchos sugieren que es una regulación hecha ad hoc para Caster Semenya.

Lo grave deviene a que es posible que exista una doble vara de medir en este sentido y pone el ejemplo de los jugadores de baloncesto que tienen acromegalia, una variación hormonal que produce gran cantidad de hormona del crecimiento, o aquellos deportistas que tienen policitemia, como el esquiador finlandés múltiple campeón olímpico Eero Mäntyranta. Esta condición provoca un aumento de la capacidad de transporte de oxígeno a la sangre, lo que produce una gran ventaja para deportes de resistencia. En todo caso, las cuestionadas siempre han sido las categorías de mujeres.

De hecho, el dictamen del TAS tiene su origen en las pruebas de verificación a las que las autoridades deportivas comenzaron a someter a la velocista india intersexual Dutee Chand en 2010. Un año antes, la propia Caster Semenya había sido apartada de la pista tras las quejas de otras compañeras. Chand se negó a someterse al tratamiento médico al que le obligaban y fue también excluida de la competición. Sin embargo, inició un litigio estratégico que ganó en 2015. Entonces, el Tribunal de Arbitraje del Deporte asumió que “no existe un único factor determinante del sexo”.

Las autoridades deportivas llevan décadas poniendo bajo lupa el sexo de las atletas, llegando a incluso a obligar a las deportistas a posar desnudas para ser examinadas. Por el camino, ha habido historias de atletas vejadas, humilladas y cuestionadas, como le ha ocurrido a la propia Semenya, que tras su triunfo en el Mundial de Berlín, fue sometida a un escarnio público sobre su físico, su identidad y su intimidad.

Dustin Valdez, Covid 19, enfermedad ocupacional o común? Quien responde?

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Desde que inicio la pandemia se ha sentido la preocupación que se incluya el covid-19 como una enfermedad ocupacional, y en tal sentido consideramos prudente explicar el escenario de Venezuela.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que la COVID-19 “y el trastorno de estrés postraumático contraídos por exposición en el trabajo, podrían considerarse como enfermedades profesionales

Con su avance arrollador, el coronavirus ha trastocado las relaciones humanas y, también, las laborales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un pronunciamiento sobre la COVID-19, deja abierta la posibilidad de que sea considerada una enfermedad ocupacional.

Que la OIT incluya el COVID-19 -o el estrés postraumático como una afección ocupacional tiene implicaciones para los empleadores. “En la medida en que los trabajadores sufran de estas afecciones y estén incapacitados para trabajar como resultado de actividades relacionadas con el trabajo, deberían tener derecho a una indemnización monetaria, a asistencia médica y a los servicios conexos, según lo establecido en el Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales”.

A la luz del régimen jurídico venezolano, las enfermedades se entienden como ocupacionales en la medida en que se presentan o agravan como consecuencia de la prestación de servicios. Por lo tanto, debe existir un nexo causal entre las funciones que desempeña un trabajador y la enfermedad que se alega es de origen ocupacional.

Este es un concepto contenido en el artículo 70 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, seguido casi a plenitud en la Resolución 6.228 (NT-02) y que la jurisprudencia de la Sala de Casación Social ha venido validando para establecer la responsabilidad del patrono, siendo el caso más reciente la decisión 0229 de fecha 18/07/2019 Mauricio Vásquez contra Cervecería Polar, C.A.

Entonces si la COVID-19 se contrae con ocasión del trabajo, sí es considerada como una enfermedad ocupacional. Pero podría ocurrir que una persona, cuya relación laboral no se encuentra suspendida contrae el COVID-19.

A tal efecto, en Venezuela se tiene establecido el régimen del Seguro Social y el régimen prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ello en razón del proceso transitorio del sistema de seguridad social. El régimen prestacional de Seguridad y Salud Laboral está regulado por la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, el Reglamento Parcial, las Normas Técnicas, entre otras. En dicha Ley contiene un capítulo sobre prestaciones dinerarias, no obstante la misma se encuentra suspendida y sustituida transitoriamente por la Ley de Seguro Social. La Ley del Seguro Social ampara a los trabajadores bajo relación de dependencia y regula entre otras cosas lo concerniente a las contribuciones, la asistencia médica, las prestaciones dinerarias por incapacidad temporal y parcial, pensión de invalidez y vejez. Por otra parte, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo regula entre otras cosas las instituciones, normas y lineamientos en materia de seguridad y salud laboral, así como la responsabilidad del empleador, y sus representantes ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional cuando existiere dolo o negligencia de su parte, con la indicación de la respectiva indemnización.

La Norma Técnica para la Declaración de Enfermedad Ocupacional N° 02-2018, emitida por el Instituto de Prevención, Seguridad y Salud Laborales (en lo adelante Inpsasel), establece la lista de enfermedades ocupacionales (codificación 2007) adaptada al Convenio OIT N° 121 (1964) sobre las Prestaciones en caso de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Conforme la Ley en materia de seguridad y salud laboral y la indicada norma técnica, cuando la entidad de trabajo este en conocimiento de la presunción de una enfermedad ocupacional se debe realizar previamente la investigación por parte del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo para su posterior notificación al Inpsasel. Dicha investigación se efectuará dentro de los quince (15) días continuos del diagnóstico de la patología (cuando se trate de enfermedades incluidas dentro de la lista de enfermedades ocupacionales), y en aquellos casos que no esté incorporada en la lista se presentará dentro de los treinta (30) días continuos del diagnóstico clínico. Ahora independientemente del informe, es el Inpsasel que tiene la competencia, previa investigación, de calificar y certificar el origen de la enfermedad. De este modo, tanto la entidad de trabajo como el Inpsasel realizarán las investigaciones correspondientes, con la diferencia que es la entidad en seguridad y salud laboral la encargada de calificar y certificar el origen de la misma. Otro aspecto que se desprende en la normativa, es que en Venezuela para declarar una enfermedad como ocupacional no se limita a las indicadas en la lista de enfermedades ocupacionales, al contrario se permite considerar otras patologías que pueda surgir en el transcurso del tiempo, por razones del origen de nuevos agentes físicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, químicos entre otros; que conlleva a modificar la lista (como ocurrió en el año 2010 por la OIT).

En este sentido, en Venezuela el Covid-19 no está incluido en la referida lista de enfermedades ocupacionales, y aún no ha manifestación de algún cambio por los entes competentes. Sin embargo, ello no quiere decir que no sea  vista como una enfermedad ocupacional, en virtud que las normativas que regula la materia no excluye que sea declarada otras patologías distintas a las indicadas en la lista, sin embargo su calificación y certificación dependerá del diagnóstico y la evaluación médica, para determinar si está presente la relación causa-efecto del origen de la misma (entre la patología y las actividades desempeñadas), y de acuerdo con ese resultado existirá la probabilidad que en algunos casos sea determinada de origen ocupacional.

Además, el hecho que presuntamente una enfermedad-en este caso el covid-, sea declarado ocupacional la procedencia de la indemnización prevista en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, dependerá de la violación de las normativas en el área por parte del patrono, conocida como responsabilidad subjetiva.

Adicionalmente, está la responsabilidad objetiva regulada en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, que comprende el deber que tiene el patrono de indemnizar a los trabajadores por los daños causados o agravados por el trabajo, independiente que haya o no incurrido en culpa alguna relacionada con los mismos. Siendo que si el trabajador está inscrito en el seguro social la indemnización comprenderá el pago del salario, donde el patrono asume un porcentaje y la otra diferencia estará por cuenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Sin embargo, para que proceda la referida indemnización debe demostrarse solamente que la enfermedad es de origen ocupacional. En este sentido, como se indicó, certificar el origen de una enfermedad ocupacional requerirá de su proceso administrativo; no obstante en Venezuela además que la enfermedad pudiese tener un carácter ocupacional, también nos presenta otro escenario la “enfermedad común”, que es aquella de carácter no laboral.

El literal b) del artículo 72 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras establece como supuesto de suspensión de la relación de trabajo la enfermedad o accidente común no ocupacional que incapacite al trabajador a la prestación del servicio por un período que no exceda de doce meses. En este caso, producto de la suspensión laboral el trabajador no está obligado a prestar servicios pero el patrono tampoco en pagar el salario, presentándose la misma excepción a esta regla como sucede en la enfermedad ocupacional, en razón que el patrono cancelará una parte del salario y el porcentaje restante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, lo cual deviene del beneficio que gozan los trabajadores de estar amparado al sistema de seguridad social producto de su contribución y si el trabajador no está inscrito o por lo menos con los pagos al día todos los gastos correrán por el empleador moroso . Por ello, que la Ley del Seguro Social contempla una serie de prestaciones y pensiones que están en beneficio de los trabajadores ante esta contingencia, que cubre tanto para enfermedad común como ocupacional, cuya diferencia con la enfermedad común es que se requiere su evaluación por los médicos adscritos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En fin, conforme al proceso de transición de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, en Venezuela se aplica dos regímenes, el regulado por la Ley del Seguro Social y el régimen Prestacional de Seguridad y Salud Laboral, la cual dependerá de los hechos, las investigaciones y las evaluaciones que permitirá determinar en qué posición se adoptará el trabajador ante el Covid19, sea en una enfermedad común o en una enfermedad ocupacional. Adicionalmente, es necesario conocer lo establecido en el Convenio OIT, mediante la cual observamos que los Convenios publicados y ratificados por la referida organización en materia de seguridad social, expresa la preocupación desde muchos años por parte de sectores sociales en garantizar prestaciones básicas y asistencia médica a los trabajadores, donde la ratificación del Convenio N° 121 igualmente propugna desde ese entonces la necesidad de otorgar calidad de vida; donde la constante revisión y actualización de la lista de enfermedades profesionales, refleja las generaciones de las diversas patologías que se han ido originando, en virtud de las condiciones de trabajo prestado en diferentes ambientes y funciones.

No obstante, con la situación que se vive con la pandemia Covid-19, se requiere todavía de la voluntad de la asociación que agrupa a nuestros futbolistas, de la FVF, de los equipos y de los mismos atletas en velar y luchar por sus derechos, lucha que debe manifestarse en seguridad y salud a los trabajadores ante un estado de vulnerabilidad producto de la enfermedad ocupacional, enfermedad común o accidente de trabajo, lo que significa que aún queda por trabajar para seguir impulsando esa voluntad; por motivo que al final el objetivo único es cubrir, prevenir y mantener en condiciones acordes a una persona que queda discapacitado o en su defecto la muerte, en razón de ese esfuerzo y amor dedicado al trabajo.

Por ello, más que reconocer el Covid-19 como una enfermedad ocupacional, también se debe propulsar y reforzar lineamientos de medidas y planes de contingencia para prevenir, resguardar y concienciar la seguridad y salud de los trabajadores en el después, es decir cuando se reanude las actividades laborales.

Djokovic, culposo o doloso? Breve Interpretación de la norma jurídica.

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El número uno mundial, Novak Djokovic, fue descalificado este domingo del Abierto de Estados Unidos por golpear con la pelota a una jueza de línea en el partido de octavos de final, perdiendo su imbatibilidad en 2020 y las opciones de ganar su decimoctavo título de Grand Slam.

En un torneo inusual como todo en los tiempos de coronavirus que ponía al serbio en bandeja su decimoctavo título de Grand Slam, descalificado al golpear sin intención con un pelotazo lanzado en un gesto de frustración ante Pablo Carreño Busta.

Es cierto que algo de mala suerte hubo en el incidente. La pista de Arthur Ashe, vacía de sus 23.000 espectadores, es una de los dos únicas donde el torneo neoyorquino ha mantenido a los jueces de línea, sustituidos en el resto por el ojo de halcón en un esfuerzo por limitar la presencia de personal en las instalaciones en tiempos de pandemia.

El golpe fue claramente no intencionado, como creemos que la mayoría debe coincidir. La USTA (Federación de Tenis de los Estados Unidos) emitió al poco de la descalificación un comunicado en el que se decía:

“De conformidad con el Código de los Grand Slams, a resultas de su (la de Djokovic) actuación al golpear una pelota peligrosa o descuidadamente dentro de la pista, o golpearla con negligente omisión de las consecuencias, el Juez Árbitro del US Open descalificó a Novak Djokovic de su edición 2020. Al haber sido descalificado, Djokovic perderá todos los puntos computables para el ranking obtenidos en el US Open y será multado en cuantía equivalente al premio en metálico alcanzado en el torneo, además de alguna o todas las multas que resulten del incidente infractor”.

El inmenso universo de los torneos profesionales de tenis no está sujeto a una única norma. Existen Códigos (Rulebooks) diversos, según la categoría de las competiciones. La infracción en la que incurrió el jugador serbio se produjo en uno de los cuatro torneos de Grand Slam por lo que es aplicable el 2020 Official Grand Slam Rule Book,

Tiene en común con otros códigos el reproducir un régimen disciplinario de lo acontecido en pista que es sustancialmente idéntico al resto de competiciones: el llamado Código de Conducta (Code of Conduct), a cuya observancia, junto con el Programa Antidopaje, el Programa Anticorrupción y la Política de Bienestar, se comprometen todos los jugadores al comienzo de cada temporada a través del llamado ‘Player’s consent and agreement’. Específicamente en lo que hace a este Código de Grand Slam, la norma impone también a todo jugador que accede a un cuadro de esta categoría sujetarse a las normas (Regulations) y al Código de Conducta, así como a todas las modificaciones que pueda acordar el Grand Slam Board.

El aspecto singular de los Grand Slam es que la potestad sancionadora en pista se atribuye, cuando se trata de la interpretación y aplicación del Reglamento, a un Juez-Árbitro asesorado por un (Jefe de Supervisores de Grand Slam). Por consiguiente, al Juez-Árbitro competente, consultando con el Jefe de Supervisores, actúa como última autoridad en pista  en lo que respecta a la interpretación del Código de Grand Slam, incluyendo su sección ‘Código de Conducta’.

Ciertamente, en televisión fue del todo punto imposible apercibirse de cuál fue la infracción que se le atribuyó al jugador antes de descalificarlo. Sin embargo, del comunicado de la USTA arriba resulta patente que se le imputó lo que en el Código de Conducta se denomina ‘abuso de bolas’ (abuse of balls), encuadrada sistemáticamente dentro de las ‘infracciones de los jugadores en pista’ (Player on-site offences).

La regla establece que “los jugadores no golpearán, patearán o lanzarán una pelota de tenis de forma violenta, peligrosa o enfurecida dentro del recinto del torneo, salvo con el razonable propósito de disputar un punto (incluyendo el calentamiento). La vulneración de esta Regla sujetará al jugador a una multa de como máximo 20.000 dólares americanos en cada ocasión. Además, si tal vulneración acontece durante un partido (incluyendo el calentamiento) el jugador será sancionado de conformidad con el Programa progresivo de Sanciones por puntos (Point Penalty Schedule). A los efectos de esta Regla, se define el abuso de bolas como el golpeo intencional de una pelota fuera del recinto de la pista, golpear una bola peligrosa o descuidadamente dentro de la pista o golpear una pelota con negligente omisión de las consecuencias”.

Nótese que la norma tipifica, no sólo la conducta infractora (en la que a todas luces incurrió el jugador serbio de acuerdo con la descripción indicada), sino también la sanción o sanciones a las que da lugar (la imposición de una multa y, de haberse producido durante el partido, la aplicación del sistema progresivo de imposición de sanciones por puntos). Éste se recoge más adelante y determina que, por la primera infracción, se ha de amonestar al jugador (warning), cosa que, según se dijo en televisión, se había producido unos instantes antes. Cuando se produce una segunda vulneración de la regla (la que nos ocupa), el Point Penalty Schedule establece la imposición de la pena de pérdida de un punto (Point Penalty) y cualesquiera infracciones subsiguientes traería consigo la sanción de pérdida de un juego, aunque, a partir de la tercera violación del código, el Juez-Árbitro, puesto al habla con el Jefe de Supervisores de Grand Slam, puede decidir si cada subsiguiente infracción será constitutiva de una descalificación.

Es evidente que las previsiones contempladas en la regla del ‘abuso de bolas’ no han sido cumplidas. En lugar de imponerle la sanción de pérdida de un punto, Djokovic, en su segunda violación del Código, fue directamente descalificado.

El Código de Conducta regula de forma independiente la sanción de ‘descalificación’ al margen del sistema de graduación de sanciones menores anteriormente apuntado. Establece el artículo III.T del Código de Conducta que “el Juez-Árbitro, consultando con el Jefe de Supervisores, puede declarar la descalificación del jugador, tanto por una sola violación de este Código, como a resultas del Programa de sanciones por puntos arriba establecido”, siendo tal decisión definitiva e inapelable. La imposición de esta sanción comportará para el jugador, como ya se ha indicado, la pérdida de los puntos para el ranking ATP hasta entonces obtenidos en el torneo, así como el montante del premio en metálico alcanzado en la competición, sin perjuicio de otras multas adicionales.

Si se revisa aisladamente la Regla T, ante cualquier infracción del Código cabría declarar discrecionalmente la descalificación de un jugador. Sin embargo, poniendo en relación la tipificación del ‘abuso de bolas’ con la de otros ilícitos dentro del propio Código de Conducta, la respuesta habría de ser negativa.

 En efecto, en la descripción de otras conductas infractoras, por ejemplo, en la Regla K dedicada a la ‘obscenidad audible’, se prevé explícitamente, no sólo la aplicación del sistema de sanciones por puntos anteriormente señalado (amonestación, pérdida de punto, pérdida de juego), sino también la descalificación directa “en circunstancias que son flagrantes y particularmente lesivas para el éxito, o que son singularmente ofensivas”. En estos casos, señala la norma, “una sola violación de esta sección (obscenidad audible’) puede ser constitutiva de una Major Offence of ‘Aggravated Behaviour’”.

Los supuestos en los que un determinado comportamiento infractor, en casos especialmente flagrantes, particularmente lesivos o singularmente ofensivos, puede dar lugar a la descalificación directa están expresamente señalados en el Código. Así, además de la referida ‘obscenidad audible’ (artículo III.K), podemos señalar el ‘tardío abandono de una competición’ en la que el jugador se había inscrito (artículo II.A.1) o ‘competir sin autorización en otro torneo en las mismas fechas’ (artículo II.A.2) y, dentro del capítulo de ‘infracciones de los jugadores en pista’ (artículo III), el hecho de ‘no dar el máximo’ o ‘tirar un partido’ (Best Efforts, artículo III.E), el ‘abandono injustificado (artículo III.F), incurrir en ‘obscenidad visible’ (artículo III.M), en ‘abuso verbal’ (artículo III.P), en ‘abuso físico’ (artículo III.Q) o en ‘conducta antideportiva’ (artículo III.R).

En definitiva, aunque todo apunta a que estamos ante un hecho accidental que se repite edición tras edición del Código, en la infracción denominada ‘abuso de bolas’ no está explícitamente previsto un ‘aggravated behaviour’ merecedor de su encuadre dentro de las ‘major offences’, a las que está reservada esa descalificación directa.

Cierto es que el propio Código de Conducta en su artículo IV bajo la rúbrica ‘Player Major Offences’ contempla un primer epígrafe (A) dedicado al ‘Aggravated Behaviour’. En él, en coherencia con la específica tipificación del artículo III, se señala que es constitutivo de ‘comportamiento agravado’ “uno o más incidentes de comportamiento designados en este Código como constitutivos de ‘comportamiento agravado’”. Pero también se añade, a modo de ‘regla general, que ningún jugador (ni persona con él relacionada) deberá incurrir en un ‘comportamiento agravado’, entendiendo por tal, no sólo los designados específicamente como tales por el propio Código, sino cualquier incidente que sea flagrante y particularmente lesivo para el éxito (o imagen) de un torneo de Grand Slam, o singularmente ofensivo (artículo IV.A.2).

Esta regla, sin embargo, no viene específicamente mencionada en el comunicado de la USTA, que se limita a reproducir la infracción imputada (‘abuso de bolas’), como si ésta, por sí sola, diera cobertura a la descalificación directa. Desde luego que una cláusula tan genérica como la contemplada en el artículo IV.A.2, que permite discrecionalmente convertir en ‘comportamiento agravado’ cualquier infracción del Código, no resistiría mínimamente los principios en los que se asienta un procedimiento sancionador, al menos contemplado desde la perspectiva de nuestro derecho nacional y considerando desde luego la naturaleza y principios del derecho público.

Sin embargo, una interpretación sistemática de los ilícitos tipificados en el Código de Conducta llevaría a concluir que la exención del ‘abuso de bolas’ de la categoría del ‘aggravated behaviour’ no está desde luego justificada. A la vista están las consecuencias que pudieron darse por causa del pelotazo y que, por fortuna, no se dieron. Tenemos también el precedente en otra competición tutelada por la ITF en la que el equipo de Copa Davis de Canadá fue sancionado con la descalificación directa por un accidental pelotazo propinado por su jugador Denis Shapovalov al Juez de Silla.

Todo apunta a que la omisión del ‘abuso de bolas’ de la categoría de las ‘Major Offences’ por ‘aggravated behaviour’ entraña una accidental preterición que, en buena técnica jurídica, habría de impedir la descalificación directa de un jugador por este concepto. Sin embargo, combinada esa omisión con esa poco ortodoxa cláusula residual que el artículo IV.A.2 enuncia, el pecado en el que el Juez-Árbitro haya podido incurrir puede calificarse de digno de estudio.

Otra cosa es lo que pueda eventualmente pasar con los puntos y las multas en el caso de que el jugador se anime a apelar ante el Grand Slam Board.

ENSEÑANZA DEL CASO MESSI PARA EL FUTBOL VENEZOLANO

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Uno de los principios básicos de toda negociación es que si se amenaza se cumple, pero si se va a dirigir una amenaza al contrario esta no debe ser ni demasiado grande que no pueda ser cumplida ni demasiado pequeña para no ser tomada en serio.

En el momento en que Messi usa la vía del Burofax, la discusión asumió una condición no esperada. Nuestra casa matriz en España, que representa al jugador, siempre mantuvo el criterio de la Intencionalidad de las partes Vs. La Literalidad del Contrato en el Derecho Suizo. Entendiendo que era necesario destacar que el art. 18.1 del Código Obligaciones Suizo expresa literalmente: “Para evaluar la forma y los términos de un contrato, es necesario buscar la intención real y común de las partes en el contrato sin incluir las expresiones o designaciones inexactas que hayan podido utilizar por error, o para disfrazar la verdadera naturaleza de la convención“. El derecho suizo se decanta por evaluar la intención que las partes tenían cuando celebraron el contrato.  La doctrina suiza (WIEGAND, en Basler Kommentar, No. 7 y siguientes, ad Art. 18 CO) y la jurisprudencia (decisiones de la TF de 28 de sept 1999, ATF 125 III 435, y 6 de marzo de 2000, ATF 126 III 119) han indicado que el objetivo principal de la interpretación es determinar LA VERDADERA INTENCIÓN COMÚN (consenso) de las partes. Cuando no se pueda probar un consenso de hecho, la declaraciones de las partes deben interpretarse de acuerdo con el principio de buena fe en la sentido en el que podrían y deberían haber.

Claros estuvimos siempre que Messi conservaba la facultad para rescindir gratis su contrato con el FC Barcelona dado que el concepto de “temporada” debería aplicarse teleológicamente -atendiendo a las imprevistas consecuencias de la pandemia en las competiciones- y no de forma literal, lo cierto es que no se ha visto con fuerzas para llevar la pelea hasta las última consecuencias por razones que no se podrán comentar públicamente.

Pero sí puede afirmarse con cierto grado de convicción que hubo por su parte una valoración del factor emocional del que era rehén Bartomeu: el interés de no pasar a la historia como el presidente que dejó marchar a Messi. Es obvio para cualquier negociador avezado que el equipo de Messi podrían haber explotado esa circunstancia que se conoce en la teoría de la negociación como la “toma de rehenes”. Y es que en una negociación no debe tenerse solo en cuenta las posiciones sobre el objeto negocial explícito (en este caso, claramente económico: pagar o no los 700 millones) sino los intereses subyacentes de cada parte, y en el caso del mandatario culé pudiera haber jugado un papel más relevante ese factor simbólico.

Los atletas profesionales en general son a menudo representados para el mundo como llenos de ambiciones y esperanzas y, por lo tanto, son considerados importantes impulsores del cambio cultural. El Fondo de Población de las Naciones Unidas describe así esta expectativa hacia los jóvenes como forjadores de la cultura del futuro,  los atletas desarrollan su identidad y se convierten en individuos autónomos. Los atletas usualmente no comparten las experiencias y recuerdos de los mayores. Desarrollan sus propias formas de percibir, apreciar, clasificar y distinguir las cuestiones y los códigos, símbolos y lenguaje en el que expresarse. Las respuestas de los atletas a los cambios del mundo, y sus formas únicas de explicar y comunicar su experiencia, pueden ayudar a transformar sus culturas y sus sociedades para hacer frente a los nuevos desafíos. Su dinamismo puede cambiar algunos de los aspectos más nocivos y arcaicos de sus culturas que las generaciones de mayor edad consideran inmutables.

En Venezuela, nuestro Futbolistas se están viendo afectados básicamente por el factor económico, como consecuencia de una serie de factores que unidos a la Pandemia han mostrado al mundo una realidad que todos conocen pero de la que nadie habla, la mezcla de una Asociación de Futbolistas que no ha asumido el reto histórico que la ocasión les demanda, un grupo empleador que amparados en ser el generador de empleos abusa de su posición de dominio, una Federación que no entiende su función rectora y el temor de los futbolistas a denunciar y reclamar por el factor emocional de no perder su fuente de empleo, como el rehén de la teoría hacen el daño aun mayor, si a eso sumamos lo descabelladas, ilegales y hasta muchas veces absurdas decisiones de la Cámara de Resolución de Disputas en nuestro Futbol, pintan muy mal el escenario

Hablar de reiniciar el campeonato nacional, cuando la mayoría de los equipos nacionales no cumplen con sus obligaciones laborales raya en una de las mayores irregularidades, es inconcebible que la mayoría de los equipos de segunda división se nieguen a cancelar sus obligaciones cuando recibieron los montos de Conmebol vía Federación, acá salvo algunos valientes nadie habla de la situación de los jugadores de Lala F.C, de JBL, del Estudiantes de Caracas, de Llaneros de Guanare pero si se habla cuando la Asociación felicita a un equipo por cumplir con sus obligaciones, estamos llegando a la Piramide Invertida, premia a los malos aplasta a los buenos.

En todo caso, visto el escenario resultante de la pandemia, pareciera inicialmente que los equipos del Futbol Venezolano hubieran conseguido sus objetivos. Pero puede tratarse de una victoría pírrica -aquella que se logra con muchas pérdidas en el bando aparentemente vencedor, de modo que incluso tal victoria puede terminar siéndole desfavorable-, ya que el año próximo, los futbolistas en base a lo vivido se van a organizar por lo que el Futbol Venezolano habrían perdido la oportunidad de histórica de obtener una compensación económica cuantiosa en caso de haber pactado unas condiciones que sin dejar de ser ventajosas hubieran sido mas humanas.

Los actores del Futbol Venezolano (liga, equipos, Asociación de Futbolistas) han optado por adoptar un papel en el proceso negocial que en la teoría de la negociación se conoce como un “antagonista estridente”, así una actitud de suma cero, esto es, pretender obtener una victoria sin paliativos a costa de que la otra parte no consiga nada. Ahora bien, esta estrategia, aunque ha resultado vencedora, por conseguir finiquitos a costo cero, puede tener costes a largo plazo: crear resentimiento en la parte vencida. En este sentido, corre el riesgo de que los jugadores se queden, pero a regañadientes sin amor a la camiseta e incómodos con una junta directiva que no se ha atrevido a negociar cuando mas se necesitaba y con una Asociación de Futbolistas que ha demostrado que a todos los miembros no los trata igual. Esto puede provocar que el rendimiento en el campo de juego no sea el mismo de otros años.

Los expertos en estas lides saben perfectamente que mantener a un jugador en el club sin condiciones adecuadas no es la opción más eficiente, por más que pueda suponer una victoria simbólica. Un análisis aséptico de la estructura negocial hacía prever que actuando racional y autointeresadamente, las partes podrían haber adoptado una actitud constructiva que les hubiera permitido llegar a un acuerdo, no totalmente satisfactorio para ambas partes, pero sí lo suficiente como para sentirse satisfechos y mantener mínimamente su imagen ante todos. Dicho en términos negociales, habrían podido evitar los nefastos resultados del dilema de prisioneros si seguían perserverando en sus intereses egoístas en lugar de optar por una solución coordinada. Y es que había una zona de posible acuerdo entre aguantar hambre y arrancar la temporada, o dicho en términos técnicos, los respectivos valores de interés del equipo y de la necesidad del jugador.

Entre ambos extremos existía el margen de acordar una indemnización que el equipo pudiera pagar razonablemente y de esa forma, obtener los jugadores una cantidad económica tan necesaria para subsistir, y por otro lado garantizar lealtad y compromiso.

Y es que en el fondo, como sucede en otros ámbitos de la vida, el objeto principal del conflicto no es fundamentalmente económico, sino cómo y cuándo mantener una relación con un importante componente emocional entre las partes, que es de lo que, en último término, trata el fútbol, de pasiones y lealtades.

RESCISIÓN DE CONTRATOS EN EL FÚTBOL

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En la normativa de la FIFA, el cumplimiento de los contratos entre jugadores profesionales y clubes es esencial. De hecho, sólo podrá optarse a la rescisión de contratos en el fútbol al vencimiento de los mismos o de común acuerdo.

Si bien esta es la regla general, existen sin embargo una serie de excepciones que pueden hacer que se rescinda el contrato entre club y jugador sin llegar a estos términos. Además, en la misma norma se regulan una serie de consecuencias si se incumplen los contratos sin causa justificada.

En todos los casos, la parte que rescinde el contrato se obliga a pagar una indemnización. Bajo reserva de las disposiciones sobre la indemnización por formación del artículo 20 y el Anexo 4, y salvo que no se estipule lo contrario en el contrato, la indemnización por incumplimiento se calculará considerando la legislación nacional, las características del deporte y otros criterios objetivos. Estos criterios deberán incluir, en particular, la remuneración y otros beneficios que se adeuden al jugador conforme al contrato vigente o al nuevo contrato, el tiempo contractual restante, hasta un máximo de cinco años, las cuotas y los gastos desembolsados por el club anterior (amortizados a lo largo del periodo de vigencia del contrato), así como la cuestión de si la rescisión del contrato se produce en un periodo protegido

Además de la obligación de pago de una indemnización, deberán imponerse sanciones deportivas a un jugador que rescinda un contrato durante el periodo protegido. La sanción consistirá en una restricción de cuatro meses en su elegibilidad para jugar en cualquier partido oficial. En el caso de circunstancias agravantes, la restricción será de seis meses. En cualquier caso, estas sanciones deportivas deberán surtir efecto a partir del comienzo de la siguiente temporada del nuevo club. El incumplimiento unilateral sin causa justificada o causa deportiva justificada tras el periodo protegido no implicará sanciones deportivas. Fuera del periodo protegido podrán imponerse medidas disciplinarias si la rescisión no se notifica con la debida antelación (dentro de los quince días siguientes al último partido de la temporada). El periodo protegido comienza de nuevo cuando, al renovar el contrato, se extiende la duración del contrato previo

Además de la obligación de pago de una indemnización, deberán imponerse sanciones deportivas a un club que rescinda un contrato durante el periodo protegido, o que ha inducido a la rescisión de un contrato. Debe suponerse, a menos que se demuestre lo contrario, que cualquier club que firma un contrato con un jugador profesional que haya rescindido su contrato sin causa justificada ha inducido al jugador profesional a la rescisión del contrato. La sanción consistirá en prohibir al club la inscripción de nuevos jugadores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, durante dos periodos de inscripción.

Sin embargo, las partes pueden estipular en el contrato la cantidad que el jugador pagará al club como indemnización para rescindir unilateralmente el contrato (la llamada cláusula de rescisión). La ventaja de esta cláusula es que desde el primer momento las partes acuerdan la cantidad y la fijan en el contrato. Al depositar esta cantidad a favor del club, el jugador tiene derecho a rescindir unilateralmente el contrato de trabajo. Como con la cláusula de rescisión las partes ha acordado ofrecer al jugador la posibilidad de finalizar el contrato en cualquier momento y sin ninguna razón válida, es decir, también durante el período protegido, no pueden imponerse sanciones deportivas al jugador por rescisión anticipada en este punto José Carlos Páez Romero,  exprea“Es importante subrayar que en estos casos no estamos ante un supuesto en el que se condiciona la resolución del contrato al pago de la cuantía fijada en la cláusula de rescisión, sino que aquélla opera de forma inmediata, recuperando en ese momento el trabajador-deportista su «libertad». En tal sentido, no se impide al trabajador-deportista la posibilidad de contratar sus servicios con otra empresa-club, pero siempre con el condicionante que, en su caso, le sea reclamado por la empresa-club parte del contrato resuelto el importe de los daños y perjuicios fijados en el contrato como «contraprestación» por la decisión libremente tomada”. En otras palabras, el futbolista profesional tiene el mismo derecho “a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo”, así como “a la promoción y formación profesional” que cualquier otro ciudadano.

La norma de la FIFA señala que si existe causa justificada, cualquier parte, ya sea el club, o el jugador, puede rescindir un contrato sin ningún tipo de consecuencias (ni económicas, ni de sanciones deportivas).

Eso sí, el organismo no señala qué se considera causa justificada, sino que habrá que estar a cada caso para considerar las condiciones.

RESCISIÓN POR CAUSA DEPORTIVA JUSTIFICADA

Además de la anterior, también se puede optar a la rescisión de contratos por causa deportiva justificada. Un jugador profesional que en el transcurso de una temporada participe en menos del 10 % de los partidos oficiales disputados por su club puede rescindir prematuramente su contrato argumentando causa deportiva justificada.

Eso sí, en el examen de estos casos, se considerarán debidamente las circunstancias del jugador, ya que como hemos dicho, la existencia de una causa deportiva justificada se establecerá individualmente en cada caso.

De igual forma, si se considera que se da la causa deportiva justificada, no se impondrán sanciones deportivas, aunque sí podrá exigirse indemnización.

En cuanto a la forma de proceder, el jugador profesional podrá rescindir su contrato sobre esta base en los 15 días siguientes a su último partido oficial de la temporada con el club en el que está inscrito.

LÍMITES A LA RESCISIÓN DE CONTRATOS

La FIFA también señala una norma tajante en lo relativo a la rescisión de contratos, y es que un contrato no puede rescindirse unilateralmente en el transcurso de una temporada.

CONSECUENCIAS DE LA RUPTURA DE CONTRATOS SIN CAUSA JUSTIFICADA

Cuando un contrato se rescinda entre club y futbolista sin causa justificada, se aplicarán las siguientes disposiciones:

Indemnización

En todos los casos, la parte que rescinde el contrato se obliga a pagar una indemnización.

Sobre esta indemnización, bajo reserva de las disposiciones sobre la indemnización por formación, y salvo que no se estipule lo contrario en el contrato, la indemnización por incumplimiento se calculará considerando la legislación nacional, las características del deporte y otros criterios objetivos.

Estos criterios deberán incluir, en particular, la remuneración y otros beneficios que se adeuden al jugador conforme al contrato vigente o al nuevo contrato, el tiempo contractual restante, hasta un máximo de 5 años, las cuotas y los gastos desembolsados por el club anterior (amortizados a lo largo del periodo de vigencia del contrato), así como la cuestión de si la rescisión del contrato se produce en un periodo protegido.

Además, señala la normativa que el derecho a una indemnización no puede cederse a terceros. Si un jugador profesional debe pagar una indemnización, él mismo y su nuevo club tienen la obligación conjunta de efectuar el pago. El monto puede estipularse en el contrato o acordarse entre las partes.

Sanciones deportivas al jugador

Además de la obligación de pago de una indemnización, se impondrán sanciones deportivas a un jugador que rescinda un contrato durante el periodo protegido.

La sanción consistirá en una restricción de 4 meses en su elegibilidad para jugar en cualquier partido oficial. En el caso de circunstancias agravantes, la restricción será de 6 meses.

Estas sanciones deportivas entrarán en vigor inmediatamente después de que se haya notificado la decisión al jugador. Dichas sanciones deportivas quedarán suspendidas durante el periodo comprendido entre el último partido oficial de la temporada y el primer partido oficial de la siguiente temporada, incluidos en ambos casos las copas nacionales y los campeonatos internacionales de clubes. No obstante, dicha suspensión de las sanciones deportivas no se aplicará si el jugador es miembro habitual del equipo representativo de la asociación que es elegible para representar, y la asociación en cuestión participa en la competición final de un torneo internacional durante el periodo entre el último y el primer partido de la temporada.

FORMALIZACION DEL RECURSO DE CASACION CIVIL POR VIA DIGITAL

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En sentencia de fecha 27 de agosto de 2020 la SALA DE CASACIÓN  CIVIL del Tribunal Supremo de Justicia estableció que la Formalización del recurso extraordinario de casación, puede ser presentada de forma digital.

En efecto la referida sentencia señaló:

 ”Y vista la doctrina de esta Sala recientemente modificada en torno a los requisitos a seguir para la presentación de la formalización del recurso extraordinario de casación, reflejada en su fallo N° RC-585, de fecha 13 de diciembre de 2019, expediente N° 2019-190, esta Sala haciendo una atemperación de la misma y a partir de la publicación del presente fallo, con el fin de ajustarse a los problemas del país por causa de la pandemia mundial, y para garantizar a los justiciables el derecho a la defensa, derecho a ser oídos, derecho de petición, un debido proceso y una tutela judicial eficaz, establece: Que la formalización del recurso extraordinario de casación, puede ser presentada de forma digital mediante la implementación de correo electrónico, en el cual el formalizante remitirá al correo electrónico institucional de la Secretaría de esta Sala, – “secretaria.salacivil@tsj.gob.ve” – la formalización del recurso extraordinario de casación, en formato “PDF”, con una diligencia anexa en el mismo formato, explicativa de la cualidad con que obra en el caso y sus pormenores, comprometiéndose a consignar el mismo escrito que envió en formato “PDF” en forma original ante la Secretaria de esta Sala, en la primera oportunidad que pueda trasladarse a la sede de este Máximo Tribunal del país, y dicho escrito original deberá ser igual al enviado mediante el correo electrónico, para que sea agregado al expediente y Sala pueda entrar a conocer del caso. *De igual forma, hecha la formalización electrónica, la Sala procederá a la notificación por medios electrónicos, telefónicos o digitales de la contraparte, para garantizar a esta, que por el mismo medio electrónico, proceda a realizar la impugnación o contestación a la formalización, si fuera su voluntad. De dichas actuaciones, tanto de la formalización, como las notificaciones y la impugnación, dejará expresa constancia la Secretaria de la Sala en el expediente, mediante auto expreso.

         Con esta decisión la Sala hace una atemperación de su doctrina referente a la forma, medio y lugar de presentación del recurso extraordinario de casación y su impugnación, y así ampliar y permitir un mayor acceso de los justiciables al órgano de administración de justicia.

Les invitamos a leer la sentencia en:

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/agosto/310073-RC.000125-27820-2020-18-254.HTML

 

 

La falta de objetividad en las decisiones deportivas relativas al salario de deportistas y entrenadores como consecuencia del COVID-19, un mal que afecta la competición o la vida?

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El nuevo orden jurídico que se generó como consecuencia Post Covid-19, trae una nueva realidad mundial en el mundo deportivo, por lo que las transformaciones en diversos ámbitos de la dinámica social ya son palpables; y el binomio jurídico-deportivo no es la excepción a esto. Como hemos observado en los últimos meses, algunas de las Federaciones y Ligas ya adoptaron cambios, suspendiendo o cancelando las competiciones futbolísticas profesionales, generando modificaciones provisionales en los reglamentos y consecuentemente en las relaciones laborales vigentes, por ejemplo, la reducción de los salarios, en el caso Venezolano casi de forma unilateral por parte de los Equipos.

Ante la crisis por el coronavirus, la FIFA en su oportunidad solicitó a los clubes y a sus planteles llegar a acuerdos sobre las reducciones de sus salarios siempre dentro de la normativa laboral de cada país.

En la realidad del derecho deportivo se ha creado una especie de código oculto, bajo el concepto del principio pro competición. Este principio no siempre va de la mano con el conjunto del sistema técnico jurídico de la legislación ordinaria en los respectivos países, en los que se inserta un hecho tan particular, como el marco federativo, que, en ocasiones, imponen decisiones.

Todo ello lo queremos traer como reflexión en estos días, en relación a decisiones que se tomen o se puedan tomar, sobre el futuro de  nuestros jugadores profesionales y cuerpo técnico de determinados equipos, y que puedan ser causa de determinaciones arbitrarias.

El artículo 49 de la constitución Venezolana dispone:

El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley. 2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete. 4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. 5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. 7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. 8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas.”

Esta garantía constitucional es cónsona con la obligación adquirida por el Estado para la garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos.

A tenor de lo dispuesto en la indicada norma constitucional se señalan:

  • Derecho a la defensa y la asistencia jurídica en todas las fases del proceso: toda persona tiene derecho de esgrimir los alegatos que sean necesarios para su propia defensa. Del mismo modo tienen derecho a contar con un abogado que lo asista y represente en todas las fases del proceso.
  • Presunción de inocencia: toda persona debe ser considerada como inocente hasta que las pruebas y evidencias demuestren lo contrario.
  • Principio de celeridad procesal y cumplimiento de los lapsos procesales: la administración de la justicia debe cumplir con los lapsos procesales previstos previamente en el ordenamiento jurídico, sin retardos ni omisiones injustificadas
  • Juez natural: el proceso debe llevarse a cabo a través de organismos creados previamente por ley; por lo que se prohíbe la existencia de jueces ad- hoc, es decir, creados después de la ocurrencia del hecho objeto del litigio.
  • Principio de la cosa juzgada: una vez que ha sido dictada la sentencia en relación a la controversia y ya no sea posible interponer recursos contra ésta. El proceso no puede reabrirse.

En Colombia el Derecho al Debido Proceso lo establece el artículo 29 de la Constitución Política de esta forma: “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso

El debido proceso y el derecho a la defensa en Colombia son unos mecanismos que tiene todo ciudadano para defenderse de las acciones administrativas y judiciales de las diferentes entidades del Estado y privadas.
Es considerado este derecho como parte esencial y fundamental del Estado Social de Derecho y de sostenimiento de la Democracia, porque impide las arbitrariedades de los gobernantes con los ciudadanos.

En ambos sistemas, se trata del artículo, más determinante a la hora de la conformación de lo que denominamos en Venezuela el Estado social de Derecho y de Justicia y en Colombia un Estado social de derecho y democrático de derecho.

Resulta relevante destacar la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en relación al debido proceso.

            “El derecho a la defensa y al debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. (…) Existe violación del derecho a la defensa cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo; se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohíbe realizar actividades probatorias”.

Por su parte, la Sala Político Administrativa Tribunal Supremo de Justicia determinó:

            “Se trata de un derecho complejo que encierra dentro de sí, un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para el procesado (…) Todos estos derechos se desprenden de la interpretación de los ocho ordinales que consagra el artículo 49 de la Carta Fundamental”.

Por tanto puede considerarse el debido proceso como un continente, que guarda en su núcleo, un conjunto de derechos que implican en sí mismo la grandeza del Estado.

En Colombia el Debido Proceso, jurisprudencialmente, se ha definido así:

 La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.”

Es por ello que el conjunto de normas, que afectan a todos los ciudadanos de ambos países, y el deporte lo conforman derechos y ciudadanos que no pueden abstraerse de estos principios y, más aún, cuando a estos ciudadanos les queda el hecho de protección bajo el manto de la legislación ordinaria, a la que siempre se debe acudir, si uno se considera lesionado en sus derechos. Especialmente, cuando una decisión pudiera tener un efecto de cierta arbitrariedad, por el hecho de chocar frontalmente con el concepto de la seguridad jurídica, al poder vulnerarse lo establecido en normas de orden público, o de competencias que no son directamente delegables por no ser ciertamente relajables dada la naturaleza del derecho.

Una seguridad jurídica que nace del mismo concepto de saber a qué atenerse. Por lo que no sería ajustado a derecho, y al final en un Estado de Derecho y de Justicia esto es lo sustancial, el tomar decisiones que pudieran entrañar situaciones de arbitrariedad, porque las mismas rompen las reglas de juego, y esto supone que se pone en duda un sistema garantista y de seguridad jurídica respecto a unas reglas de juego que no pueden ser modificadas a mitad de partido, si con ello, y se verá, se pueden producir perjuicios. El fútbol como actividad profesional no es un esquema de estructura verticalizada, sino, y muy al contrario, dado los intereses y derechos sociales  a proteger, debe estar muy medido en relación a la aplicación de decisiones que tengan un sustento en marcos normativos legalmente establecidos y regularizados, tanto deportivos como de legislación ordinaria. Se podría en este caso acudir a ese concepto de control real de la arbitrariedad, como argumento a utilizar por las personas que pudieran verse perjudicados, en un cambio de reglas de competición con efectos derivados a todos los integrantes de la relación contractual.

En varios países del mundo, algunos clubes o entidades deportivas para hacer frente a las consecuencias de la suspensión de las competiciones futbolísticas han recurrido a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo o a la reducción consensuada de los salarios de los futbolistas profesionales. Estas medidas, como se verá, se ajustan a las recomendaciones de la FIFA.

En este sentido, la FIFA propuso las siguientes directrices sobre cómo los clubes y sus empleados (jugadores y entrenadores) deberían modificar la relación laboral (cuando corresponda) en el periodo en que esté suspendida una competición a causa de la COVID-19:

 1.ª) Los clubes y los empleados (jugadores y entrenadores) deben, en primer lugar, intentar negociar de buena fe los acuerdos colectivos de la liga (es decir, entre la FM o la liga y los agentes sociales locales) o del club (es decir, entre un club concreto y sus empleados [jugadores y entrenadores]). En su defecto, los órganos judiciales de la FIFA solo reconocerán las modificaciones unilaterales si las admite la legislación nacional aplicable y, subsidiariamente, si las mismas se realizan «de buena fe, son razonables y proporcionadas».

2.ª) Estas directrices deben regirse en todo momento por la no discriminación y la igualdad de trato. Los empleados (jugadores y entrenadores) deben recibir el trato más igualitario posible al valorar los cambios a los acuerdos laborales. No obstante lo anterior, se admite la posibilidad de negociar acuerdos colectivos conjuntos para los jugadores y entrenadores o específicos para cada uno de estos colectivos.

 3.ª) Los contratos de trabajo deportivo podrán «suspenderse» durante la paralización de las competiciones (es decir, de las actividades futbolísticas), siempre que «se mantenga la cobertura del seguro y se gestionen vías de remuneración alternativas que sirvan de apoyo para los empleados durante este periodo».

4.ª) Estas directrices solo se refieren a las modificaciones unilaterales de los contratos de trabajo en vigor, por lo que, en caso de que se produzca una rescisión unilateral tras la modificación unilateral del contrato debido a la pandemia de coronavirus (p. ej. un club reduce el salario del empleado y este rescinde el contrato), los órganos judiciales de la FIFA «examinarán la validez de la modificación unilateral en el marco de las directrices de la FIFA pertinentes» y «tras establecer la validez o invalidez de la modificación unilateral, valorarán la rescisión unilateral en virtud del RETJ».

No obstante, es importante recalcar que éstas son solo recomendaciones de la FIFA; en base a la garantía del Debido Proceso y en aplicación al principio de objetividad de las relaciones, recomendamos a los clubes que siempre deben seguir el marco legal de su respectivo país, especialmente el referido al Derecho del Trabajo motivado a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, más aun cuando en Venezuela y Colombia los tramites y actuaciones ante la Cámara de Resolución de Disputas son tan sui generis.