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Importancia del compliance en el mundo del Fútbol

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Hoy presentamos este artículo desarrollado por nuestro Partner y encargado de nuestras operaciones en la región Zuliana el Dr. Rene Vargas, esperamos que lo disfruten.

Para el mundo empresarial/corporativo el programa de compliance es definido por la World Compliance Association como “un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos”. Se puede entender como un sistema preventivo para evitar el incumplimiento tanto de la ley como las normas internas dentro de una organización, siendo necesaria para garantizar que el ejercicio de la misma sea legal, legítimo, correcto y ético.

El fútbol lastimosamente no se libra de las malas prácticas realizadas por los dirigentes y trabajadores de las entidades deportivas y federaciones. Cada vez son más los escándalos de amaños de partidos, contratación ilícita o estafa en la compraventa de jugadores y blanqueo  de capitales, todo con el fin de no ser sancionados por las normativas de la Federación Internacional de Fútbol Asociativo (FIFA), Federaciones y Ligas. Si bien todas estas entidades a lo largo del tiempo han luchado en contra de todas estas actividades ilícitas, como por ejemplo la creación de un programa de cumplimiento de la FIFA, el futbol no se libra de esto, y varias ligas han sido pioneras en cuanto a la utilización obligatoria del programa del compliance antes del inicio de la competición para poder participar.

Como antecedente a los programas de compliance en el área, se puede encontrar que desde el año 2013 la FIFA cuenta con un mecanismo de denuncia a través de una red, en la cual se realizaban las denuncias de forma anónima por cuestiones de incumplimiento al código ético y por las violaciones del marco regulatorio sobre el amaño de partidos, medida que fue provisional y poco efectiva para el momento, dado un par de años más tarde se daría a conocer el famoso caso de corrupción de la FIFA “FIFA Gate” luego de que las investigaciones correspondientes por amaño de partidos, tuvieron como consecuencia la acusación, suspensión y arresto de distintos funcionarios de la FIFA.

Luego del “FIFA Gate”, se creó el Programa de Cumplimiento con el fin de favorecer la transparencia, el comportamiento ético, la detección de riesgos, la definición de políticas y la creación de procedimientos. Este programa lo lleva a cabo la Subdivisión de Cumplimiento, laborando desde el 2016, donde se presta a realizar auditorías centrales de los fondos Forward concedidos a las federaciones miembro y remediar los problemas detectados, implantar un programa diseñado para realizar procedimientos de debida diligencia a terceros y revisar las cuestiones problemáticas e investigar adecuadamente para asesorar a la directiva sénior. También se realizan programas de formación en cumplimiento diseñado especialmente para empleados y oficiales de la FIFA y programas de sensibilización en materia de cumplimiento que presente informes periódicos a la directiva y la Comisión de Auditoría y Conformidad.

Hace escasos días, la FIFA, en la III Cumbre de Cumplimiento normativo llevada a cabo desde el 12 al 16 de octubre del presente año 2020, se publicó el “Manual de cumplimiento normativo” con el objetivo de apoyar y educar a los miembros de la FIFA (federaciones, confederaciones y entidades deportivas) otorgándoles un documento que contiene herramientas, ayudas, ideas, consejos y formas de cómo llevar a cabo un propio programa de cumplimento propio, buscando la transparencia por la que tanto ha luchado el órgano rector del fútbol.

En el manual de cumplimiento, de forma explícita se puede encontrar lo correspondiente a la obtención de los objetos y atenciones que pueden recibir los representantes federativos, la lucha contra la corrupción, la vía de actuación ante un conflicto de intereses, la visualización de los riesgos reputación, la lucha por la transparencia y uso adecuado de las subvenciones y el plan de desarrollo de formación y apoyo al cumplimiento.

Por otro lado, a nivel de competición, la liga española es de las principales ligas del mundo en tener como requisito a los clubes para competir la realización de un programa de compliance o como ellos lo llaman “Sistema de prevención de delitos”. En este sentido dado que las entidades deportivas se toman en cuenta como persona jurídica, este sistema se encuentra regulado por artículo 31 bis del Código Penal, introducido por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, el cual reza:

“1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

  1. 1. a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
  2. 2. b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

5.  Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.   Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos. 
2. Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.
3. Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
4. Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.
5. Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
6.Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.”

Bajo esta norma penal, La Liga de Fútbol Profesional de España exige de carácter obligatorio a los clubes que antes de iniciar la competición, hayan realizado el Sistema de Prevención de Delitos y que el departamento de cumplimiento de la patronal de los clubes de fútbol demuestre que se encuentra actualizado mediante un informe de auditoría de un tercero experto independiente para ser presentado ante los despachos de la liga y así permitirle a estos participar, convirtiéndose este en un requisito sine qua non para los clubes.

En el caso de Sudamérica, más específicamente en Argentina, muchos expertos en Derecho Deportivo locales exigen tanto a la Federación de Fútbol Argentino, como a las entidades deportivas que la conforman, realizar un compliance o un “Programa de Integridad”, dado la mala reputación que ha rodeado estos últimos años al máximo ente de fútbol en Argentina. El el carácter obligatorio a realizar dicho programa según la ley recae sobre las entidades que contraten con el Estado, ahora bien no exime a las entidades privadas, y estas pueden realizarlo sin impedimento de la ley. Dicho planteamiento está regulado por Ley de Responsabilidad Penal Empresaria (Ley N° 27.401).

En el marco nacional, el programa de compliance no está previsto por la ley, ahora se menciona la Ley Orgánica de Precio Justos en su artículo 65, puede considerarse como un atenuante a la pena “Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica”. Es por ello que en el Fútbol Venezolano ante la inexistencia de la norma, este programa no es utilizado, que muy bien podría serlo y ser muy eficaz, dado que al igual que en Argentina, nuestro ente rector del deporte rey, lastimosamente no tiene buena reputación y la aplicación de un compliance  pueda en la FVF como en sus clubes que ejerzan su trabajo con integridad y ética, sin llegar a cometer ningún fraude o sin actuar fuera de la ley.

Es totalmente cierto que aún estando más desarrollado el programa de compliance en el Fútbol europeo, no se libran de distintos casos de corrupción, amaño de partidos o blanqueo de capitales, pero a diferencia de este lado del planeta estos casos son mucho más recurrentes y difíciles es prever y detectar con rapidez y eficacia, es por ello la importancia y la necesidad de estos programas en el mundo del fútbol, para lograr mantener un integridad en su dirigencia y así dejar a un lado los problemas extradeportivos que dañan una imagen muy estimada que genera este deporte a nivel mundial.

El mundo del fútbol post covid…

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) a través del pronunciamiento de su director Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró el 11 de marzo de 2020 la enfermedad infecciosa COVID-19 originada en Wuham, China, como una pandemia.

Seguidamente en Venezuela, se anunció el Decreto de Estado de Alarma en todo el Territorio Nacional para atender la emergencia sanitaria del COVID-19, publicado en Gaceta Oficial N° 6.519 extraordinario, de 13 de marzo de 2020, bajo Decreto N° 4.160 (DEAV), lo cual ha impactado no sólo las actividades cotidianas de la población restringiendo la circulación, estableciendo medidas alternativas de circulación (artículo 7), la suspensión de actividades escolares, académicas, actividades públicas, sino que impactó además las actividades laborales (artículos 8, 11, 12 y 14).

Todas estas medidas dictadas en el Decreto emergen como un evento de fuerza mayor por estar vinculado a hechos de la naturaleza, de allí que tenga como consecuencia un impacto en las relaciones laborales y financieras en las entidades de trabajo, que desarrollaremos enseguida.

Con su permiso por delante, pero en estos momentos en los que la Liga Venezolana ya ha vuelto, en que los pleitos en Argentina se han generado por los ascensos, que en Venezuela muchos equipos no pagan y de forma unilateral violan la normativa interna alteraron las condiciones de trabajo con la mirada complaciente de gremio y federacion, no nos queda más remedio que preguntarnos eso: ¿Para dónde vas, fútbol?, pero cambiando el vadis (vas) por el covid…

Son cosas de la vida seguramente, y cada vez nos gusta más jugar a esos escondites gramaticales. Pero, vayamos al grano, que no es otro que lo que estaba esbozando antes, la idea de que los pleitos ya han comenzado y algunos resultados se están dando, en forma contradictoria.

Por ello, el pasado 11 de junio, la FIFA volvió a emitir una especie de guía sobre el fútbol y el Covid y, en concreto, ante la avalancha de solicitudes, nos ha entregado un documento en el que responde a las preguntas más habituales que nos hacemos todos.

Así, la famosa declaración de fuerza mayor que hizo FIFA el 7 de abril pasado, la matiza ahora indicando que ello no implica que sea así en ningún país y que los contratos y los traspasos no tienen porqué, por culpa del Covid, verse afectados debido a esa fuerza mayor.

¡Ya era hora! En efecto, lanzar a principios de la pandemia esa imagen de que todo era fuerza mayor produjo una falsa situación legal, con clubes y jugadores en tensión constante por el «ya lo dijo FIFA». Pues no, señores, FIFA ahora se retracta y dice que cada lugar del mundo y cada federación miembro de ese organismo deberá decidir caso por caso, con las leyes del lugar, conforme a lo que hemos venido planteando desde este espacio desde hace un tiempo para acá.

Bienvenida sea esa respuesta y aclaración a lo que todos pensaban era palabra del Supremo… Partiendo de esa base, ya no va a ser tan fácil argumentar que FIFA y su paraguas legal era y es suficiente para actuar de una forma unilateral, rebajando contratos, rescindiéndolos o actuando de forma irracional, debido a esa ‘fuerza mayor”.

Y en otro punto, la indicación (pero casi obligación, si leíamos la guía de FIFA de abril) de que los contratos debían ser extendidos más allá del 30 de junio, aún cuando finalizaran; ahora nos dice el máximo organismo que «recomienda fuertemente» que se dé prioridad a la continuación de los contratos. Eso se comentaba, pero la novedad es que manifiesta que, si un jugador acaba contrato en esa fecha y firma por otro club, «hay un riesgo de que el jugador no sea registrado, ya que el periodo de transferencia puede haber sido modificado y que podría no ser elegible para jugar partidos».

Esto supone una contravención obvia al derecho al trabajo, atención Venezuela, y veremos lo que nos dicen los tribunales, si FIFA impide que haya transferencia de un país a otro. Y eso son solo dos cosas que nos responde FIFA, aunque hay mucho más. Es decir que el Covid ha golpeado, FIFA ha respondido, pero sin decirse aún la última palabra.

Corresponde ahora definir los conceptos que se derivan de esta nueva realidad, los anuncios realizados para otorgar las correctas consecuencias legales que derivan de esta situación inédita que trastoca el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana del país y el mundo en estos momentos.

Es por ello que debemos tener presente que el Derecho del Trabajo está ilustrado por principios de derechos sociales, como bien se definen nuestra carta magna; esto lo resaltamos porque cuando se estudia la institución de la estabilidad laboral su idea y razón es la certeza del presente y el futuro. 

Si bien entonces la el capital humano de los equipos de futbol es la certeza de presente y futuro, la suspensión del contrato de trabajo es el puente colgante entre ambos tiempos, y las bases de ese puente son por consiguiente las causas de esa suspensión. Considerando entonces que las instituciones de la estabilidad laboral y la suspensión conviven íntimamente, ambas consiguen igualmente sus límites y fronteras en causas previamente estipuladas en los ordenamientos positivos, para la suspensión del contrato esos preceptos se encuentran confundidas las relaciones individuales y las colectivas.

El artículo 72 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras señala con claridad los supuestos de la suspensión del contrato de trabajo, en donde se encuentran causas imputables al trabajador, individualmente y colectivamente, causas acordadas por los sujetos del contrato y casos fortuitos o de fuerza mayor que tengan como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión temporal de las labores, en cuyo caso deberá solicitarse autorización a la Inspectoría del Trabajo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la ocurrencia de los hechos que ameritan la suspensión, la cual no podrá exceder de sesenta días”.

En efecto, el ordenamiento positivo laboral venezolano contempla para los casos fortuitos y de fuerza mayor la consecuencia jurídica de la suspensión de la relación laboral. Asimismo, corresponde entender los hechos que pueden ser calificados como casos fortuitos y fuerza mayor. Sobre esto tenemos que la Organización Internacional del Trabajo señala:

“(…) casos de fuerza mayor, es decir, guerra, siniestros o amenazas de siniestros tales como incendios, inundaciones, hambre, temblores de tierra, epidemias y epizootias violentas, invasiones animales, de insectos o de parásitos vegetales dañinos, y en general, en todas las circunstancias que pongan en peligro o amenacen poner en peligro la vida o las condiciones normales de existencia de toda o parte de la población (…)”.

Asimismo, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia dentro de su amplia jurisprudencia ha establecido:

“(…) Tales causas extrañas no imputables que configuran el incumplimiento involuntario del deudor (obligado) las adminicula el legislador en correspondencia con la norma transcrita en el caso fortuito y la fuerza mayor, y ante tal categorización, debe la Sala necesariamente aclarar las condiciones necesarias para su procedencia y consecuente efecto liberatorio. 

Toda causa, hecho, obstáculo o circunstancia no imputable que limite o impida el cumplimiento de la obligación, debe necesariamente probarse. Tal condición limitativa o impeditiva debe resultar de orden práctico.

Asimismo, tal imposibilidad plena en ejecutar la obligación necesariamente debe instaurarse como sobrevenida, es decir, que se consolida o materializa con posterioridad a contraerse legítimamente la obligación.

De otra parte, la causa externa (no imputable) generadora del incumplimiento no puede resultar previsible, y aun desarrollándose en imprevisible, la misma debe ser inevitable, a saber, no subsanable por el obligado.

Igualmente y de manera conclusiva, debe especificarse que la causa del incumplimiento no puede responder a una actitud volitiva, consciente del obligado (Dolo o intencionalidad) (…)”.

Como bien argumenta la norma contenida en el Convenio OIT y lo apuntado por la Sala de Casación Social en su sentencia, los elementos que configuran una causa no imputable a las partes que tenga como consecuencia directa la afectación de la obligación pautada, debe ser imprevisible, sobrevenida, externa, inevitable, sin que exista dolo o mala intención de los contratantes. En el caso que se ha venido estudiando, luego de analizar los impactos del Decreto de Estado de Alarma para atender la emergencia sanitaria del COVID-19, el mismo se emerge como un auténtico caso de fuerza mayor que tiene como efecto inmediato la suspensión de la relación de trabajo.

A pesar que no quede dudas que la pandemia COVID-19 se emerge como un verdadero caso de fuerza mayor, la norma venezolana establece que “deberá solicitarse autorización a la Inspectoría del Trabajo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la ocurrencia de los hechos que ameritan la suspensión, la cual no podrá exceder de sesenta días”. Sobre esta particular solicitud que impone la norma, se hace necesario cumplirla para lograr la autorización de la autoridad administrativa, quién no ameritará pruebas pues el hecho se hace notorio, sin embargo, sí deberá verificar la actividad afectada, en caso que esté dentro de la regla general de suspensión o el argumento de suspensión para el supuesto que a pesar dentro de las actividades exceptuadas de la aplicación subjetiva del Decreto, amerite la suspensión de áreas no esenciales, personas vulnerables o cualquier otro hecho que requiera la interrupción.

Adicional a lo señalado, debe establecer el órgano administrativo el lapso por el cual se interrumpirá la relación de trabajo, que en el caso del COVID-19 por ser un caso que supera la previsibilidad normativa, pudiese ser mayor al tope máximo de sesenta días previsto por la Ley. Igualmente consideramos que bajo los extremos que hoy conseguimos, sumado al impacto que supone este caso de fuerza mayor, el órgano administrativo debe autorizar y tramitar con premura estas solicitudes, con la finalidad de generar certeza y seguridad jurídica a las partes.

Sobre las consecuencias y efectos de la suspensión de la relación de trabajo por el COVID-19 tenemos que “durante el tiempo que dure la suspensión, el trabajador o trabajadora no estará obligado u obligada a prestar el servicio ni el patrono o la patrona a pagar el salario”, igualmente “el tiempo de la suspensión se computará para la antigüedad del trabajador”, siempre y cuando se haya cumplido con el procedimiento adecuado.

La reputación analógica y el Derecho a olvidar..!

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El “derecho al olvido”, la posibilidad de borrar del entorno digital datos personales o información que vinculada a la imagen propia, arroja pocas certezas en el país, al igual que en el resto de Latinoamérica. ¿Qué pasaría si cada individuo podría elegir modificar sus huellas en la web? El derecho al olvido es un tema muy debatido porque la comunidad global no ha llegado a acuerdos profundos.

Hay un contraste muy concreto: ¿Debemos darle el derecho a las personas de manejar su reputación digital o eso también puede desembocar en que se eliminen cosas que uno realmente hizo y debería hacerse cargo? ¿Cuánto atenta esto contra la libertad de expresión en internet? ¿Vulnera derechos de otras personas?

Como sucedió en tantos otros ámbitos, la pandemia aceleró la discusión sobre la identidad virtual, demostrando el verdadero impacto de la cuarentena en la hiperconectividad y la gestión de los contenidos volcados en la red.

Esta nueva realidad demostró dos grandes realidades: En primer lugar la desigualdad porque uno sin conectividad queda afuera del mundo y más en este contexto. Y después exhibió la evolución tecnológica per se con todos sus matices. Tenemos que reescribir sus límites, que se desdibujaron.

Por eso debemos visibilizar la existencia de la reputación digital y trabajar esos valores que el mundo nos exige, como la empatía, la escucha activa, ser flexibles. Esto afecta desde grandes compañías a individuos.

Estamos madurando como sociedad para ser mucho más cuidadosos de la reputación online y que se asemeje a lo que nosotros queremos. Más allá de que es una época de hipersensibilidad, que las redes potenciaron la polarización y parece que debemos tomar partido en todo, tenemos que trabajar la dinámica de la convivencia digital y encontrar un equilibrio y un uso más sano de la tecnología, haciendo olvidar lo que en la red está y que nada aporta a la sociedad.

Y quien responde por el cuerpo técnico?

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El Caracas de Nelson “Chita” San Vicente de forma constante, el Estudiantes de Brignani en la actualidad, el Táchira de Cesar Farias en su mejor momento, equipos que han hecho historia y que son reconocidos con el nombre de su entrenador. Pero esos entrenadores no han llegado allí solos; en ese viaje les ha acompañado un grupo humano que ha llevado la carga junto a ellos.

Ser entrenador significa ser un guía. Aquel que conoce los misterios del amazonas y guía con su conocimiento a sus aventureros, los jugadores, para conocer la Gran Sabana. Pero para llegar hasta allí se necesitan muchas más personas.

El cuerpo técnico es el soporte vital de todo entrenador, la red de seguridad siempre fiable donde poder consultar dudas, reafirmar verdades o establecer vínculos. Ellos son los grandes olvidados en las conquistas triunfales de los equipos, pues su trabajo siempre está a la sombra del meritorio que se sienta en el banquillo.

El deporte, por si alguien no se ha dado cuenta todavía, es muy complejo. Ya no es solo el talento y la suerte, es el recorrido que debes hacer con más gente. Sinergias, empatías, delegaciones… demasiado que arriesgar si no se tiene el performance adecuado.

Ser entrenador es ser un guía, pero también es dirigir el balón tal cual mariscal de campo. La soledad del entrenador es terriblemente amarga. La cabeza bulle al terminar los partidos, intentando buscar una explicación a lo que ha sucedido en el terreno de juego, qué se hizo bien, qué mal, dónde se perdió el partido. ¿Se enfocó bien? ¿Los jugadores lo entendieron? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Y llega un momento en el que la cabeza pide un respiro.

Es verdad que los equipos profesionales cuentan con un buen staff técnico capaz de cubrir, aparentemente, todo el espectro necesario para el control de la situación, como si el barco -ingenuos- se pudiera llevar desde los remos ignorando el timón. Ojeadores, readaptadores físicos, jefes de prensa y tantas personas más al servicio de que los jugadores golpeen con una parte de su cuerpo, excepto la mano, una pelota que introducir en la red. Todo un trabajo que será valorado por ganar o perder.

Todo técnico tiene una pieza indispensable: el cuerpo técnico. Dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Parafraseando, detrás de un gran entrenador siempre hay un gran cuerpo técnico, y no es necesario que este tenga un papel relevante. En nuestra opinión, el cuerpo técnico tiene un papel principal en su rol: aguantar al primer entrenador.

El cuerpo técnico es el paño de lágrimas, el amigo confidente, el Pepito Grillo del entrenador, el siervo que grita: “Memento mori!” cuando se consiguen victorias, ese grupo de personas que hace de enlace en lo no cuantificable con el grupo, el que sabe qué decir y cómo, el que calla cuando debe, y sobre todo el que soporta todos los soliloquios del primer entrenador.

La evolución del fútbol nos ha llevado a una realidad en la que los cuerpos técnicos preparados son una obligación ya no se puede improvisar. Hace no tanto tiempo, el entrenador era a su vez preparador físico, entrenador de porteros o psicólogo y en algunos casos hasta utilero, pero las cosas han cambiado.

Todos los cuerpos técnicos quieren trabajaren paz y cuidar su fuente de trabajo. El cuerpo técnico quiere cobrar su salario, y algunos clubes no pagan desde febrero. Deben existir objetivos a corto plazo. No debería iniciarse una temporada con las deudas viejas, con equipos que no salen y  más aun sin pensar en los que no cobran, en los débiles del juego, el cuerpo técnico.  Lo primero es cumplir los contratos y hacer respetar los salarios. Hay clubes que negociaron y cumplieron y están al día, otros no.

La FVF decidió dar por terminada la temporada de Primera y segunda División sin informar nunca cómo se va a hacer con las obligaciones pendientes. La pandemia existe y afectará económicamente a todos. Pero antes de la pandemia había equipos que tenían una deuda que no pagaban cosas, y ahora quieren licuar la deuda con la excusa del coronavirus, obviando que estamos hablando de tres tiempos:

  • Deuda antes de la pandemia.
  • Deuda causada durante la pandemia porque  hasta que no haya acuerdo o resolución los contratos siguen vigentes.
  • Obligaciones que se causaran desde que se indicó la reanudación del contrato.

Los Entrenadores profesionales en la República Bolivariana de Venezuela tienen su régimen legal general establecido en la vigente Ley Orgánica del Trabajo (LOT), publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 4.420 de fecha 20 de diciembre de 1990, y reformada parcialmente en fecha 19 de junio de 1997, reforma debidamente publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.152 Extraordinaria.

La normativa prevista en la mencionada ley viene a constituirse entonces en el marco jurídico general que rige las relaciones laborales surgidas a raíz de la suscripción de un contrato entre un Entrenador y una persona, sea natural o jurídica, mediante el cual áquel realiza su actividad deportiva en un plano de subordinación a cambio de una remuneración, la cual puede consistir en una contraprestación monetaria, en especie, o ambas.

El régimen legal general establecido en el ordenamiento jurídico venezolano, para este personal está establecido en el Capítulo V del Título V de la LOTTT, intitulado “Regímenes Especiales”. (Artículos 302 al 314). Este capítulo se refiere a varios aspectos relacionados con el Deportista Profesional.

Artículo 302.- Los deportistas que actúen con carácter profesional, mediante una remuneración y bajo la dependencia de otra persona, empresa o entidad deportiva se considerarán trabajadores.

Igualmente serán considerados deportistas los directores técnicos, entrenadores y preparadores físicos, cuando presten sus servicios en las condiciones señaladas.

De la misma forma, la Ley equipara a todo Entrenador con el concepto legal de trabajador, en los términos establecidos en la misma ley, lo cual trae como consecuencia que, salvo las disposiciones especiales propias de su condición de profesionales del deporte, a los mismos le es aplicable todas aquellas disposiciones generales que amparan a los trabajadores y que estén estipuladas en el ordenamiento jurídico venezolano, especialmente las relativas a la protección y amparo de los derechos inherentes y que se deriven de su condición de trabajador.

Por otro lado, y en el mismo sentido de lo anteriormente expuesto, la Ley reconoce y equipara al hecho deportivo de carácter profesional con el trabajo entendido como hecho social, por lo cual será deber del Estado entonces protegerlo y enaltecerlo.

La Ley también equipara al concepto de deportista profesional expresado en la norma, a todas aquellas personas que ejerzan sus funciones o realicen sus actividades como directores técnicos, entrenadores y preparadores físicos, siempre y cuando lo hagan mediante una remuneración y bajo la dependencia de otra persona, física o jurídica.

La Ley establece un Estatuto General de Regulación del Deportista Profesional entendiendo que éste es un trabajador bajo lo establecido en la misma normativa, y reconociendo al hecho deportivo profesional como un trabajo en los términos establecidos tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como en la misma ley.

Dicho Estatuto General abarca fundamentalmente lo referido al Contrato de Trabajo suscrito por el deportista profesional, así como diversos aspectos inherentes a la actividad deportiva en general (cesiones, transferencias, días de descanso), ya mencionados con anterioridad.

Finalmente se debe acotar que este Estatuto General se convierte en el marco normativo de aplicación, pero no en el único, en relación a los Entrenadores, toda vez que derivado del carácter universal del deporte profesional, dicho Estatuto debe coexistir, bajo un sistema armonioso de aplicación, con las disposiciones normativas dictadas por los órganos deportivos internacionales y sus distintos instrumentos.

Y ahora, quien responde por los entrenadores y el cuerpo técnico?

Los contratos en el futbol, toca reinventarlos

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El coronavirus ha provocado un terremoto en el mundo del deporte al mismo calibre que en el resto de los sectores de la sociedad. Aunque sea un mundo de estrellas que siempre parecen vivir alejadas de cualquier realidad, el factor económico rige este mundo de la misma forma que para un ciudadano de a pie. La diferencia está en los ceros de los contratos, eso sí.

El Covid-19 nos ha equiparado a todos, el virus afecta por igual a un deportista que a un abogado o un panadero. Nadie se puede escapar de las consecuencias sociales que están devastando todos los países del mundo. Los efectos económicos además están provocando un debate entre el regreso de la actividad sin una seguridad completa y el alargamiento del parón más tiempo.

Esta nueva realidad que afrontarán los futbolistas y los clubes a la hora de gestionar sus contratos tendrá diferentes grados en función de las decisiones que se tomen y cómo vaya evolucionando la pandemia y los confinamientos. Opiniones diversas sobre los nuevos contratos, todo va a depender de los tiempos y de que se ponga en marcha el fútbol totalmente de nuevo. Esto se refuerza también con el hecho de que esta situación se espera que no se prolongue en el tiempo más allá de dos o tres años.

Muchos lo tiene claro, si los jugadores cederán a la hora de conformarse con salarios más bajos, los clubes tienen que poner de su parte colocando condiciones más asumibles. Tiene que haber salvaguardas para los jugadores, si se van a ver reducidos los salarios de los jugadores, también se deben mejorar las condiciones.

Estos problemas que van a tener que asumir los clubes implicarán que sus jugadores juveniles sean fundamentales durante este período. Creemos necesario apostar por el impulso de la formación y las canteras ya que habrá plantillas que se tendrán que conformar con 18 jugadores y muchos juveniles.

Una opción para que no haya tantas desigualdades entre los clubes durante este tiempo podría pasar por impulsar un límite salarial general. Son algunas las voces que han pedido que se instaure una medida de este tipo, pero los agentes son bastante reacios y ven poco real esta posibilidad.

En cualquier caso, la mejor forma de asegurar y acercar esa equiparación entre los ingresos de los clubes es a través de una excelente planificación y la mejor de las asesorías para reinventarse.

La persecución del pasado…

Desde la llegada de Internet, los datos han crecido de forma incontrolable, se dice que se producen más datos en dos días que en años de historia. Esto no es ni bueno ni malo, como todo dentro de una correcta gestión puede ser muy positivo para una sociedad más avanzada. Para muchos usuarios la gestión de sus datos personales se ha convertido en una auténtica preocupación, obligando a las administraciones a tener que legislar sobre la materia con el ya conocido “derecho al olvido”, ¿conocemos qué es? ¿Es positivo eliminar información al libre albedrío de los usuarios? Reflexionamos sobre ello en nuestro debate del mes.

Internet nos permite recolectar toda la información que necesitemos en cuestión de segundos. Pero nuestra huella puede quedar durante más tiempo del que tal vez desearíamos y las empresas en algunos casos usan nuestros datos sin nuestro consentimiento.

La huella que dejamos en Internet(al menos en Google) no es necesariamente eterna. El derecho al olvido implica que  cuando pasa un tiempo, no tienen que aparecer en los resultados de búsqueda de Google ciertas informaciones. Hay información que tiene que borrarse. Esto no es inmediato, pero tiene que ir borrándose.

El derecho al olvido garantiza que no aparezca toda la información personal. Esto también tiene que incluir la prensa, delitos antiguos. Es el derecho de que no hablen de las personas, de nuestros datos, de nuestra vida.

Las redes sociales pueden ser un ámbito problemático porque, a pesar de que solemos conocer los riesgos, en ocasiones son parte de nuestro entretenimiento diario. Por ejemplo, FaceApp, la aplicación de fotografía que te hace más viejo o cambia nuestro rostro a partir de una imagen, se ha vuelto a poner de moda. Pero sus términos de privacidad son ambiguos. Al aceptar las condiciones, la empresa puede compartir nuestra información con otras compañías del grupo o con aquellas que se conviertan en ‘afiliadas’.

Damos mucha información sin darnos cuenta. Es entretenido, pero es una espada de doble filo. La segmentación publicitaria se puede conseguir si damos mucha información.

A menudo, las redes se convierten en un escaparate de nuestras vidas. Tenemos redes sociales desde hace más de diez años. La gente más joven se ha criado con ellas. Lo que generan, es que no hay un pasado que puedas dejar atrás. Es muy humano querer dejar ciertas cosas atrás, como a un ex. Lo bueno que tiene el derecho al olvido es poder dejar atrás cosas. ¿Por qué tiene que perseguirte el pasado? Es injusto, denigrante y muchas veces peligroso.

Consecuencias penales de impedir la libertad de trabajo de los futbolistas profesionales.

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Hay mentiras que repetidas un millón de veces suenan a verdad, como es aquella de que la justicia ordinaria se encuentra divorciada del llamado Derecho FIFA, poco se ha hablado de la campaña de no fichaje de jugadores Venezolanos  para el campeonato nacional, pero sumado a lo ya plasmado públicamente hay varios aspectos que son necesarios analizar.

Nuestra legislación nacional establece que toda persona tiene el derecho al trabajo y el deber de trabajar de acuerdo a sus capacidades y aptitudes, y obtener una ocupación productiva, debidamente remunerada, que le proporcione una existencia digna y decorosa.

En consecuencia toda persona es libre para dedicarse al ejercicio de cualquier actividad laboral sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y las que establezcan las leyes. Por ello a ninguna persona podrá impedírsele el ejercicio del derecho al trabajo a otra, ni obligarla a trabajar contra su voluntad.

El no permitir el ejercicio de esa actividad viola lo establecido en la Constitución Nacional, en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y en lo más importante en la dignidad y en la necesidad de las personas.

Hay un hecho jurídico poco conocido y es que nuestra legislación laboral nacional establece sanciones penales para quien entorpezca de forma ilegal el Derecho a Trabajar.

Las sanciones penales para empresas y directivos derivadas de la relación laboral están establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, los  Trabajadores y las Trabajadoras (en lo sucesivo LOTTT), las cuales contemplan ilícitos penales que se sancionan con pena de arresto o prisión al empleador o sus representantes.

La LOTTT contempla importantes ilícitos penales o delitos que conllevan a penas privativas de libertad al empleador o sus representantes cuando incurran en los siguientes supuestos:

a. Desacato a la orden judicial de reenganche en el procedimiento de estabilidad.

b. Desacato a la orden administrativa de reenganche de un trabajador amparado por fuero sindical o inamovilidad laboral.

c. Violación del derecho a la huelga, entendida como la transgresión en contra de toda actividad legal que desplieguen tanto los sindicatos y/o trabajadores para procurar la suspensión colectiva de las labores como mecanismo de presión para la defensa de los derechos e intereses que reclamen.

d. Incumplimiento u obstrucción de los actos emanados del Ministerio del Trabajo o las Inspectorías del Trabajo.

e.  Cierre ilegal e injustificado de la fuente de trabajo, entendida ésta por la LOTTT como el lugar de trabajo, establecimiento, la unidad de producción de bienes o servicios, o bien todo aquello que pudiera entenderse por entidad de trabajo.

A efectos de la legislación laboral, debe entenderse como Entidad de Trabajo, lo siguiente:

a) La empresa o unidad de producción de bienes o servicios constituida para realizar una actividad económica de cualquier naturaleza o importancia.

b) El establecimiento o la reunión de medios materiales y de trabajadores y trabajadoras permanentes que laboran en un mismo lugar, en una misma tarea, de cualquier naturaleza o importancia, y que tienen una dirección técnica común.

c) Toda combinación de factores de la producción sin personalidad jurídica propia, ni organización permanente que busca satisfacer necesidades y cuyas operaciones se refieren a un mismo centro de actividad económica.

d) Toda actividad que envuelva la prestación del trabajo en cualquiera condiciones.

e) Los órganos y entes del Estado prestadores de servicio.

Debemos estar claros que los futbolistas son trabajadores a efectos de la LOTTT y los equipos de fútbol son Empleadores y/o entidades de trabajo.

Es decir que cuando a los futbolistas profesionales no se les permite trabajar aun cuando se presentan las siguientes condiciones:

  • Contratos resueltos por falta de pago.
  • Contratos resueltos por mutuo acuerdo.
  • Campeonato previamente suspendido por la FVF.
  • Equipos que no quieren participar.
  • Autorización de FIFA para jugar hasta para tres equipos en el año.
  • En el medio de hay muchos adolescentes futbolistas que la Ley los protege aún mas.

Estamos en presencia de algo muy grave, de un ilícito penal.

En el delito de cierre ilegal e injustificado de la fuente de trabajo, señalado en el supuesto “e”, la pena que la ley laboral establece es el “arresto”, por lo que en lo que respecta a su imposición le corresponderá al Juez determinar el lugar del cumplimiento de la misma.

La LOTTT expresamente señala cuando se trate de patronos asociados (Junta Directiva o cualquier otro órgano colegiado), la pena se impondrá a los “instigadores” de la infracción y de no identificarse a estos, la pena se aplicará a los miembros de la Junta Directiva. La LOTTT, nada precisa sobre el término “instigador” a los fines de poder individualizar los sujetos sobre los que debe recaer la pena.

Los líderes del negocio (FVF, Clubes, Aufpv, Liga y Clubes de segunda junto a los jugadores) deben ser capaces de decidir rápida y correctamente, deben buscar asesoría adecuada. Todos han de saber que la paz debe ser la consecuencia de hacer las cosas desde la independencia y cortesía institucional. Necesitamos un campeonato firme en sus competencias y una Federación fuerte, que gestione el fútbol nacional, siempre cumpliendo con la ley. Compartiendo ideas y aportando todas las partes sin imposiciones.

Es necesario recordar que el fútbol no es sólo un negocio. No nos gusta la idea del monopolio. Si conseguimos que esto no se produzca, construiremos un fútbol mejor y en armonía. Hemos de ser solidarios. En nuestro fútbol el más modesto lo pasa mal y por eso debemos apoyarlo.

El balón queda picando y sería interesante que los clubes, sus representantes y todos los involucrados, analizaran las consecuencias que pueden traer su actuación la cual es notoria, publica y comunicacional.

Porque el resultado final puede ser contraproducente para el libre desarrollo de un sector que mueve masas, gana millones y genera miles de empleos: el fútbol. Quizás valga la pena pensar un poco sobre eso.

Tres clubes durante la misma temporada…

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Recientemente FIFA publicó un documento denominado “COVID-19: Cuestiones regulatorias relativas al fútbol”, que pretende dar respuesta a los principales problemas y preguntas, desde el punto de vista regulatorio y jurídico, que se plantean en la reanudación de las competiciones de liga.

Tras la publicación en el mes de abril de la primera versión del documento de FIFA con ciertas directrices y recomendaciones en el sector del fútbol ante la crisis del COVID-19, FIFA ha mantenido encuentros con los principales grupos de interés de la industria con el objetivo de debatir y acordar ciertas medidas, en particular, sobre uno de los aspectos más conflictivos, derivado de la reanudación de las competiciones, tal y como es, el régimen de fichajes, las cartas de libertad, los equipos en los que se puede jugar  y los periodos de inscripción.

Así pues, FIFA recoge en el documento una serie de preguntas frecuentes que han sido fruto del proceso de consulta con los principales grupos de interés, en el que reitera que insta expresamente a todas las partes intervinientes a la prórroga de los contratos laborales hasta la nueva fecha de finalización de las temporadas. No obstante, una vez más vuelve puntualiza que la FIFA no tiene la autoridad para enmendar los términos y condiciones de los contratos que se rigen por la legislación laboral nacional de cada país, es decir, que afectos de la Ley Venezolana muchos contratos aún se encuentran vigentes y son totalmente exigibles y demandables.

Asimismo, FIFA ha aprobado una serie de enmiendas transitorias al Reglamento de Procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. En este sentido, FIFA ha decidido “flexibilizar” algunos aspectos de la normativa regulatoria del Reglamento del Estatuto y Transferencia de Jugadores (en adelante, “RETJ”) para la temporada 2019/2020 y la 2020/2021.

En concreto, ante la posibilidad de que un jugador de forma involuntaria pueda infringir el artículo 5.4 del RETJ, que prevé que los jugadores pueden estar inscritos en un máximo de tres clubes y jugar en dos durante la misma temporada, FIFA amplía la norma y permitirá que los jugadores se inscriban y disputen partidos en un máximo de tres clubes durante la misma temporada.

Además, con el fin de dar prioridad a que los clubes finalicen la temporada 2019/20 con su plantilla original, de ofrecer flexibilidad y de permitir a las federaciones miembros planificar el calendario, FIFA permite que aquellas federaciones miembros cuyas temporadas se disputan en dos años diferentes (como ocurre con las principales competiciones ligueras europeas) podrán iniciar el primer periodo de inscripción de la temporada 2020/2021 antes de terminar la temporada 2019/20, siempre que se cumplan ciertas condiciones:

  • que el primer periodo de inscripción de la temporada 2020/21 se solape con los últimos encuentros de la temporada 2019/20 durante cuatro semanas como máximo;
  • que, durante el mencionado periodo de solapamiento durante los cuatro encuentros, se permita el traspaso de jugadores entre clubes y la contratación de jugadores sin contrato. En ambos casos, estos jugadores estarán autorizados a disputar únicamente competiciones nacionales en la temporada 2020/2021.

Por último, para paliar el impacto económico de las partes ante un posible litigio frente a los órganos de resolución de disputas de la FIFA, determina que, (i) en el caso de las demandas presentadas entre el 10 de junio y el 31 de diciembre de 2020 (ambos días incluidos) no se requerirá el pago anticipado de las costas ni se aplicarán costas procesales y, (ii) en el caso de las demandas presentadas antes del 10 de junio de 2020 sobre las que no se haya emitido una decisión todavía, el importe máximo de las costas procesales será equivalente a cualquier anticipo de las costas que se haya abonado.

En conclusión, FIFA trata hasta donde le permite el ordenamiento “publico/privado” vigente, paliar los problemas que la pandemia ha generado con la paralización y posterior reanudación de las competiciones, pero sin poder solucionar el riesgo más importante que como hemos venido diciendo reiteradamente, afectaba al posible reinicio de la competición, esto es que los equipos se nieguen a competir tras la reanudación de la competencia; y por tanto este hecho pueda afectar claramente el aspecto laboral del jugador profesional.

 

Falta de pago y libertad para trabajar en el futbolista Venezolano.

pueblo nuevo

El abandono social, jurídico y laboral acosa al futbolista profesional, más aún después del cierre de sus actividades, sean activos, entrenadores o personal de apoyo, su situación actualmente no es la mejor.

Los riesgos por lesiones o incapacidad física rondan la vida cotidiana del futbolista profesional. Se calcula que al menos un 60 por ciento de estos trabajadores terminan su carrera con algún tipo de lesión. La mayoría se retira antes de cumplir los 30 años. Su situación se complica cuando no tienen ningún tipo de seguro para el futuro de su familia. Los futbolistas, por múltiples razones, durante su juventud no pueden acceder al campo profesional académico. Cuando se retiran del deporte los problemas por desocupación, subempleo y pobreza son alarmantes.
En la actualidad hay problemas en el interior de los clubes tales como los abusos de autoridad. Los dirigentes, la asociacion que los protege y los entrenadores piensan que un equipo humano es un conjunto de objetos. Ante estas situaciones, el jugador ha mostrado un comportamiento contemplativo. No tiene voz de protesta.

Ese miedo ha afectado algo fundamental, la libertad de trabajo,  libertad de trabajo que también puede verse afectada por la negativa de una institución deportiva de permitir el traspaso del jugador hacia otra institución que le ofrece mayores oportunidades, donde pueda hacer lo que le gusta y sabe, jugar. El incumplimiento de las obligaciones por parte de los patronos no puede colocar al jugador ante la alternativa de permanecer inactivo en un organismo deportivo en el que ya no desea laborar, o de retirarse definitivamente del fútbol profesional.

La libertad de escoger profesión u oficio es un derecho fundamental reconocido a toda persona. Este involucra tanto la capacidad de optar por una ocupación como de practicarla sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y en la Ley. La peculiaridad de las normas de carácter privado que regulan la forma de contratación, de ingreso y desvinculación de los futbolistas, consiste en colocar a la entidad titular de los derechos deportivos del jugador en una posición de dominio sobre su futuro profesional.

Las regulaciones dictadas por las federaciones privadas, nacionales o internacionales, así se les reconozca en el medio deportivo un cierto poder regulativo, no pueden desconocer normas constitucionales. Las normas reglamentarias que expidan los organismos deportivos pueden tener validez en la esfera privada. No obstante, en su aplicación no deben desconocerse las normas de rango constitucional o legal. Esto puede suceder precisamente a raíz de la negativa del club donde labora un jugador que aun sin cancelar sus obligaciones laborales es premiado con el hecho de poder retener al jugador. El abuso en el ejercicio de los derechos patrimoniales que involucran aspectos de la personalidad del jugador – sus capacidades y calidades -, limita inconstitucionalmente la libertad personal y vulnera la prohibición de nuestra Constitución.

Los clubes de fútbol son organizaciones particulares respecto de las cuales el jugador se haya en relación de indefensión, entendida ésta como la falta de ejercicio de medios jurídicos o materiales de defensa ante sus acciones u omisiones, falta atribuible al mismo futbolista y al ente que los representa. Esta afirmación tiene sustento en las propias normas del fútbol asociado que prohíben al jugador actuar en competiciones mientras sus derechos deportivos se encuentren en litigio. El ejercicio de las acciones legales en sede administrativa, en contra de las decisiones del club, no es un medio de defensa judicial idóneo para proteger inmediatamente los derechos constitucionales fundamentales afectados por la acción u omisión del ente deportivo.

Los casos laborales deportivos se juzgan conforme al Estatuto de la Transferencia de Jugadores sin dejar al lado la legislación interna.

El artículo 78 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, establece “Se entenderá por retiro la manifestación de voluntad unilateral del trabajador o trabajadora de poner fin a la relación de trabajo, siempre y cuando la misma se realice en forma espontánea y libre de coacción” es decir, que el trabajador puede colocar fin a la relación laboral cuando lo considere pertinente, ahora bien, la misma ley establece que cualquier acto que constituya falta grave a las obligaciones que le impone la relación de trabajo puede ser considerado como causal justificada de retiro del trabajo, siendo la obligación fundamental de la relación laboral entre trabajadores y patronos o lo que es lo mismo entre jugadores y equipos el pago del salario, lo que haciendo un simple ejercicio mental se traduce en o cancelan el salario o el jugador se puede retirar y si se retira lo está haciendo justificadamente y en consecuencia debe ser el trabajador indemnizado.

Vamos a repasar en lo que sigue, algunas cuestiones que la jurisprudencia reciente ha tratado últimamente, En lo que respecta a la ley aplicable, son incontables las ocasiones en que las partes buscan que se aplique aunque sea a título subsidiario la correspondiente legislación del país en cuestión donde está basado el club. En función de si favorecen a club o a jugador, nos encontramos con que rara es la vez en que ambas partes piden que se aplique de manera supletoria una legislación nacional particular.

En caso de discordancia las formaciones arbitrales tienden a aplicar la legislación FIFA y de manera supletoria el derecho suizo por estar esta última basada en Suiza. No obstante hay casos como en CAS 2013/A/3375 & CAS 2013/A/3376 donde ambas partes acuerdan la aplicación de una legislación nacional particular. En dicha ocasión, la formación arbitral se basó en el artículo R58 del Código del CAS y en el artículo 17 del reglamento FIFA sobre el estatuto y la transferencia de jugadores para aplicar de manera supletoria la legislación laboral belga. En efecto, el artículo 17 del reglamento FIFA hace referencia a esta posibilidad expresamente: […] En todos los casos, la parte que rescinde el contrato se obliga a pagar una indemnización. Bajo reserva de las disposiciones sobre la indemnización por formación del artículo 20 y el anexo 4, y salvo que no se estipule lo contrario en el contrato, la indemnización por incumplimiento se calculará considerando la legislación nacional, las características del deporte y otros criterios objetivos. […] Esta referencia expresa a la legislación nacional es fundamental en casos como el citado anteriormente.

La falta de pago, es una de esas causas que entraña una multitud de tipos que se han venido dando desde la entrada en vigor del Reglamento, si bien todo gira en torno a la expresión clave “causa justificada”. En efecto, los casos han sido múltiples y no todos quienes han esgrimido una supuesta “causa justificada” han logrado el beneplácito de los órganos de FIFA o del Tribunal Arbitral del Deporte.

Por lo tanto, conviene explicar, en primer lugar, qué entenderíamos por “causa justificada”. Así, la “causa justificada”, sin querer entrar en interpretaciones doctrinales que serían más bien objeto de libros de derecho civil, en cuanto a lo que se circunscribe al mundo del fútbol, podría entenderse como la que se basa en el incumplimiento por una parte de una o unas obligaciones esenciales del contrato.

Y entendemos por obligaciones esenciales no solamente las que así se pudieran haber acordado en el mismo documento contractual, cuando, por ejemplo, se manifiesta que “el impago de tres mensualidades seguidas o alternas se calificará de incumplimiento y permitirá rescindir el contrato por causa justificada“, que es una de las cláusulas que se vienen dando con cierta frecuencia, sobre todo cuando se trata de clubes en lo que no se tiene una extremada confianza, bien sea porque su historial de impagos es conocido, bien sea porque la experiencia de otros clubes en el país en que se sitúa también ha sido insatisfactoria en ese sentido.

Es necesario aclarar, no solo el contrato específicamente considerado o pactado como de posible “causa justificada” en caso de incumpliendo ha de ser aplicado en los organismos de FIFA o TAS-CAS como tal, sino también los que son, con cierta obviedad, claros incumplimientos contractuales y, por ende, base para una “causa justificada” que permita la rescisión del contrato de trabajo. Ha de diferenciarse cuando es causa imputable al club o al jugador.

El listado no es excesivamente amplio y podría comprender:

Causas imputables al club:

- el impago de salarios y/o primas: es la causa justificada más habitual en los procedimientos ante FIFA.

Existen, en cuanto al salario, dos modalidades, la de indicar un plazo de impago (2 o 3 meses habitualmente) que conllevaría la posibilidad de que el jugador rescindiera el contrato, o bien la de no indicarlo y, simple-mente optar, cuando no se paga un salario, por rescindir.

Ahora bien, si no está acordado entre las partes cuando ha de considerarse la existencia de una justa causa extintiva del contrato, esto es, cuando no hay un plazo expresamente manifestado en ese sentido, debería, existir al menos un mes de salario impagado y que, además, se hubiera solicitado al club, en forma expresa, que éste pagara.

Hay diversas problemáticas que derivan del impago sin pacto de justa causa extintiva y una las más interesantes es si el salario se debe reclamar por el jugador o debe ser pagado por el club.

Obviamente, si está indicado un número de cuenta, el club ha de seguir esa vía y abonar en la misma el salario en cuestión y, en caso de impago, el jugador debería, como se ha manifestado, exigir en forma expresa su pago con un plazo máximo para su cumplimiento, con la aseveración de que, en caso de impago en dicho plazo, se considerará que el club no quiere abonar el salario y que, en consecuencia, existe un incumplimiento grave del contrato y, por ende, la posibilidad de rescindir el contrato “por causa justificada”,.

Esto, que parece una obviedad, es de necesario cumplimiento, ya que se han acabado los tiempos en que un simple impago, sin más, derivaba en un incumplimiento del club y se exige algo más, tanto por FIFA como por el TAS-CAS, para considerar que existe una justa causa de rescisión.

Si no hubiera, por el contrario, nada indicado en cuanto a la cuenta bancaria para el pago, ha habido intentos de considerar que el pago ha de ser reclamado por el jugador y que el club no tiene sino la obligación de pago cuando el futbolista realiza dicha petición.

El TAS-CAS ya manifestó que los salarios no debían ser “requeridos” por los jugadores, sino que el club tiene la obligación de pago y que éste siempre es el encargado de realizarlo, sin que los futbolistas hayan de hacer petición expresa alguna para el abono. Esta solicitud solo se deberá producir en caso de impago solamente, es decir cuando el club haya incumplido con su obligado de realizarlo. Es decir que la cuestión estriba en si un jugador puede rescindir su contrato con la mera existencia de una deuda por parte del club.

En decisión del TAS se nos dice que:

Se trata aquí únicamente de determinar si los Señores Cardozo y Da Silva tenían el derecho de rescindir unilateralmente sus respectivos contratos de trabajo con el CSKA Sofia por impago de sus salarios.

De ello se deduce que los jugadores podían legítimamente esperar recibir del club todas las sumas que se les debía sin tener que ir a cobrarlas y que, por lo tanto, el CSKA Sofia no satisfizo su deber elemental de buena fe al que está obligado todo empleador deudor de salarios, pagando a los Sres. Cardozo y Da Silva la totalidad de las remuneraciones debidas. Además, y tal y como FIFA lo había mencionado, la realidad de la puesta a disposición de las sumas contractualmente debidas a los jugadores en los servicios financieros del club no se ha establecido legalmente.

La iniciativa de los jugadores Cardozo y Da Silva de marcharse del CSKA Sofia es por lo tanto imputable al incumplimiento reiterado de éste último de una de sus obligaciones esenciales. Este incumplimiento ha llevado, de hecho, a la ruptura antes del término de los contratos de trabajo que ligaban a los jugadores con el CSKA Sofia. No hay argumento que permita sostener que los contratos de trabajo en cuestión hubieran debido mantenerse y que los jugadores citados no hubieran sido libres de contratar con otros clubes sin que éstos hayan de ser obligados a pagar indemnizaciones de transferencia“.

Si bien podemos estar conformes con el sentido global de esta decisión, entendemos que no es suficiente, al menos ahora (ya que se trata en todo caso de una jurisprudencia basada en el anterior Reglamento y, en su momento, con pocos casos resueltos) con la obligación de pago del club, sino que ha de reclamarse por el futbolista, en forma fehaciente, el pago al club. El envío de un fax al mismo o el requerimiento hecho de forma legal y adecuada sería suficiente.

Por lo tanto, la falta de remuneración per se no permite la rescisión, sino que debería estar acompañada de una reclamación, sencilla, realizada por el jugador o por su representante o por un abogado, para que deviniera posible la rescisión.

Una notificación, por lo tanto, hará falta ya que será necesario invocar la falta de pago para que ésta, sin respuesta por el club o con una respuesta negativa, permita entender que existe rescisión con justa causa.

Así, FIFA, en una decisión sobre ese mismo asunto nos recuerda que, por un lado:

Asimismo, los miembros de la Cámara destacaron que el jugador había enviado al club dos comunicaciones, la primera el 26 de diciembre de 2007 poniéndose a disposición y solicitando se le hiciera llegar el ticket aéreo para retomar sus actividades profesionales y la segunda el 20 de enero de 2008 reiterando el reclamo previo y solicitando se aclare la situación laboral del jugador.

En ese sentido, la Cámara destacó que el club no había presentado evidencias de haber respondido a dichas comunicaciones y que recién el 25 de marzo de 2008, es decir 5 meses después que el jugador había partido del club inició la presente demanda ante la FIFA“.

Es decir que FIFA tomó en cuenta que no hubo respuesta por parte del club, lo que devino en darle la razón al jugador, pero, por otro lado:

Sin embargo la Cámara agregó que el hecho que el jugador hubiera comenzado a intimar fehacientemente al club el 26 de diciembre de 2007, poniéndose a su disposición para retomar, luego de dos meses de vacaciones, surgía excesivo y no ajustado a las prácticas normales del fútbol profesional“.

Siguiendo con el concepto de la notificación, la necesidad de una advertencia por parte de la parte terminante, antes de la terminación del contrato es un elemento que ha sido muy bien analizado por el Panel del CAS.  La idea es: “para que una parte válidamente pueda terminar un contrato de trabajo, a menudo se requiere que haya proporcionado a la otra parte la notificación adecuada, para que este último tenga la oportunidad de cumplir con sus obligaciones, si consiente la causa justa“. Además, hay que destacar que una rescisión de contrato con efecto inmediato, para causa justa, debe ser declarada sólo en circunstancias en las que el empleador haya cometido un grave incumplimiento del contrato. Decisión del Tribunal Supremo suizo – DTF 121 III 467. -CAS 2009/A/1956-

Según el derecho suizo, que se aplica adicionalmente, y como ha sido enfatizado por la FIFA  la terminación del contrato con efecto inmediato se aplicará como “ultima ratio”.

Por lo tanto, es necesaria la obligación de notificar la situación de impago con la reclamación del salario y o bien indicar que si no hubiera pago, se entendería la existencia de un incumplimiento por el club, con la consiguiente ruptura por éste del contrato sin justa causa, o bien de indicar que se necesita conocer cuál es la situación contractual del jugador.

La liberación de jugadores para participar con las selecciones nacionales según la normativa FIFA.

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¿Puede un futbolista negarse a la convocatoria de su selección? Aparentemente sí porque es una decisión personal, pero según las normas de la FIFA, se expone a una sanción disciplinaria, la cual también involucra al club.

Si un jugador es llamado por su equipo nacional para disputar un encuentro en fecha FIFA, salvo que haya de por medio una lesión, no existe argumento válido para negarse a acudir al llamado.

Hay sanciones para el club y el jugador a nivel FIFA, que hay que pedirlas a la comisión disciplinaria. El club no se puede negar a ceder jugadores cuando hay una fecha FIFA. Sin embargo, el reglamento no específica qué tipo de sanciones son. Pero podría ser cualquiera, disciplinaria o deportiva.

La pandemia ha provocado una crisis sin precedentes al anunciar la MLS que no está dispuesta a prestar los jugadores que hacen vida en esa liga a sus respectivas selecciones nacionales, parece oportuno hacer un repaso de las cuestiones prácticas más relevantes relativas a la liberación de jugadores a la luz de la normativa FIFA contenida en el Anexo I del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (en adelante, el “RETJ”).

En este sentido, dos son las partes afectadas por este mecanismo descrito por FIFA en su RETJ: las asociaciones nacionales que desean convocar a los jugadores y los clubes donde participan los jugadores llamados por la asociación en cuestión. En consecuencia, planteamos a continuación una serie de cuestiones prácticas que pueden plantearse tanto a asociaciones como a los clubes y que desarrollamos a continuación

    I.        ¿Es obligatoria la liberación de jugadores?

Comenzamos por esta primera cuestión que muchas veces suscita tantos interrogantes por parte de los clubes, por cuanto ellos son los que tienen un contrato laboral con el jugador y muchas veces la llamada de la selección en cuestión les supone un contratiempo al no poder contar con el jugador durante unos días, el cansancio físico que les supone el desplazamiento y la posibilidad de que el jugador liberado sufra una lesión, sumado al hecho notorio de contraer el virus. En este sentido y de acuerdo con el Anexo I del RETJ, ciertamente la liberación de jugadores es obligatoria si la asociación en cuestión les convoca, obligándose por regla general el jugador a responder afirmativamente a la convocatoria. El articulo 1 prohíbe además cualquier acuerdo divergente entre las partes, lo que en la práctica supone una prohibición de incluir en el contrato laboral una cláusula que prohíba al jugador acudir a la llamada con su selección.

Por tanto, SÍ existe una obligación de liberar a los jugadores, aunque, como veremos a continuación, con ciertos matices:

                   a.        La liberación de jugadores sólo es obligatoria para aquellos partidos que figuren en el calendario internacional publicado por FIFA, así como los partidos de competiciones finales de la Copa Mundial de la FIFA, de la Copa FIFA Confederaciones y campeonatos de equipos representativos «A» de las confederaciones (artículo 1. apartados 2 y 3 del Anexo 1 del RETJ). Dichos periodos deberán a su vez cumplir con los siguientes parámetros:

             §   Los periodos de liberación obligatorios que normalmente son de 9 días y van desde el lunes por la mañana hasta el martes por la noche de la semana siguiente;

             §   Durante este periodo, las selecciones solo podrán disputar un máximo de dos partidos dejando dos días naturales enteros entre partido y partido;

             §   Los dos partidos se disputarán en el territorio de la misma confederación (salvo en caso de partidos eliminatorios intercontinentales) y si al menos uno de los dos es amistoso, podrán disputarse en confederaciones distintas a condición de que la distancia entre las sedes no exceda el total de cinco horas de vuelo;

             §   Los jugadores deberán volver con sus clubes en un plazo de 24 horas después de que termine el último partido para el que fueron convocados, plazo que podrá ampliarse a 48 horas en caso de volver desde una confederación distinta. En este sentido, es obligación de las asociaciones garantizar que los jugadores regresan con sus clubes de forma puntual y deberán notificar al club 10 días antes del inicio de la liberación las fechas del itinerario entre otros;

             §   Los clubes que liberan a los jugadores no tienen derecho a ninguna compensación financiera y deberán contratar para el jugador un seguro de enfermedad, accidentes y lesiones que cubra todo el periodo de la liberación (artículo 2 apartados 1 y 3 del Anexo I del RETJ);

             §   Las asociaciones deberán sufragar todos los gastos de viaje ocasionados por la convocatoria (artículo 2 apartado 2 del Anexo I del RETJ);

                   b.        La liberación de jugadores es sólo obligatoria para partidos de la selección absoluta de la asociación en cuestión (y ello de acuerdo con el artículo 1 apartado 2 del Anexo I del RETJ).

                   c.        A su vez, se eximirá de liberar a aquellos jugadores que estén lesionados, aunque la asociación en cuestión podrá solicitar realizar un examen médico por un especialista designado por la propia asociación.

Adicionalmente y como veremos a continuación, además de cumplirse las anteriores, las asociaciones deberán realizar la solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el RETJ, en cuyo defecto, los clubes podrán oponerse a la liberación.

  II.        ¿Cuál es el procedimiento a seguir por las asociaciones nacionales para solicitar la liberación de un jugador?

En primer lugar y aunque pueda parecer obvio, las asociaciones deberán comprobar que los jugadores ostentan la nacionalidad del país al que van a representar. Además, deberán comprobar, para los casos de doble nacionalidad o adquisición de una nueva nacionalidad, los principios contenidos en el Reglamento de Aplicación de los Estatutos de la FIFA en cuanto a cambio de asociación y elegibilidad y comprobar que el Jugador es “elegible” para poder participar con el combinado nacional.

Una vez verificado lo anterior y habiendo comprobado que el jugador es “elegible”, la asociación en cuestión deberá enviar una solicitud que cumpla con los siguientes requisitos:

  • La solicitud deberá enviarse por escrito con al menos 15 días naturales antes del primer día del periodo de liberación incluido en el calendario internacional;
  • La asociación deberá también informar al club del itinerario de viaje del jugador con al menos 10 días de antelación a la liberación;
  • La solicitud deberá enviarse por escrito al jugador y al club donde participa..

En este sentido, es importante recalcar que, de no cumplirse los anteriores requisitos y enviarse una solicitud errónea (incumplimiento del preaviso, dirigiéndola a la asociación del club únicamente, etc.), el club o el jugador en cuestión pueden oponerse a la convocatoria.

  1. En caso de oponerse a la liberación ¿Se puede solicitar la asistencia de la FIFA? ¿Cuáles son las consecuencias para el jugador y para el club?

Como hemos visto anteriormente, por regla general, la liberación es obligatoria para los clubes y los jugadores deberán responder afirmativamente a la convocatoria. En consecuencia, en el supuesto de una convocatoria realizada por una asociación para un periodo incluido en el calendario internacional con la selección absoluta y habiendo cumplido las formalidades para la convocatoria descritas, en el caso de que el club o el jugador se opongan y rechacen la liberación, la asociación interesada podrá solicitar la asistencia de la FIFA para obtener la liberación de un jugador siempre y cuando:

  • Se haya solicitado sin éxito la intervención de la asociación en la que el jugador este inscrito;
  • Se haya presentado la reclamación ante FIFA con al menos 5 días de antelación a la celebración del partido para el que se requiera al jugador.

Por lo tanto, y en el supuesto de infracción de la normativa expuesta relativa a la liberación de jugadores, la Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá adoptar las sanciones oportunas en base al Código Disciplinario. Quedando claro que el rechazo a la liberación supone que el jugador en cuestión no podrá jugar con el club al que pertenece (salvo autorización de la asociación que lo convoca) durante todo el periodo que dure o debiera durar su liberación, más un periodo adicional de 5 días.

Así, y en el supuesto de rechazar la liberación, el jugador tendría la condición de “no elegible” y, por tanto, si el club alinea a dicho jugador durante el periodo que debió ser liberado, se expone a las consecuencias estipuladas en el artículo 55 del Código Disciplinario de la FIFA:

  1. En caso de que un jugador participase en un partido oficial para el cual no es elegible, se sancionará a su equipo con derrota por retirada o renuncia (véase art. 31) y una multa de 6.000 CHF como mínimo.
  2. En caso de que un jugador participase en un partido amistoso para el cual no es elegible, se sancionará a su equipo con derrota por retirada o renuncia y una multa de 4.000 CHF como mínimo.

En la práctica, si un determinado jugador no desea ser convocado por su selección por algún motivo personal, o el propio club solicita a la asociación convocante una excepción por alguna razón deportiva, lo habitual es que se llegue a un entendimiento amistoso con el fin de evitar la intervención de FIFA y las posibles consecuencias disciplinarias.

Sin embargo, en algunas ocasiones, se han producido situaciones de conflicto, como, por ejemplo, la controversia surgida hace aproximadamente un año entre el jugador Joël Matip (del club inglés Liverpool FC) y la Federación Camerunesa de Futbol. En este sentido, la controversia surgió cuando el propio jugador en el año 2015 anunció la retirada de la selección de Camerun. A pesar de lo anterior, Camerún convocó al jugador para la Copa de África que se disputaba en Gabón en el año 2017, lo que provocó la duda por parte del Liverpool sobre la elegibilidad del jugador para participar con ellos en la Premier League durante el periodo correspondiente la liberación para la Copa de África. Así, tras la mediación de FIFA, y puesto que el jugador había renunciado a jugar con Camerun públicamente desde el año 2015, FIFA entendió que el jugador ya no era elegible y por tanto se había retirado de la selección. Del referido supuesto, cabe extraer la conclusión de que un determinado jugador puede renunciar a la liberación, siempre y cuando anuncie su retirada de la selección de forma inequívoca y previa a la convocatoria.

  1. ¿Qué ocurre si un jugador no regresa con su club de forma puntual?

Como se expuso anteriormente, es obligación de las asociaciones asegurar el itinerario de viaje de los jugadores y asegurar que se reincorporan con sus clubes de forma puntual. En este sentido, si un jugador no se reincorpora con su club en el plazo previsto (24 o 48 horas desde el último partido), la Comisión del Estatuto del Jugador de FIFA podrá reducir a petición expresa del club que libera al jugador, el periodo de liberación en la siguiente ocasión que se solicite la liberación del jugador. La reducción se hará conforme a lo estipulado en el apartado 10 del artículo 1 del Anexo I del RETJ:

 .    Para el periodo internacional: dos días;

  1. Para la competición final de un torneo internacional: cinco días.

En caso de reincidencia en el incumplimiento, la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA podrá decidir:

  1. Reducir aún más la liberación;
  2. Prohibir a la asociación en cuestión liberar al jugador para actividades futuras con el equipo representativo.

   V.        ¿Qué ocurre en caso de lesión de larga duración durante el periodo de liberación?

A pesar de que es obligación de los clubes contratar un seguro que cubra cualquier accidente o lesión del jugador durante el periodo de liberación, mediante la Circular nº 1466 de 9 de enero de 2015, la FIFA instauró el Programa de Protección de Clubes, aprobado inicialmente en el Congreso de la FIFA de mayo de 2012, instaurada a solicitud de la Asociación de Clubes Europeos (ECA). En virtud de esta medida, de reciente aplicación, se compensará a los clubes en el caso de que los futbolistas se lesionen a causa de un accidente estando en servicio con su selección nacional “A” para disputar partidos incluidos en las fechas del calendario internacional.

Las condiciones específicas se establecen en el Boletín técnico del Programa de Protección de Clubes de la FIFA, siendo lo más relevante:

  • La protección alcanza a todos los clubes de fútbol en caso de una baja a consecuencia de un accidente sufrido por sus jugadores durante el «tiempo operativo» que impida por completo al futbolista jugar con su club durante más de 28 días consecutivos;
  • La cantidad asegurada será el salario fijado anualmente para el jugador, con un importe diario máximo de 27.000 dólares (20.548 de euros), pagadero por la empresa aseguradora durante un máximo de 365 días, lo que supone una cantidad total de 9,7 millones de dólares (7,5 millones de euros) por jugador.

Ahora bien, como lo decíamos al principio la FIFA sin ir más lejos, comenzó en un proyecto a diagramar los protocolos para que vuelvan los partidos de selecciones y en la últimas horas determinaron en qué situaciones un club se puede negar a prestar a sus jugadores.

Los distintos clubes de cualquier parte del mundo podrán decidir si prestan o no a los jugadores para las Eliminatorias, pero para eso, se tienen que dar tres situaciones:

  •  Cuando el jugador en cuestión tenga que viajar con su selección a un territorio que requiera una cuarentena mínima de cinco días.
  •  Cuando existan restricciones para viajar desde o hacia el destino donde juega la selección.
  •  Cuando las autoridades competentes no hayan concedido a los jugadores seleccionados exención específica de la cuarentena.

De esta manera, los clubes tendrán la libertad de decidir si prestan o no a sus jugadores para las Eliminatorias, siempre y cuanto se cumpla alguna de las situaciones que fueron mencionadas anteriormente. Esperamos que el presente artículo contribuya a aclarar los puntos más relevantes relativos a la liberación de jugadores, un principio que consideramos esencial en el ámbito del fútbol, por cuanto representar al equipo nacional es para los jugadores un motivo de orgullo y para la FIFA la base de sus torneos.