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El odio debe ser acabado en las redes sociales, pero no por Silicon Valley. El dilema de las redes sociales.

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Una de las causas menos conocidas del genocidio de Ruanda, donde cerca de un millón de personas fueron masacradas a machetazos en 1994, fue la libertad de expresión mal entendida. Políticos, activistas y periodistas hutus prepararon el terreno e incitaron el exterminio de los tutsis a través de una campaña de odio que utilizó la emisora RTLM como altavoz. Uno de los mensajes más repetidos describía a los miembros de la etnia rival como “cucarachas”. Y si no eran más que eso, insectos capaces de colarse en tu casa y extender la enfermedad, ¿acaso no estaba justificado aplastarlos?

Ruanda viene al caso ante el lamento de extremistas de todo el mundo porque finalmente, aunque con años de retraso y demasiado tarde, se estén tomando medidas para eliminar de las redes sociales el odio, la xenofobia, el fanatismo y la desinformación como arma para sabotear democracias. La libertad de expresión tiene sus límites en el abuso de los derechos de los demás. Quién, cómo y cuándo se decide eliminar ese contenido es debatible; la conveniencia de hacerlo, no.

El asalto al Capitolio en Estados Unidos fue la culminación de un mandato en el que Donald Trump utilizó plataformas como Twitter para promover la mentira, la conspiración, el supremacismo y el autoritarismo. La decisión de cancelar sus cuentas en redes sociales, sin embargo, tiene su punto débil en la misma arbitrariedad y falta de transparencia que le permitió operarlas sin control. Las líneas rojas son demasiado finas y complejas para que la decisión dependa de un puñado de directivos de Silicon Valley.

Pocos países conocen mejor que Alemania cómo un exceso de tolerancia hacia los intolerantes puede gangrenar una sociedad y conducirla al profundo pozo de la violencia sectaria. A veces, hasta llegar al genocidio. Por eso las leyes alemanas contra el odio en internet, vigentes desde 2018, están entre las más duras del mundo y obligan a las plataformas a suprimir contenido que fomente la violencia, la discriminación o el extremismo en menos de 24 horas, bajo amenaza de multas millonarias.

Y, sin embargo, la canciller Angela Merkel dijo esta semana que la cancelación de las cuentas de Donald Trump en las redes sociales era “problemática”, mostrándose a favor de un equilibrio entre la supervisión del contenido tóxico y la defensa de la libertad de expresión. Lograr ese balance requerirá aceptar, como hizo Alemania, que la mayoría de las legislaciones que regulan ese derecho fundamental han quedado obsoletas. La monitorización necesitará de garantías, preferentemente ofrecidas por jueces formados en nuevas tecnologías, para evitar que tenga un sesgo ideológico, religioso o racial.

La reemergencia de los extremismos en el mundo, incluidos políticos que atacan la democracia desde dentro, hace que la adaptación sea urgente. Estados Unidos ha resistido el embate autoritario gracias a la fortaleza de sus instituciones, sistema judicial y prensa independiente. Pero, ¿cuál habría sido el desenlace de un envite parecido en una democracia inmadura y con esos tres pilares debilitados, como es el caso de Colombia y Venezuela?

La libertad de expresión está regulada en Venezuela y Colombia bajo un marco anticuado siempre dirigido a medidas restrictivas recientes que permite sancionar a periodistas bajo el ambiguo pretexto de alteración del orden, rebaja su significado. El resultado es que los sistemas judiciales están sentando en el banquillo a quienes la ejercen legítimamente, mientras manipuladores y propagadores del odio operan con impunidad en un momento de gran crispación. Esa combinación es garantía de tiempos oscuros en un país con una historia de enfrentamientos civiles como la nuestra.

La revista satírica Mongolia reflejaba las contradicciones del erróneo foco judicial en su última portada, un fondo negro con el que sus editores quisieron denunciar la censura. La publicación ha visto su futuro comprometido tras ser condenada a pagar 40.000 euros por ridiculizar en un cartel promocional al torero José Ortega Cano, quien en 2011 mató bajo los efectos del alcohol a otro conductor en un accidente de tráfico. Importantes juristas han resaltado las incongruencias de la sentencia, que se suma a los procesos contra trabajos de ficción de raperos, humoristas o artistas.

Una parte de la judicatura latinoamericana no parece diferenciar la sátira de la realidad, pero aún más grave: tiene una concepción de la libertad de expresión y sus límites impropia de una democracia liberal. No son la ofensa, la burla o la crítica, incluso cuando resultan de mal gusto, las que debe ser perseguidas; sino la fabricación de noticias falsas, desinformación y propaganda con el objetivo de incitar a la violencia, discriminar minorías o suprimir las libertades de los demás.

Quienes abusan de la libertad de expresión, utilizando las nuevas tecnologías como herramienta, se justifican en la falta de espacio en los medios tradicionales y dicen que el límite de sus acciones solo puede establecerlos el sistema judicial, conscientes de que no está preparado para hacerlo. Las víctimas rara vez ejercen recursos para emprender acciones legales y quienes dan el paso se enfrentan a procesos que pueden durar años. Para entonces, el daño puede ser irreparable, como demuestra la orgía de violencia contra los rohinyás en Birmania, donde una noticia falsa sobre una violación difundida en Facebook desencadenó una limpieza étnica.

El genocidio de Ruanda se fraguó por medios tradicionales con una propaganda incesante que duró años y deshumanizó a las víctimas a ojos de sus verdugos. Las redes sociales han acortado los plazos del adoctrinamiento y ampliado la capacidad de generar odio. Supervisadas por las leyes aprobadas por los parlamentos nacionales, las grandes corporaciones de Silicon Valley deben actuar de forma decisiva para suprimir los discursos que alientan la violencia, promueven el racismo o atentan contra la salud pública.

Colombia y Venezuela, como tantos países, vive una propagación sin control de ese contenido. Hay suficiente en juego para movilizar los recursos del Estado, creando una comisión independiente del gobierno para estudiar medidas contundentes; reforzando y ampliando el ámbito de actuación de los organismos competentes; enseñando desde la escuela a protegerse de la desinformación y poniendo en marcha juzgados específicos que puedan actuar con celeridad cuando el poder de internet es utilizado para atacar la convivencia y las libertades.

Los ciudadanos, por su parte, han adquirido nuevas responsabilidades en un ecosistema digital que ofrece a cualquiera la capacidad de difundir una información, dar una opinión públicamente o hacer un llamamiento. Se trata de una expansión de la libertad de expresión sin precedentes, pero no sin límites. La mentira, como herramienta para pisotear los derechos de los demás, no forma parte de ella.

Inmueble embargado perpetuamente?

corte suprema colombia

En menos de dos años comenzará a contar el término de caducidad de las medidas cautelares inscritas en los folios de matrícula inmobiliaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 1579 de 2012, el “Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos”.

¿Cuáles son los alcances de esta disposición? ¿Cuáles son los requisitos para que esta sea aplicable? ¿Dicha cancelación requerirá de una orden judicial o administrativa? ¿Sobre qué medidas será aplicable esta solicitud? ¿Cuáles son los efectos de la cancelación?

Las medidas cautelares son mecanismos que permiten salvaguardar un derecho o asegurar el cumplimiento de una obligación dentro del marco de un proceso judicial o administrativo en curso. Entre otros, estas medidas pueden recaer sobre inmuebles y estar sujetas a registro en su respectivo folio de matrícula inmobiliaria. El registro y cancelación de estas medidas se encuentra regulado en las normas procesales aplicables a cada caso y en el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos.

En la citada norma, y con el fin de evitar que los efectos de las decisiones administrativas o judiciales se conviertan en estériles cargas para los afectados por ellas, se dispone que las medidas cautelares inscritas con una antigüedad mayor a 10 años en folios de matrícula de inmuebles podrán ser canceladas mediante solicitud del interesado.

No obstante, antes del vencimiento de este término, la autoridad que decretó la medida podrá solicitar su renovación por cinco años más y estos serán prorrogables por otros dos periodos iguales. A su vez, para las medidas que hayan sido registradas antes del 1 de octubre de 2012, el término de 10 años comenzará a contar desde esta fecha.

De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para la procedencia de esta cancelación: (i) que se cumplan los 10 años de antigüedad del registro de la medida (contados desde el 1 de octubre de 2012 para aquellas registradas con anterioridad a esta fecha); (ii) que la autoridad que decretó la medida no haya solicitado su renovación o prórroga antes del vencimiento del término; (iii) que medie solicitud por escrito por parte del propietario o de quien demuestre un interés legítimo en el inmueble; y (iv) que el registrador expida y registre un acto administrativo de cancelación contra el cual no procederán recursos.

Por su parte, los registros sujetos a esta cancelación serán aquellos relativos a cualquier medida cautelar. Esto incluye, entre otras, inscripciones de demandas de cualquier naturaleza, embargos, e inscripciones de iniciaciones de procesos judiciales o administrativos.

Como resultado de la cancelación, se deja sin efecto el registro de la medida cautelar en el folio de matrícula. De esta forma, para el caso de un embargo, una vez registrada la cancelación, el propietario podría enajenar el inmueble sin restricciones. En el caso de la inscripción de una demanda, la decisión en el marco del proceso que dio lugar a la medida no le será oponible a un eventual nuevo propietario. Así sucesivamente para cada caso concreto.

A manera de conclusión, los interesados en medidas cautelares que se aproximen a cumplir con estos requisitos deberán gestionar su renovación con la autoridad competente que la profirió, si pretenden hacerla exigible.

 

Redes sociales censoras.

redes sociales

Twitter continúa manteniendo su estatus como una popular plataforma de redes sociales. Se ha convertido en un portal de noticias y también de tendencias.  El año pasado 2020 poseía unos 330 millones de usuarios activos mensuales y 500 millones de tweets publicados cada día. Además, el 23% de la población de Internet están en esta red. Solo 50 millones de esos 330 millones de MAU se encuentran en los Estados Unidos, mientras que 290 millones (88 %) son internacionales.  Hay un total de 1.3 billones de cuentas de Twitter.

Lo anterior lleva a señalar que Internet, y en particular las redes sociales como Twitter, se han convertido en espacios donde se conforma la opinión pública y a través de las cuales los ciudadanos ejercen su libertad de expresión. Como ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, las redes sociales quizás sean “el mecanismo más poderoso del que disponen los ciudadanos para hacer oír sus voces”, de tal manera que el acceso a esas herramientas digitales de la comunicación, que constituyen el más amplio foro democrático, tiene una indudable relevancia para la libertad de expresión Así se hizo ver en la sentencia de Packingham v. North Carolina, del 19 de junio de 2017. Ahora bien, ¿cómo conseguir que estos foros sean espacios auténticamente plurales y, al mismo tiempo, que no se conviertan en escenarios virtuales contaminados por mensajes de odio, fake news y mentiras mil veces repetidas?

La controversia sobre este tema ha tomado auge recientemente, en un comienzo en el escenario político y público de España. Primero, porque en el Congreso de los Diputados, la propuesta del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, se ha aprobado una proposición no de ley sobre propagación de odio en el espacio digital. En ella se insta al Gobierno, entre otras cuestiones, para que simplifique los mecanismos para denunciar contenidos en redes sociales de discurso del odio, obligando a los operadores a que en un máximo de 24 horas eliminen contenidos que inciten al odio o a la violencia, y a que aumente la colaboración entre las autoridades fiscales y policiales con los operadores. En esta discusión parlamentaria se ha aducido la experiencia ocurridas en Alemania y Francia. En el caso del primero, en 2018 aprobaron una ley específica para evitar la difamación online, mientras que Francia aprobó en 2019 una ley similar con el objetivo de penalizar “mensajes que puedan contener incitación al odio, discriminación racial, religiosa u homofóbica, así como la apología de la violencia, el terrorismo, o el acoso online”.

La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, impulsada en el pasado por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela, para supuestamente contrarrestar acciones de este tipo de parte de opositores, medios y redes sociales, ha cobrado vigencia en los últimos tiempos, en la medida en que se agrava la crisis y aumentan las presiones de Estados Unidos y el mundo, con el objetivo de impulsar un cambio hacia la democracia en esa nación. La legislación otorga responsabilidad a las personas jurídicas que administran redes sociales y medios electrónicos por el cumplimiento de la ley y para evitar la difusión de mensajes que promuevan “la guerra o inciten al odio nacional, racial, étnico (…) o de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia”. En el caso de las redes sociales, quien incumpla la ley, la respectiva persona jurídica será multada y se “dará lugar al bloqueo de los portales”.

Pero es en estos días de agitación electoral norteamericana, cuando el debate ha encendido la polémica y posiciones férreas de un lado u otro.  Donald Trump ha entendido mejor que nadie las posibilidades de la hermosa restricción que impone el límite de caracteres en Twitter, de cara a elaborar una continua narrativa de su acción política, con impacto directo en la opinión pública y de proyección viral. La realidad es que millones de usuarios, a través del retweet y de la indexación de sus comentarios, han venido cooperando, antes de la suspensión permanente de la cuenta del candidato y ocupante de la Casa Blanca, sin tregua en la difusión de su retórica presidencial. En Twitter bien puede afirmarse que Trump ha sido el gran amo, de la misma forma que lo fuera en su día Obama en Facebook, JFK en la televisión o Roosevelt a través de la radio. No en vano, en el top ten, llegó a estar con 88 millones de seguidores de @realDonaldTrump y los 35 millones de suscriptores en Facebook, quienes de pronto no pudieron encontrar sus comentarios, a veces peligrosos y también racistas, en esas plataformas.

Ahora bien, un Tribunal Federal de Apelación a mediados del 2020, confirmó la decisión de una jueza neoyorkina que determinó que la discrecionalidad del presidente en este dominio no era absoluta, y, en concreto, que la libertad de expresión que consagra la Primera Enmienda de la Constitución le vedaba la posibilidad de bloquear a otros usuarios como consecuencia de las opiniones críticas de éstos. En definitiva, @realDonaldTrump no podía elegir seguidores en función de la ideología de los mismos.  Pero como toda moneda tiene dos caras, ahora le aplicaron una dosis fuerte de su propia medicina. El presidente ha sido silenciado. Donald Trump usó sus cuentas como un arma contra sus críticos. Y la notitia criminis de los sucesos del Capitolio lo envió al foso del silencio digital. Claro, si uno quiere libertad de expresión, tiene que soportar la libertad de expresión de los demás.

No olvidemos que estas redes sociales son una herramienta importante para la expresión de opiniones, especialmente en países con una libertad de prensa limitada. Sin embargo, que unos pocos jefes de grupos empresarios, que solo son responsables ante sus accionistas y dominan los mercados, utilicen su poder para decidir acerca del discurso social y de la libertad de expresión, no tiene nada que ver con la pluralidad. Es hora de tomar en serio este poder de facto que tienen Facebook, Twitter y también de los motores de búsqueda como Google.

Posiblemente se necesite mejorar la regulación para menos dominio del mercado y más responsabilidad de los operadores de dichas plataformas digitales.

Sin lugar a dudas, propender a que la opinión pública se desenvuelva en un espacio limpio, donde fluya información veraz y opiniones sólidas, bien argumentadas, un lugar libre de insultos, de mentiras y de oscuras ocurrencias, es un desiderátum con el que todos podríamos comulgar. Qué duda cabe que, con una opinión pública así construida, se puede enriquecer una mejor democracia. Ahora bien, ante una realidad que evidencia cómo aquellos espacios donde se ejerce la libertad de expresión terminan contaminados por muchos mensajes “basura”, la clave está en a quién corresponde limpiar el mismo y qué mensajes pueden ser proscritos. Y es aquí, precisamente, donde, en primer plano, las iniciativas políticas legislativas, como las mencionadas, parten de un presupuesto muy espinoso, tal vez antiliberal y, al mismo tiempo, poco democrático: nada menos que corresponde al Gobierno o a las instituciones públicas asegurar la limpieza de Internet y garantizar el acceso a una información veraz.

Una adecuada comprensión de la democracia exige que sea un juez, de acuerdo con la Ley, quien decida si un mensaje es ilícito y ordene su retirada; y si se trata de contenidos lícitos, pero nocivos o tóxicos para la democracia, hay que recobrar la confianza liberal en el libre mercado de las ideas. Es decir, lo ideal es confiar en que una ciudadanía crítica, apoyada por un periodismo robusto, serán capaces de hacer que la verdad y la razón se impongan. Como mucho, las tecnologías actuales sí que pudieran demandar una colaboración público-privada para intervenir allí donde se ha demostrado que el libre mercado puede verse distorsionado por la actuación de robots y algoritmos. Lo cual puede exigir que se regulen sistemas de alerta ante campañas automatizadas y que se contemplen mecanismos para prevenir que el diseño de la propia arquitectura de las redes sociales pueda actuar como caja de resonancia de mensajes tóxicos o nocivos.

En segundo plano, una tarea pendiente es definir jurídico-constitucionalmente cuál es la posición de las redes sociales y de los operadores de Internet, y cómo se pueden proyectar sobre ellos la libertad de expresión y las exigencias que derivan del principio del pluralismo: ¿las redes sociales pueden actuar con el poder censor de un editor de un periódico o les es exigible que respeten la neutralidad y el pluralismo como si de un public forum se tratara? ¿Qué garantías y qué riesgos comporta la tendencia privatizadora donde se confía que sean las redes sociales y operadores privados los encargados de la limpieza de Internet, con el poder de bloquear o censurar aquello que estos entes consideren inapropiado, aunque pudiera ser un ejercicio lícito de la libertad de expresión?

Una primera argumentación es la originada con las decisiones judiciales del 2020, a raíz del comportamiento del propio Donal Trump en contra de sus críticos. En aquel momento, los tribunales consideraron que esta cuenta de Twitter es lo que en derecho norteamericano se conoce como un “foro público artificial”. Es decir, un lugar habilitado o creado por el Estado, donde los ciudadanos pueden libremente manifestar sus opiniones o ideas, de forma análoga a como lo harían en foros públicos naturales como las calles o en las plazas: sin ningún límite en razón del contenido ideológico de las mismas.

La novedoso de esta jurisprudencia es que el concepto de “foro público” se extiende a un lugar que no es físico, Twitter, cuya titularidad no es pública, sino de una sociedad mercantil, y donde, además el ciudadano Donald Trump se dio de alta como @realDonaldTrump allá por año 2009, es decir, bastante antes de ser presidente, por lo que podría entenderse que se trata de un perfil particular, a diferencia de los otros dos que maneja desde su llegada a la Presidencia, @WhiteHouse y @POTUS; si bien con bastante menos éxito de público.

Para los jueces norteamericanos, sin embargo, no se trata de un perfil particular sino institucional. Esta conclusión es el producto de analizar la realidad, más que la norma, cuando se contrasta cuál es el verdadero uso que Trump le dio a ese perfil en la red social. Como es conocido, fue a través “@realDonaldTrump” (y no de los otros dos perfiles mencionados) como el Presidente comunicó ceses y nombramientos de altos cargos federales, acuerdos internacionales o decisiones políticas de especial trascendencia, y remató con su posición crítica y frontal ante los resultados de las elecciones presidenciales y su desconocimiento.

Los jueces también atendieron en aquella ocasión a la configuración tecnológica de Twitter y a la propia sociología de esta red social. Se trata de una red con características esencialmente interactivas, donde cada una de las entradas que un usuario realiza en su timeline puede generar un foro de discusión potencialmente ilimitado. Por este motivo, el Tribunal de Apelación confirmó que el bloqueo que en ese entonces llevó a cabo el presidente Trump de determinados usuarios de Twitter por la orientación crítica de sus comentarios no puede considerarse una regulación neutral desde el punto de vista ideológico, y que, en tanto supone una merma de las posibilidades de participación de estos usuarios en un foro público, ha de entenderse contrario a la Primera Enmienda. Cosa curiosa, hoy día, cuando su cuenta fue suspendida permanentemente, este criterio judicial ahora le puede ser útil a Trump para incoar una acción judicial en contra de la actitud censora de la red.

En cualquier caso, esta jurisprudencia suscita cuestiones jurídicas que van más allá de lo que se discute en el caso particular. Entre ellas, una fundamental es analizar si el Twitter de Trump habría de considerarse un foro público, por qué no extendemos este razonamiento a la propia red social. Es decir, si una institución o autoridad pública cuando es usuaria de la red social está sometida a la Primera Enmienda en sus quehaceres interactivos, por qué no exigir a la propia red que tome en consideración las obligaciones constitucionales que impone el derecho a la libertad de expresión, ya que, en último término, es la propia red social la que se ha convertido en un foro público.

Es evidente que esto significaría debatir dos posiciones: una sería asumir que Twitter no es libre para poder llevar a cabo un control o escrutinio sobre los mensajes que se difunden a través este canal. La otra es llevar a la controversia el impacto significativo en la propia libertad de empresa y, especialmente, en relación a la auto-regulación que se quisiera llevar a cabo por parte de la red social para prevenir patologías en la formación de la opinión pública. He ahí el dilema. Es más que probable que éste u otros litigios similares. ya judicializados y dictaminados en sentido similar, terminen ante la Corte Suprema norteamericana, quien deberá confirmar o no esta interpretación de la Primera Enmienda, en su aplicación a las acciones de bloqueo de la red social.

Nos inclinamos a pensar que Twitter funciona como una suerte foro de foros, y algunos de esos subforos que lo integran sí pueden considerarse foros públicos. A este respecto, la relación jurídica entre Twitter, que es la plataforma que les da cabida, y estos foros creados dentro de ella por ciertas instituciones o autoridades públicas reviste, desde luego, una especial complejidad. En consecuencia, ante el hecho que Twitter cancele determinados perfiles institucionales por motivos puramente ideológicos, esa supresión de lo que no son sino foros o subforos públicos, afectaría no sólo a la institución o autoridad pública que los crea, maneja y controla, sino también a los usuarios que concurren en ellos, y ello difícilmente sería inmune a las exigencias de la Primera Enmienda. Si bien esta disposición constitucional protege a los ciudadanos frente a los poderes públicos y no rige en las relaciones entre particulares, habría que atender a la especial contribución de ciertas redes sociales en la construcción de la opinión pública, singularizando su estatus jurídico. La adecuada comprensión jurídica de la red como “nuevo y vasto foro democrático” no es, en cualquier caso, una cuestión pendiente de la democracia norteamericana, sino de cualquier democracia liberal del mundo.

El tema pica y se extiende con Trump, víctima o victimario, según el bando acusador o defensor, primer Presidente norteamericano sometido dos veces a juicio político en la Cámara de Representantes del Congreso, en cuyo segundo impeachment está imputado nada menos que por “incitación a la insurrección”, y a quien le restablecieron sus cuentas en Facebook e Instagram, porque los poderosos dueños de estas redes han medido los efectos de su censura en el valor de sus acciones.

Hay un vasto campo de estudio y acciones judiciales posibles en las dinámicas, controvertidas e inseguras actuaciones de las Big Tech. Lo que sí es cierto es que pocas veces en la historia de la humanidad un acontecimiento ha tenido tanto alcance global, como el peso y la influencia del “wonderful sense” de los 280 caracteres del lenguaje en Twitter, para sintetizar otra fuerza, tan natural como la esencia misma del ser humano: el poder de la palabra.

Este artículo fué redactado por una nueva incorporación a esta familia, a un grande, el Dr. Isaac Villamizar Abogado Constitucionalista quien es Profesor de Postgrado Comunicaciones en Marketing  en la UNET y quien asume nuevamente el reto del Derecho Privado despues de 25 años en la administración pública. 

El pragmatismo en el fútbol.

pragmatismo

 

Supongamos una escena que puede ser tan parte de la vida cotidiana como cualquier otra. Llega por la mañana a su oficina o escuela y decide ir a la cafetería por una taza de café. El cielo está nublado, hay poca luz, a pesar de ser muy por la mañana, el aire se siente frío, casi helado. El mismo clima que hace que la sensación de olor sea fresca, con olor a hierba y un tanto a barro mojado; casi como si pudiese sentir el rocío de la mañana sobre su rostro. De pronto, encuentra en la puerta de la cafetería un rostro conocido, amable, sereno, que al combinar con la mañana refleja tranquilidad. De inmediato piensa que es una ocasión más que certera para iniciar una gran charla. Comienzan a hablar sobre el clima, sobre la satisfacción de tomar una buena taza de café por la mañana, la sonrisa en el rostro de su interlocutor le hace disfrutar aún más la bebida y la charla se vuelve más que amena; ríen y ríen. De pronto, usted comenta lo difícil que es soportar a las personas que no conversan más que de futbol, que la plática lo tiene contento y que, realmente, no puede entender como las personas pasan tanto, y tanto tiempo viendo telenovelas y mirando el futbol. Acto seguido su interlocutor cambia de aspecto. La mirada se vuelve fría; es algo que puede notar claramente. Ya no conserva esa sonrisa dibujada en el rostro, ni siquiera podría decir que se ha desdibujado; simplemente se ha esfumado. No alcanza a comprender por qué, pero antes de que su interlocutor pronuncie una palabra, se da cuenta de que tiene escasos segundos para tomar una decisión: o bien sigue el tema de la conversación, esperando que en el desarrollo de la misma se dé cuenta del porqué de la reacción de su interlocutor o, quizás, tratando de adivinar el gesto de su acompañante, cambia drásticamente el tono esperando regresar al momento previo. Toma una decisión e Intenta disimular un poco el tema y afirma que quizás el futbol no sea el problema, sino la enajenación extrema y que, incluso, durante el mundial, usted observa uno que otro partido de la selección y, quizás eso sí, acompañado de un buen café.

Este es un ejemplo de una interacción social de la vida cotidiana tan común como cualquier otro. Una interacción que conlleva una comunicación entre dos agentes, en el plano simbólico, a través del lenguaje, pero también a través de la conversación de gestos. Analicemos el ejemplo anterior a detalle: Al darse la conversación, uno de los agentes cambia de aspecto, su gesto se modifica en el momento en que escucha una declaración que no le agrada, no dice nada, sin embargo, su aspecto lo delata. El gesto de su rostro es indicativo de que algo no va bien, no es la interacción esperada. Acto seguido, la persona que emitió la declaración se encuentra ante una disyuntiva: o bien continúa con la conversación, sin importarle el gesto de su interlocutor; o bien, “lee” o “interpreta” el significado de esos gestos y se da cuenta de que para seguir en la interacción puede adelantarse a que su interlocutor defienda verbalmente el futbol, y decide defenderlo por sí mismo. Por ello, modifica su comentario, e intenta, de alguna manera, corregir lo que ha dicho o, al menos, tratar de redirigir la conversación para que su compañero se sienta más a gusto y regresar, quizás, al momento agradable anterior.

¿Qué es el pragmatismo?

Tengo la seguridad de que ninguno de ustedes es lego acerca de esta pregunta, pero, al mismo tiempo, hemos hallado que aun para aquellos filósofos que afirman ser pragmatistas no es fácil decir qué es el pragmatismo de un modo que satisfaga a todos y cada uno. Así pues, esperamos que no les importe si comenzamos con una definición lexicográfica del pragmatismo. Dicho procedimiento nos dará lo que Peirce denomina un segundo grado de claridad de la aprehensión. De acuerdo con el Diccionario Online Merriam-Webster, el pragmatismo es

un movimiento americano de filosofía fundado por C. S. Peirce y William James y caracterizado por las doctrinas de que el significado de las concepciones se debe buscar en sus repercusiones prácticas, de que la función del pensamiento es guiar la acción y de que la verdad se debe examinar preeminentemente por medio de las consecuencias prácticas de la creencia“.

Tenemos aquí un buen punto de partida. Encontramos tres elementos clave: (1) el significado está asociado a repercusiones prácticas; (2) la función del pensamiento se concibe como una guía para la acción y (3) se dice que el examen de la verdad consiste en las consecuencias prácticas de la creencia. Por cierto, se trata de claves para la comprensión del pragmatismo en general. Pensamos que es especialmente importante recordar que los pragmatistas originarios estaban atrapados en una ola de naturalismo que los indujo a otorgar un gran peso a la idea de que el pensamiento funciona como guía para la acción y que, como tal, conecta la experiencia pasada con las circunstancias presentes y con las expectativas futuras. Es fundamental que el pensamiento juegue un importante papel en la supervivencia humana.

Si vamos al Oxford English Dictionary para una ilustración histórica importante del uso del término “pragmatismo”, encontramos la famosa cita de 1898 tomada de la introducción pública que de la palabra hizo William James: “Lo principal del practicalismo o pragmatismo, como [C. S. Peirce] lo denominó, cuando por primera vez le oí enunciarlo en Cambridge [Mass.] en los primeros años de 1870, es la pista… siguiendo la cual… podemos seguir nuestro propio sendero.” Nos gusta esta alusión de James a mantenerse en el propio sendero. Tal cosa muestra que desde el comienzo se entendió que el pragmatismo tenía algo que ver con el hecho de que el pragmatismo tiene el propósito o la función de guiar el pensamiento.

Al considerar lo que el pragmatismo es, podemos ver que estamos privilegiando los primeros pragmatistas, Peirce y James, más que los pragmatistas más contemporáneos, como, por ejemplo, Rorty y Brandom. Concebimos a este pragmatismo temprano, el movimiento filosófico que comenzó con el antiguo Club Metafísico de Cambridge, como el pragmatismo clásico que aún hoy guía a los pragmatistas. No todos están de acuerdo. Algunos piensan que la forma más vital del pragmatismo actual, algunas veces denominado “neopragmatismo”, se deriva del activismo democrático de Richard Rorty más directamente que de las preocupaciones por la claridad del significado y la verdad que motivaron al pragmatismo clásico (cfr. Mark Bauerlein, The Pragmatic Mind, Duke Univ. Press 1997). Rorty mismo, no obstante, retrotrae su pragmatismo a James y, especialmente, a Dewey, pero desestima a Peirce por haber tomado el camino equivocado. Así es que puede ser un poco engañoso sugerir, como quizás he hecho, que hubo unanimidad entre los primeros pragmatistas. Me veo obligado a considerar la pregunta:

Existe una corriente, tan anticuada como obsoleta, que sigue sosteniendo que al fútbol se debe jugar de igual manera en todos lados, en cualquier circunstancia y soportando cualquier presión externa o interna. “El estilo no se negocia”, “equipo grande sale a ganar en cualquier cancha”(Acaso, más allá de cualquier sospecha infundada que en nada vienen al caso, ¿alguien sale a la cancha a perder?). Es un pensamiento fundamentalista, corto y miope, que no resiste análisis y no lo sostienen argumentos válidos, que sólo se defiende en frases trilladas y super instaladas como las ya mencionadas. El fútbol es un juego complejo, un deporte con innumerables aristas que lo hacen impredecible, donde influyen sobretodo los contextos. Como lo define Xavier Tamarit en su libro “¿Que es la periodización táctica?”, los equipos de fútbol son sistemas abiertos porque interactúan con el medio o ambiente en el que se desarrollan y son adaptativos porque reaccionan y se adaptan al entorno. Entonces, es prácticamente imposible jugar de igual manera todos los partidos, los campos de juego varían, los rivales se suceden, las dificultades son distintas, etc. y el equipo, a partir de su entrenador, debe preparar cada duelo de manera particular atendiendo todas las circunstancias que se  presenten. Surge así el pragmatismo en el fútbol. Tan viejo como moderno, ahora lo podemos identificar con una corriente filosófica.

El pragmatismo define que lo verdadero, es sólo aquello que funciona: La verdad radica en la utilidad y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es práctico si sirve para algo, si es posible de realizar . Así es que se rechazan las verdades absolutas y sostiene que  las ideas son provisionales, pueden cambiar, de acuerdo con el objetivo a lograr. Por lo tanto, y trasladándonos a los que nos incumbe, modificar estructuras, estrategias y tácticas en el fútbol, es más que válido y conveniente, para lograr la meta final: la victoria.

Los dos máximos exponentes actuales de esta corriente, y aunque resulte extraño ya que la prensa decidió colocarlos incorrectamente en veredas opuestas, son Joseph Guardiola y José Mourinho. Ambos, múltiples ganadores de títulos en donde han dirigido, supieron adaptar a sus equipos a las circunstancias que se les presentaban, saliendo  victoriosos casi siempre. El primero, en sus tres temporadas en Barcelona, y en las dos que lleva en Munich, armó equipos muy diferentes, con distintas ideas pero con una misma raíz: el juego posicional, a través de la tenencia la desarticulación del rival. Así es que, para derrotar a rivales de mayor dificultad, Pep ha hecho cambios posicionales, desde un Messi de extremo a falso 9, a línea 3 y 4, colocar a Busquets, Keita, Lahm o Xabi Alonso de primer pase o de armador, o hasta un Robben corriendo hasta su propia área al lateral rival. Por su parte, el portugués, aficionado al  pragmatismo más puro y acérrimo, a adaptado sus ideas de acuerdo a las plantillas con las que contaba: equipos más verticales y contragolpeadores, con doble pivote y tres veloces rompedores de líneas, mas un centro delantero dúctil y goleador. Así es que ha sabido aprovechar al máximo el jugo de sus frutos, con equipos eficaces, prácticos y hasta goleadores, sin temor de hacer planteos ultra-defensivos para defender una ventaja y conseguir el resultado. Muy distintos a las miradas más superficiales, pero muy parecidos en su filosofía, los dos preparan sus partidos de acuerdo con los rivales y las eventualidades, y así han logrado convertirse en los entrenadores más exitosos de la actualidad.

Para lograr el pragmatismo con el que el equipo funcione correctamente, más allá de todas los cambios eventuales, se requiere trabajo. Y mucho. Un plantel mixto, en cualidades y posiciones, con jugadores inteligentes que entiendan las formas y se comprometan al máximo, un entrenador detallista con una idea raíz sobre la cual trabajar pero que se sujete a las coyunturas de la temporada, un trabajo físico adecuado, un ambiente preparado y paciente. Sobre todo, paciente. Son metas que sólo se logran con tiempo, y vale repetir, con trabajo.

En Argentina asistimos a la saludable aparición (y confirmación, esta semana) de un entrenador pragmático y trabajador: Marcelo Gallardo. En sus primeros momentos, supo dotarle a un equipo campeón – con la confianza que eso refiere- de un estilo propio muy atractivo: intensidad, presión, tenencia prolija, participación de todos los jugadores en el circuito futbolísticos. Así, arrolló a sus rivales y parecía que se encaminaba fácil a obtener otra copa Libertadores. Sin embargo, se le empezaron a presentar diversas dificultades: pandemia, equipos más complicados, lesiones, cansancio. Cambió y no temió, hasta modificó su táctica. Aquí la prueba de fuego para el “Muñeco”, que decidió mutar su estilo para lograr los objetivos. Así, no escatimó en arriesgar en el mediocampo, ni en alejar el peligro a través de salidas largas y rápidas, ni en buscar aprovechar su gran momento. River fue pícaro e inteligente, no pudo mantener el estilo de las primeras fechas, pero ganó y esto lo logró gracias a un plantel comprometido con su entrenador, Marcelo Gallardo, que mostró sus credenciales para encolumnarlo dentro de la lista de los pragmáticos. Y si ha fallado en el torneo local o puede llegar a fallar también mas adelante, será sólo porque todo proceso implica etapas buenas y malas, de ahí el reinventarse. Demostró trabajar, sólo necesita tiempo y aumentar los recursos con los que cuenta. Y como sostuvimos en el párrafo anterior: paciencia. De mantener este proyecto, River tendrá más alegrías que tristezas y podrá afrontar un nuevo proceso exitoso que comienza desde sus bases e instituciones.

Existe mucha injusticia en el ambiente del fútbol y en el público, sobre el pragmatismo. Muchos se han animado a juzgarlo y a calificar a los entrenadores que abiertamente se asumen a esta corriente. El pragmatismo, no está bien o mal, no es lindo o feo, el pragmatismo es la búsqueda del resultado por sobre todas las cosas, es lo útil, es lo práctico, es lo primordial del fútbol: dos equipos compiten y se enfrentan en busca de una victoria. Cada entrenador, jugador o dirigente, sabrá y considerará cuál es el medio mas conveniente. El pragmatismo no tiene absolutamente nada que ver con estilos, ni idea, ni con posesión, ni quien llega más, ni quien es mas defensivo, ni mas goleador, ni más atractivo ni aburrido. El pragmatismo se une y apunta al fútbol en su objetivo más básico: ganar. 

Si hiciéramos del pragmatismo la base para que nuestra dirigencia, ligas y asociación de Jugadores se unan como uno solo para respetar y salvaguardar los derechos de nuestros futbolistas, seguros estamos que el éxito de nuestro deporte no terminaría nunca.  

 

El problema jurídico del doble registro de nacimiento Colombia-Venezuela.

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La Constitución Colombiana, establece que son Colombianos por nacimiento las personas nacidas en el territorio nacional, que al menos uno de los padres sea nacional colombiano o que siendo hijos de padres extranjeros, por lo menos uno de sus padres se encuentre domiciliado en Colombia al momento del nacimiento; así como los hijos de padre o madre colombianos nacidos en el extranjero. De mismo modo, serán colombianos por adopción los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización, los latinoamericanos domiciliados en Colombia con autorización del gobierno y los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorio fronterizo según tratados públicos.

Como vemos, es el Estado quien legisla y establece los criterios para otorgar la nacionalidad; estos criterios son originarios y derivativos siendo originarios los que atañen a esta investigación y que fundan la nacionalidad en “el lugar de nacimiento (ius solí) o la filiación familiar (ius sanguini)” (Yankelevich, 2014) A tal fin, La prueba del nacimiento en Colombia es el registro civil de nacimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la ley 43 de 1993 (Ley 43, 1993), modificado por el artículo 38 de la ley 962 de 2005 (Ley 962, 2005), el decreto 1260 del 27 de julio de 1970 que consagra los hechos y actos de obligatorio registro.

 Por su parte, en la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a la nacionalidad de conformidad con el artículo 32 de la constitución, es venezolano por nacimiento aquel que nace en territorio venezolano y los nacidos en el extranjero hijos de padres venezolanos (República Bolivariana de Venezuela, 1999) del mismo modo, existe el registro civil de nacimiento regulado por la Ley Orgánica de Registro Civil, que consagra en su artículo 3 entre los hechos y actos registrables el nacimiento, la defunción, actos y hechos relativos al estado civil de las personas entre otros. (Ley Organica de Registro Civil, 2009).

Las normas que regulan la nacionalidad tanto en Colombia como Venezuela son relativamente nuevas debido a que proceden de la constitución de Venezuela de 1999 y de Colombia de 1991, ya que antes de dichas normas las constituciones de los dos países no permitían la existencia de la doble nacionalidad, por el contrario, establecían la necesidad de renunciar a la primera en caso de obtener una nueva.

Es público y notorio que, en la ciudad de Cúcuta Norte de Santander, durante mucho tiempo e incluso hoy día, pero con menos frecuencia se acostumbró a que los padres colombianos registrarán sus hijos en Colombia en razón a su nacimiento y posteriormente se dirigieren a las poblaciones de Ureña o San Antonio en el Estado Táchira, en la República Bolivariana de Venezuela, a registrar nuevamente sus hijos como nacidos en Venezuela. De igual manera, colombianos domiciliados en Venezuela al nacer sus hijos en dicho territorio los registraban como nacidos allí y luego regresaban a Colombia para nuevamente registrarlos como nacidos en tierra colombiana. El doble registro de nacimiento genera un problema socio-jurídico por cuanto uno de dichos registros se ajusta a la realidad y el otro necesariamente es irregular; como quiera que no se puede nacer dos veces en lugares diferentes y es en el lugar real de nacimiento donde legalmente procede su registro civil. Este doble registro que si bien fue realizado por los padres afecta en algunos casos a los hijos, quienes al crecer han solicitado sus respectivas cédulas de identidad, afrontando circunstancias penosas, como un grupo de clientes nuestros que al momento de solicitar regularización de su estatus migratorio en Norteamérica les fue negada por dicha situación.

Situaciones como las anteriores, son las que llevan a que entre la población portadora de estos dobles registros y dobles cédulas, se de una preocupación constante y demanden de los operadores jurídicos de ambos países una solución que les permita legalizar su situación.

La pensión de invalidez en Colombia.

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Como ninguna persona está exenta de accidentes que pueden resultar graves al punto de generar un estado de invalidez que le impida volver a trabajar, en este artículo presentamos las principales inquietudes sobre este interesante tema.

La pensión de invalidez que se concede al afiliado cuando haya perdido el 50% o más de su capacidad laboral, es reconocida por dos vías: en el Sistema General de Pensiones, cuando es de origen común o por el Sistema de Riesgos Laborales cuando es de tipo profesional.

La Corte Suprema de Justicia ha precisado que la norma aplicable para definir los requisitos que debe cumplir el afiliado para obtener la pensión de invalidez, es la que estaba vigente a la fecha en que se estructuró la invalidez.

Insistiendo en que para el Sistema General de Pensiones un afiliado es considerado inválido cuando pierde el 50 % de su capacidad laboral, si la invalidez se causa por enfermedad esa persona debe haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.

Cuando la invalidez se cause por accidente de trabajo o por una enfermedad laboral, si el afiliado es mayor de 20 años debe haber cotizado 50 semanas o más dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de dicha invalidez.

Los menores de 20 años sólo deberán acreditar que han cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.

Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75 % de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres años.

Cabe precisar que estos requisitos aplican para los dos regímenes. No obstante, si el afiliado se encuentra en estado de invalidez y no ha cotizado el suficiente número de semanas para acceder a la pensión puede optar por el retorno de los aportes a través de dos figuras: (i) indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez en el régimen de prima media y (ii) devolución de saldos por invalidez en el régimen de ahorro individual.

En Colombia hay dos regímenes de pensión: el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), bajo el que operan las Administradoras Privadas de Fondos de Pensión (AFP), como Colfondos o Porvenir; y el Régimen de Prima Media (RPM), administrado por Colpensiones. Se trata de dos regímenes excluyentes entre sí, que si bien se rigen por algunos principios comunes y disposiciones generales, tienen regulación propia.

El RPM es el mecanismo mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes o, en su defecto, la indemnización sustitutiva, según lo establecido en la ley.

A este régimen serán aplicables las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo de Colpensiones, y tiene las siguientes características:

· Los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública, que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados.

· El Estado garantiza el pago de los beneficios a los cuales se hacen acreedores los afiliados y sus beneficiarios.

· La persona se pensiona cuando ha cumplido 62 años si es hombre y 57 si es mujer. En ambos casos, debe haber cotizado por lo menos 1.300 semanas.

El RAIS es un régimen del sistema general de pensiones que es gestionado por fondos privados de pensión, como Colfondos o Porvenir, en el cual cada persona se financia su propia pensión con los aportes que realice durante su vida.

Características:

• Los aportes van a una Cuenta de Ahorro Individual de propiedad del cotizante.

• El afiliado se pensiona cuando acumule en su cuenta individual el capital suficiente para financiar su propia pensión.

¿Cuándo una persona se considera inválida en el Sistema General de Pensiones?

Se considera cuando el afiliado pierde el 50 % o más de su capacidad laboral por un riesgo común.

¿Cuándo un persona se considera inválida en el Sistema de Riesgos Laborales?

Será inválido cuando como consecuencias de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral ha perdido el 50 % o más de su capacidad laboral.

Como norma general, ¿es viable reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a través de la acción de Tutela?

Esta circunstancia solo será viable cuando el reclamante logre demostrar, entre otras cosas, que se encuentra en circunstancias de indefensión, vulnerabilidad y debilidad manifiesta.

¿Cómo se determina el grado de invalidez de una persona?

Para determinar si una persona es inválida o no, la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), la entidad de pensiones y las Juntas de Calificación de Invalidez deben aplicar el Manual Único de Calificación de Invalidez expedido por el Gobierno Nacional.

Durante el proceso de calificación de invalidez las entidades de seguridad social y las Juntas de Calificación de Invalidez ¿deben hacer una evaluación integral del individuo?

Con la expedición de la sentencia C-425 de 2005 de la Corte Constitucional, al momento de calificar la invalidez las entidades competentes deben analizar integralmente al individuo (tanto sus patologías de origen común, como las de origen laboral) y pagar las prestaciones a que tenga derecho como resultado de dicha valoración. Una valoración parcializada, en criterio de ese alto Tribunal, viola el derecho a la igualdad.

¿A partir de qué momento se le comienza a pagar a un trabajador una pensión de invalidez?

La pensión de invalidez se le pagará al afiliado desde el mismo día que se le estructure la invalidez.

Cuando el estado de invalidez se origine en la ocurrencia de un accidente, ¿la fecha de estructuración siempre es el la ocurrencia de dicho evento?

No. La Corte Suprema aclaró que la fecha de estructuración será aquella en la que se tenga certeza que no existen posibilidades de mejoría o curación del afiliado, situación que puede o no coincidir con la fecha de ocurrencia del accidente.

WhatsApp, Facebook y el uso no consentido de nuestros datos personales.

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WhatsApp es, sin duda, una de las aplicaciones más exitosas del mundo, con más de dos mil millones de usuarios activos, y se ha convertido en una plataforma de uso diario que les permite a las personas comunicarse rápidamente.

Una de las características que más destaca la compañía es el hecho de que las comunicaciones están cifradas de extremo a extremo, eso quiere decir que solo las personas involucradas en el chat pueden ver su contenido y la plataforma no puede acceder a los mensajes, ni estos tampoco quedan almacenados en sus servidores.

Aun así, Apple recientemente hizo una nueva actualización de privacidad que muestra cuáles son los datos que almacenan las aplicaciones que son descargadas en su tienda Apple Store.

En esto señaló que la popular aplicación de mensajería instantánea, propiedad de Facebook, recopila información de los contactos que están agregados en nuestro celular, así como la IP de la conexión y datos comerciales.
Situación que generó que WhatsApp decidiera publicar en su página web oficial cuál es la información que recopilan de sus usuarios y que no se encuentra cifrada. “Si bien debes otorgarnos acceso a tus contactos para que podamos entregar los mensajes que envías, no compartimos las listas de contactos con nadie para que haga uso de ellas, ni siquiera con Facebook”, indicó.

Esta es la información a la que la aplicación accede cuando es descargada en un dispositivo móvil:

- Datos de contacto: la compañía indicó que ellos tienen el número de teléfono del usuario y en algunos casos su correo electrónico, si este último es incluido por el usuario.

- Contactos: la plataforma tiene acceso a los números de todos tus contactos. “Te solicitamos permiso para acceder a tus números de teléfono a fin de identificar cuáles de ellos están verificados en nuestro sistema. Si eliges otorgarnos permiso, la aplicación muestra los nombres que selecciones de tu lista de contactos”, indica WhatsApp.

- Datos financieros: esto aplica para los países en donde la aplicación tiene habilitado los pagos dentro de la plataforma, con esto accede a la información del banco en el que el usuario tiene su cuenta y los datos de tarjeta de crédito que es registrada por la persona.

- Compras: si el usuario accede a cuentas que tienen tiendas en Facebook y WhatsApp, la plataforma conoce cuál es la actividad de compra, tanto los productos que adquiere como los que la persona mira. “Esto significa que las búsquedas y tus experiencias de compras en las tiendas pueden influir en lo que ves en las tiendas y en otros productos de Facebook”, detalla la compañía.

- IP de la conexión: la aplicación puede acceder a la dirección IP de la cual se conecta el teléfono para poder usarla.

- Ubicación: la compañía señala que aunque no tienen acceso de la ubicación precisa del usuario, sí tienen la dirección IP y el código del país del número de teléfono usado por la cuenta.

- Contenido de la cuenta: WhatsApp señala que reciben la información de foto, nombre y descripción del perfil de la cuenta y de los grupos.

Pero al inicio de este año, la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp les notificó a sus usuarios una serie de cambios en sus términos de servicio y políticas de privacidad, las cuales comenzarán a regir desde el próximo 8 de febrero.

La compañía indica que las actualizaciones le permitirán al usuario obtener más información sobre como la aplicación trata los datos de cada cuenta, cómo las empresas pueden usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp y cómo están asociados con Facebook para “ofrecer integraciones en los productos de las empresas de Facebook”.

Dentro de su página oficial, la aplicación, con más de 2 mil millones de usuarios activos en el mundo, señala cuál es la información que recopilan de los usuarios, cómo la usan, cuáles son los datos que los usuarios y la compañía comparten, cómo lo usan con las otras empresas que pertenecen a Facebook, cómo procesan los datos, entre otros.

¿Qué información recopilan?

WhatsApp indica que ellos acceden a la información de la cuenta de los usuarios, eso significa su número de teléfono móvil, el nombre del perfil, imagen y descripción que incluye la persona.

En cuanto a los mensajes, la plataforma señala que cuentan con cifrado de extremo a extremo, por lo que no se almacenan en los servidores de la compañía, pero si en los dispositivos del usuario. Así mismo, la aplicación accede a todos los contactos que están guardados en el celular.

La app también recoge los datos de transacciones y pagos, esto para los países en donde están habilitadas las compras dentro de la plataforma. La información corresponde a la transacción, su método de pago, detalles de envío y el monto.

Por otro lado, la compañía recopila información de la actividad del usuario dentro de la aplicación, esto quiere decir cómo interactúa con los otros usuarios, incluidas empresas o negocios, el tiempo, la frecuencia y la duración de esas interacciones.

Esto también incluye información sobre cuándo se registró para utilizar nuestros servicios; las funciones que utiliza, como nuestra mensajería, llamadas, estado, grupos (incluido el nombre del grupo, foto del grupo, descripción del grupo), pagos o funciones comerciales; foto de perfil; información ‘acerca de’; si está en línea; cuándo utilizó por última vez nuestros servicios (su ‘última vez que lo vio’)”, entre otras cosas.

La plataforma recopila un amplio número de datos del usuario.

Así mismo, la aplicación de mensajería también accede a información del dispositivo en el que usa la aplicación, esto quiere decir su modelo, su sistema operativo, el nivel de batería, intensidad de la señal, cuál es la versión de la aplicación que tiene, el operador de telefonía, datos del navegador que usa, información de la conexión, el número telefónico, la dirección IP, idioma y zona horaria.

Además, WhatsApp recopila datos sobre la ubicación del dispositivo. “Incluso si no usa nuestras funciones relacionadas con la ubicación, usamos direcciones IP y otra información, como códigos de área de números de teléfono, para estimar su ubicación general (por ejemplo, ciudad y país)”, indica la compañía de Facebook. La plataforma también usa cookies para operar.

En cuanto a la información de terceros, la app recibe información de la persona proporcionada por otros usuarios. “Cuando otros usuarios que usted conoce utilizan nuestros servicios, pueden proporcionar su número de teléfono, nombre y otra información (como información de su libreta de direcciones móvil) del mismo modo que usted puede proporcionar la de ellos”, precisa la aplicación.

¿Cómo usan la información?

La compañía asegura que esta información recopilada de sus usuarios es utilizada para “operar, proporcionar, mejorar, comprender, personalizar, respaldar y comercializar” los servicios que ofrecen.

Así mismo, dentro de la política de privacidad WhatsApp señala que a las empresas y negocios que hacen uso de la plataforma le pueden proporcionar métricas sobre el uso que hacen de los servicios.

Además, la aplicación de mensajería asegura que como hace parte de las empresas de Facebook, WhatsApp recibe la información de las otras empresas del conglomerado, como es el caso de las redes sociales Facebook e Instagram.

La política actualizada deja claro que los datos recopilados por WhatsApp se compartirán ahora con Facebook, lo quiera o no el usuario. Estos datos incluyen los números de teléfono, «datos de transacciones, información relacionada con el servicio, información sobre cómo interactúa con otros (incluidas las empresas)» cuando utiliza sus servicios, así como información del dispositivo móvil y la dirección IP, entre otros.

«Como parte de las empresas de Facebook, WhatsApp recibe información de las otras empresas de Facebook, y también comparte información con ellas», explica la política de privacidad. «Ambas partes podemos usar la información que recibimos para operar, proporcionar, mejorar, entender, personalizar, respaldar y promocionar nuestros Servicios y sus ofertas, incluidos los productos de las empresas de Facebook», añade.

Compartir datos con Facebook será obligatorio para todos los usuarios, excepto para los de la UE, donde se aplica desde 2018 el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR por sus siglas en inglés).

Ante la inquietud de nuestros clientes corporativos y personales, nuestra posición ha sido la misma, si no existe forma de rechazar el uso de las condiciones de WhatsApp, es porque el consentimiento no se está otorgando de forma voluntaria, lo que implica que el mismo es forzado y en consecuencia ilegal, lo que nos ha obligado a recomendar que se deje de usar la aplicación.

Pueden o no, clubes y futbolistas reclamar ante el TAS?

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La supranacionalidad y la autonomía propias del deporte asociado han permitido generar un sistema de autorregulación en materia deportiva, que va más allá de la cuestión organizacional o lúdica. La compleja estructura del deporte asociado ha generado un sistema que en muchos casos es independiente de las estructuras estatales y de la propia ley nacional. En este sentido, la autorregulación sancionatoria es uno de los mejores ejemplos de la autorregulación y autonomía del deporte asociado.

Así el sistema deportivo se erige como un universo propio el cual determina sus reglas, las ejecuta y ejerce el contralor de su cumplimiento. En este punto, si bien cada asociación internacional de tercer grado posee, en principio, la suma potestad sancionatoria dentro de su ámbito de competencia, existe un gran consenso en delegar la revisión de sus resoluciones sancionatorias a una instancia superior, e independiente de dicha asociación.

La justicia deportiva tiene en el Tribunal Arbitral del Deporte de Lausana una instancia revisora de todos aquellos conflictos que se suscitan y son resueltas por las autoridades competentes de cada deporte asociado en particular.

Una de las particularidades que diferencian al TAS de los tribunales arbitrales de las distintas asociaciones sometidas a la jurisdicción arbitral de este órgano jurisdiccional es el apego a los aspectos formales del conflicto suscitado.

La legitimación, entendida como aquella demostración de la existencia de la calidad invocada, es activa cuando se refiere al actor y pasiva cuando al demandado.  De allí que se puede afirmar que la legitimación activa es simplemente la posibilidad de ejercer en juicio la tutela de un derecho.

La legitimación para obrar, en general, hace referencia a la titularidad del derecho que se ejercita en el proceso y constituye un presupuesto esencial para la admisión de la acción. La falta de legitimación activa impide que prospere la acción interpuesta por el actor toda vez que este último no tiene el derecho para promover o la capacidad de obrar denominada legitimatio ad causam.

No debe confundirse el vicio procesal de falta de cualidad, con la falta de legitimación. En el primer caso existe una carencia de capacidad civil o legal de las partes o sus representantes legales o voluntarios que constituye un presupuesto de la relación jurídica procesal que se genera en el proceso (legitimatio ad procesum), mientras que como ya se mencionó con anterioridad la falta de legitimación activa responde a un defecto en la pretensión procesal, dado que quien alega ser titular de un derecho no posee la titularidad de la acción pretendida.

La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionara, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. Así, la legitimación exigible a quien ocurra a la jurisdicción en procura de justicia, en principio, ha de estar vinculada a la alegación de una afectación o perjuicio en su círculo de intereses tutelados por el ordenamiento, que posea una conexión con la conducta tildada de ilegítima o indebida del accionado como también que sea susceptible de reconocerse, restablecerse o repararse, mediante el remedio propugnado.

Circunscribiendo los presupuestos de la legitimación activa en las apelaciones efectuadas al TAS, corresponde en primer término analizar lo establecido por la legislación suiza para las asociaciones civiles, para luego aplicarlo a la problemática deportiva en particular. El art. 176 de la Ley Suiza de DIP prevé que sus disposiciones relativas al arbitraje se apliquen a todo arbitraje “si la sede del tribunal se encuentra en Suiza”. El derecho suizo considera esta regla como imperativa y prohíbe a las partes disociar la sede del arbitraje de la lex arbitri. El Reglamento de Procedimiento del TAS aplicable al procedimiento ordinario hace del derecho suizo el derecho aplicable de modo subsidiario al fondo del litigio.

El derecho suizo, con relación a las asociaciones civiles, establece en el art. 75 de su Código Civil que “Todo socio se encuentra autorizado por la ley para impugnar judicialmente, en el mes a computar desde el día en que tomó conocimiento, las decisiones a las cuales no adhiere y que violen las deposiciones legales o estatutarias”. De este modo son solamente los socios de una asociación quienes están legitimados para impugnar las decisiones adoptadas por los órganos de dicha asociación, incluyendo aquellos órganos encargados de las funciones disciplinarias. Desde luego que en este caso se está frente a una norma de orden subsidiario que se aplicaría solamente ante una laguna o un vacío legal en el caso concreto. Pero además de ello, el articulo comentado también sirve como eje interpretativo para los reglamentos y estatutos de las asociaciones que se encuentran en territorio suizo, como es el caso de FIFA, COI o CIAS.

En lo atinente a los recursos de apelación interpuestos ante el TAS, su Código de Procedimientos en el artículo R47 establece que “Una apelación contra la decisión de una federación, asociación o entidad relacionada con el deporte puede presentarse ante CAS si los estatutos o reglamentos de dicho organismo así lo estipulan o si las partes han concluido un acuerdo de arbitraje específico y si el Apelante ha agotado los recursos legales disponible antes de la apelación, de acuerdo con los estatutos o reglamentos de ese cuerpo…”. Así, en un primer término se podrán apelar las decisiones adoptadas por federaciones, asociaciones o entidades relacionadas al deporte siempre y cuando aquellas entidades se hayan sometido a la jurisdicción del TAS como instancia revisora. Bien se sabe que el TAS no depende de ninguna institución, y tampoco se encuentra ligado a ningún orden jurídico particular, configurando un sistema de arbitraje transnacional al cual cada institución deportiva debe adherir en forma voluntaria para poder someter sus conflictos a su jurisdicción. De modo que las partes de la instancia revisora deben haberse sometido voluntariamente ante el TAS, pero también el impugnante debe haber agotado todas aquellas instancias que le otorga, estatutaria o reglamentariamente, la federación o asociación contra la cual está recurriendo el decisorio. Al respecto se ha dicho que se considera como requisito obligatorio que la parte que apele también haya sido parte en el procedimiento inicial ante el órgano jurídico que dictó la decisión apelada. En este orden de ideas, la jurisprudencia del Tribunal Federal de Suiza ha limitado considerablemente la posibilidad de apelar la resolución de un órgano deportivo por una parte de quien no ha sido parte del proceso en la instancia pretérita.

A los requisitos formales sobre la procedencia del recurso de apelación ante el TAS que establecen en el art. R47 del Código de Procedimiento, los laudos arbitrales emitidos por sus paneles han delimitado a los legitimados activos para acceder a esta instancia revisora. Así, se ha dicho en reiteradas oportunidades que el legitimado activo debe invocar un derecho propio al momento de apelar, debiendo tener un interés jurídico relevante y suficiente en la materia apelada. En este sentido, la jurisprudencia del TAS ha conceptualizado que interés jurídico suficiente es aquel que puede ser afectado en forma directa por el laudo. Tanto el Tribunal Federal de Suiza, como la jurisprudencia del TAS han afirmado que el interés debe ser concreto, legítimo y personal, debiendo existir y subsistir el mismo a lo largo de todo el proceso. En contrapartida, toda alegación abstracta o indirecta sobre un interés no es suficiente para legitimar activamente a un apelante. De este modo corresponde al apelante demostrar el agravio que le ha generado la decisión adoptada por algún órgano deportivo, y que el mismo afecta en forma directa algún interés o derecho del recurrente. Se entiende entonces que interés suficiente es un concepto amplio y flexible que comprende aquello que el apelante puede demostrar como interés deportivo o financiero. En otras palabras, el interés afectado debe repercutir en el derecho de propiedad del apelante, quien puede sufrir la disminución de su patrimonio como consecuencia del laudo arbitral; o si no se debe afectar la posibilidad de competir o altere condiciones de igualdad dentro de un evento deportivo de un deportista o institución.

Por lo tanto puede concluirse que la legitimación activa para recurrir al TAS dependerá de dos factores. Por un lado que el apelante sea considerablemente afectado por la decisión del laudo, y que el mismo recaiga sobre un interés financiero tangible o deportivo.

Por otro lado la capacidad de postulación -o ius postulandi- puede definirse como la aptitud para realizar directamente en el proceso actos procesales o como la capacidad para pedir o formular peticiones en juicio. Se trata de una capacidad especial, típicamente procesal, que el ordenamiento jurídico atribuye a ciertas personas en razón de los conocimientos técnicos que ellas poseen sobre la ciencia del derecho y la actividad judicial.

Precisamente, atendidas las complejidades y tecnicismos del fenómeno procesal, los distintos ordenamientos jurídicos suelen disponer que las partes, aunque se trate de personas naturales o jurídicas con capacidad procesal, vale decir, con la aptitud para realizar actos válidos en el proceso, actúen ante los tribunales representadas y defendidas por sujetos dotados de cierta capacidad técnica en función de su formación profesional.

Rochefoucauld en el Bulletin 1/2010, expresa que “La capacidad de demandar por sí sola es una condición para la admisibilidad, mientras que la falta de legitimación para demandar pertenece a las condiciones materiales de la reclamación

La jurisprudencia del CAS, confirmada por el TFS, señala que la legitimación para demandar y la legitimación para ser demandado deben tratarse como una cuestión de fondo y no como una cuestión de admisibilidad de la apelación (CAS 2017/A/5359, CAS 2017/A/5322, CAS 2017/A/5227…CAS 2016/A/4585, CAS 2015/A/4131 y ATF 114 II consid. 3a; ATF 126 III 59 consid. 1a). Por tanto, la cuestión de la legitimación para ser demandado será tratada por el Panel como una cuestión de fondo.

La reglamentación deportiva no se limita al terreno de las normas sobre competencia deportiva estricta, sino que la regulación se ha ampliado a otras facetas que se encuentran estrechamente ligadas al deporte y que son ajenas a la competición.

El TAS es el órgano jurisdiccional independiente de las federaciones internacionales que posee competencia para resolver los conflictos generados en el seno del deporte asociado.

Para poder acceder recursivamente al TAS es necesario que las partes se hayan sometido voluntariamente a esta instancia, y que el impugnante haya agotado todas aquellas instancias que le otorga, estatutaria o reglamentariamente, la federación o asociación contra la cual está recurriendo el decisorio. Además de ello, será necesario que el apelante sea afectado en forma concreta, legítima y personal, y que el agravio recaiga sobre un interés financiero tangible o deportivo, que debe existir y subsistir a lo largo de todo el proceso por la decisión del laudo en forma directa.

El periodo de préstamo y la compensación por formación.

Un período de préstamo no interrumpe el período por el cual se adeuda la compensación por formación, es decir,  la realización del préstamo no rompe la cadena.

El período de compensación por formación debe ser considerado como un período completo donde el jugador estuvo bajo contrato con su club de origen. Por tanto, el “ex club” recibe una compensación por formación por el tiempo antes y el tiempo después del préstamo.

Un club al que se le presta un jugador mientras permanece vinculado contractualmente con el club prestamista y que, por lo tanto, entrena efectivamente a ese jugador, tiene derecho a una indemnización por formación del club al que pertenece el jugador transferido de manera permanente.

Esta indemnización corresponde al período en el que brindó formación al jugador a menos que el club que preste pueda demostrar que asumió los costos de la formación durante la duración del préstamo. (CAS 2018/A/5513; CAS 2014/A/3620)

Acá hay que ser muy responsable, La noción de “ex club” no debe interpretarse stricto sensu para representar solo el club al que el jugador estaba vinculado contractualmente durante su formación, sino que también incluye club o clubes donde ese jugador jugó cedido durante un tiempo determinado. Una interpretación literal estricta de “ex club” conduciría a una desigualdad, posición en la que tanto los clubes que prestan como los clubes que toman jugadores en préstamo no recibirían compensación por formación.

Por la dignidad del futbol Venezolano.

Volver al despacho, ya cerrado en plenas fiestas y Pandemia, es solo porque jamás podremos dejar al lado nuestro juramento de hacer las cosas bien para que las personas obtengan lo que legal y justamente les pertenece, por eso somos Abogados y por eso decidimos abrir dentro de nuestra estructura un departamento de Derecho Deportivo, el cual ha resultado extremadamente exitoso,  como bandera de lucha que permita reivindicar una profesión y la vida de muchas personas.

Este 2020 nos trajo, demasiados golpes de realidad. Un consumo excesivo de verdad que está aniquilando con el futbol Venezolano, acabando la imaginación, deteniendo nuestra oportunidad de ser creativos en medio de la crisis. Al futbol ahora se le ve desde el materialismo. Una oferta que promete soluciones mágicas y una demanda express que exige soluciones inmediatas a los problemas de siempre. El hallazgo de respuestas desde la más pura transaccionalidad. Ofrezco pagar para que juegues, Te prometo que vivirás bien a cambio de que hagas la mejor inversión de tu vida. La reflexión profunda condenada a la charlatanería del intercambio tal cual trata de personas.

El futbol Venezolano vive queriendo superarse. En los países similares al nuestro que están a nuestro lado está la promesa que se convierte en condena: estamos en vías de desarrollo. Y así se quedan, siempre en la espera de lo que les dicen que un día serán.

Para entender el presente verdadero y el futuro posible hace falta ponerle mas ganas. Al final se van a parecer más de lo que pensamos. Es más, nos servirán como una mejor carta para pronosticar cómo será el futuro. No hace falta convertirse en un nerd de biblioteca capaz de pronunciar nombres incomprensibles para el resto. Solo tenemos que abrir los ojos e invertir tiempo en lo que otros seres humanos conciben en un mundo que aunque inexistente tendrá vínculos con esa realidad sin olvidar nuestra condición de humanos, en su condición de participe de un futbol en crisis, y en su condición de ser vivo pensante abrumado por lo que acontece a su alrededor.

El futbol es también un espacio para dejar de hundirnos en nuestras propias carencias y objetivos. Los latinos vamos a la cama preocupados por nuestros problemas y salimos de ella cargando con los mismos. Acudimos entonces al supuesto camino corto para entender cómo vivir de su pasión, los pasos a seguir para ser millonarios, las claves de vida de los hombres que transformaron al mundo. Todo en forma Frequent Asked Question. Todo basado en que alguien descubra por ellos lo que ellos no han podido descifrar en toda su vida. Y entonces se buscan soluciones en la red que sea y expresadas por quien sea, sobre todo si ese quien sea ha dominado el modo de dar soluciones existenciales en un posteo de quince segundos.

El conocimiento verdadero se construye con la capacidad de entenderlo desde la ficción. Los latinos debemos ejercitar nuestra capacidad de hacer analogías, de encontrar las metáforas e ironías de la vida. De asociar puntos aparentemente inconexos y resignificarlos a partir de nuestro propio criterio. Cada vez se lee menos de redes sociales porque el mensaje es reiterativo, volvamos a lo básico, a lo puro, volvamos por entender a los seres humanos, por adentrarnos en los verdaderos casos de innovación que transforman al mundo y no en leer textos enteros sobre el éxito de un botón sobre otro. El camino al éxito, estoy convencido, se construye de lo tangible que es el conocimiento que nos dice que dos más dos es cuatro, pero también desde nuestra capacidad de extraer respuestas desde la ficción y desde las historias que en apariencia nada tienen que ver con lo que hacemos, pero que en la práctica nos permiten sacar conclusiones que resultan en conocimiento sobre la industria en la que estamos

Siempre digo que para ser los mas grandes generadores de contenido legal de éxito en nuestra área, hemos de saber estar, saber compartir y saber aprender. A estos tres pasos, sumo uno que ha venido a mi mente mientras escribo: saber abstraerse. Para ser protagonistas de éxito de nuestras vidas hemos de ser capaces de asignarle relevancia momentánea a otros protagonistas, a nuestros Futbolistas y todo su entorno, que aunque a veces parecen irreales y aunque al final parezca que nada nos han dejado. Con frecuencia ellos y la historia de personas a las que en primera instancia no pensaríamos en ponerles atención, serán los que nos den respuestas a los conflictos existenciales con que venimos cargando. Las respuestas, como siempre están ahí, pero no en un curso express que promete convertirte en el mejor emprendedor ni en una frase que de tan reiterada se ha convertido en obra de millones de autores, sino en la amplitud de visiones que el ser humano se permite expresar a través de la ficción, esa que hoy desdeña el Futbol Venezolano por vivir buscando las respuestas de toda una vida en un truco, fraude o mentira de cinco minutos.

La ficción nos da la oportunidad de vivir dos veces. Y de contrastar, La ficción es en cierto modo el presentimiento de lo que vendrá y el manejo honesto, sin caretas, de lo que el que vive y otros seres humanos piensan que es. Vale la pena dedicar tiempo a ese mundo en el que los seres humanos se plantean hipótesis y en el que los lectores, escuchas o Jugadores deciden abrazarlas, o cuando menos, experimentarlas.

Saben ustedes cuantos trabajadores del futbol Venezolano, no cobraron al día de hoy, lo que justa y legalmente les pertenece, bajo la mirada cómplice de Liga, Federación y Sindicato, quienes si tienen para aunque sea llevar un detalle mínimo de alimentación a su casa.

Nuestro deseo es que el próximo año, el adecentamiento de la actividad sea una realidad, que se pueda trabajar justamente y sin miedo pero sobre todo que las partes entiendan que esta es una profesión, protegida por la ley y que debe ser respetada mas que por lo que se hace en el campo por lo digna que es.

Feliz año 2021.