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IMPORTANCIA Y VALOR DEL PASAPORTE DEPORTIVO

PASAPORTE

 

Con el desarrollo y aplicación de los mecanismos tendientes a proteger y recompensar a aquellos clubes que invierten en el entrenamiento y capacitación de jóvenes jugadores, ha crecido la importancia de los documentos que acreditan dicha formación, dando lugar a regulaciones específicas aplicables a los mismos. Como lo es, el llamado Pasaporte del Jugador.

Con la reforma del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores (de aquí en más R.E.T.J.) la Federación Internacional de Fútbol Asociados (F.I.F.A.) comenzó un proceso marcado por el reconocimiento y protección de los sectores más débiles de la práctica profesional del fútbol. Además de la modificación de sistema de transferencias de jugadores, consecuencia del conocido Caso Bosman, se incorporaron nuevas figuras tendientes a proteger tanto la estabilidad contractual como a los menores, dentro de la actividad futbolística. Dentro de esta impronta también se rediseño el sistema de compensación de clubes formadores, receptado principalmente en los mecanismos formación y solidaridad, todo a los fines de animar a los clubes al mejor entrenamiento de los jóvenes deportistas, obteniendo como contrapartida una compensación económica de aquellos que en un futuro contraten los servicios profesionales de aquél joven jugador.

 Dicho documento fue incorporado al R.E.T.J., en su Art. 7, bajo el nombre de “Pasaporte del Jugador”. A partir de este momento, se creaba una obligación en beneficio de los Clubes y Federaciones Nacionales, que de no ser cumplida, acarrearía la pérdida de los beneficios económicos otorgados por los mecanismos mencionados. Desde un punto de vista empresarial, la falta de confección y actualización de dicho documento, implica la pérdida de una inversión (muchas veces de años) realizada por la institución.

El Pasaporte del Jugador En primer lugar, cabe mencionar que el mencionado documento, es uno más de los registros creados por las federaciones internacionales deportivas tendientes a recopilar información referida a la vida deportiva del atleta. A los fines de evitar confusiones, se aclara que el presente pasaporte nada tiene que ver con el documento de viaje y esperemos que poco tenga que ver con el inminente Pasaporte Biológico, tendiente a registrar los controles anti dopaje que realice el jugador. El Pasaporte intentará proveer un registro cronológico de la carrera realizada por el jugador, los equipos donde ha jugado o ha sido registrado para jugar, “desde la temporada en que cumplió 12 años”. Sin perjuicio del evidente valor informativo que tiene el documento, el fin último del mismo se encuentra en el uso que del mismo se hará a los fines del cálculo y distribución de los importes resultantes de la contribución por formación y/o por solidaridad, por lo cual una situación no menor reviste la correcta confección y actualización del mismo. El Artículo 7 del R.E.T.J. establece expresamente quién es el obligado de la entrega del pasaporte del jugador como el contenido del mismo, y la época en la cual corresponde su creación. “La asociación que realiza la inscripción tiene la obligación de entregar al club en el que se ha inscrito el jugador un pasaporte del jugador con los datos relevantes de este último. El pasaporte del jugador indicará el club o los clubes en que el jugador ha estado inscrito desde la temporada en que cumplió 12 años. Si el cumpleaños de un jugador es entre temporadas, se inscribirá al jugador en el pasaporte del jugador para el club en el que estaba inscrito en la temporada siguiente a su cumpleaños.” Claramente del articulado se desprende:

1.- Que el obligado a entregar el pasaporte es la Asociación Nacional en la cual se registra el jugador.

2.- Que el contenido del documento está dado por los clubes en los que el jugador se ha desempeñado.

3.- Que la temporada en la cual el jugador cumple 12 años es la que inicia la registración en el pasaporte. Ahora bien, cada una de las anotaciones realizadas debe ser considerada en particular principalmente las dos primeras, puesto que la realidad dista de lo receptado en dicho articulado y las consecuencias de una “mala entrega del pasaporte” muchas veces redunda en la pérdida de los beneficios mencionados.

Como primera cuestión, donde el artículo dice “La asociación que realiza la inscripción tiene la obligación de entregar al club en el que se ha inscrito el jugador un pasaporte del jugador (…)” debe tenerse en cuenta que quien es la principal obligada, muchas veces no tiene los datos exigidos por la reglamentación internacional. Por lo tanto, un primer punto que merece análisis es quien tiene el deber de confeccionar el pasaporte (a diferencia de la entrega que claro está que debe ser realizada por la asociación que inscribe), puesto que a partir de aquí tomaremos como principal protagonista de la elaboración del pasaporte, al club y las ligas y/o asociaciones intermedias. Si bien en principio no existe norma alguna que obligue a los clubes a inscribir a la totalidad de los jugadores que forman parte de su plantilla, participen o no participen de competiciones oficiales, debe aplicarse como principio lo dispuesto en el Art. 5 del R.E.T.J. Sencillamente, todo jugador, que desee participar en competencias oficiales debe estar registrado. Ahora bien, este principio muchas veces no es aplicado en las categorías inferiores de los clubes, ya sea porque el atleta no compite en competiciones oficiales o por motivos internos. En lo práctico, registrar la totalidad de los jugadores que ingresen al club entre sus 12 y 23 años, puede generar más de un dolor de cabeza. Más aún, actualizar los datos y posteriormente el seguimiento correspondiente en sus carreras profesionales, suele ser una empresa que no todo equipo desea afrontar.

Ahora bien, dificultosa o no, es una actividad que de llevarse a cabo redituará al club beneficios a largo plazo. Ya sea que se registre al jugador directamente ante la federación nacional o indirectamente ante ligas y/o federaciones que la componen, la gestión, creación y actualización del Pasaporte del Jugador, es una potestad del club. Queremos decir con esto que dejar en manos ajenas la gestión un activo intangible tan importante como los derechos de formación y solidaridad, sería tan imprudente como permitir a un tercero dirigir el equipo principal. Al momento de efectuar la entrega del pasaporte (principalmente para el caso de transferencias internacionales) reviste vital importancia que dicho documento se encuentre actualizado, puesto que toda rectificación posterior, será como mínimo dudosa. Dicha actualización solo se logra llevando desde un comienzo el registro de cada atleta que ingresa al club, dando de alta y de baja su permanencia, actualizando el estado de sus participaciones, préstamos, etc. De esta manera se podrá contar con un Pasaporte del Jugador confiable y listo para la entrega ante la solicitud a la asociación nacional. Por otra parte, para el caso de que la asociación nacional tenga desactualizado el documento, el efectuar las presentaciones pertinentes ante la misma obteniendo las constancias selladas de la presentación, permitirá tanto a los clubes deudores de las contribuciones mencionadas como a los órganos jurisdiccionales pertinentes, corroborar la veracidad de las mismas. Un error común que da cuando existe una asociación intermedia entre la asociación nacional y el club, es que el jugador solo se registra o inscribe en la asociación o liga a la cual pertenece el club, esperando o confiando que ésta lo informará la asociación nacional para que en el caso de que se requiera dicho pasaporte el mismo esté a disposición. Imagínese que siendo ya una complicada tarea para el club gestionar estos activos, será de imposible cumplimiento, si se la confía a una asociación y/o liga intermedia. Lamentablemente, no queda más remedio que informar cada registro de manera directa a la federación nacional, para que la misma se encuentre enterada del hecho. Esta tarea de registro y actualización de los jugadores, puede dividirse en dos etapas, la cual fundamentalmente obedece a los requisitos exigidos para la percepción de los mecanismos de formación y solidaridad mencionados. En primer lugar, el registro (a los fines del pasaporte) de los jugadores debe realizarse entre los 12 y 23 años, puesto que económicamente son los que revisten importancia. Es decir que todo jugador que ingrese al club entre dichas edades, ya sea por primera vez o luego de desempeñarse en otros clubes, deberá ser sujeto de inscripción a los fines del pasaporte. Debe quedar en claro que más allá que dicha inscripción sea obligatoria para actuar en las competiciones, a su vez debe ser explícitamente informada, a los fines de su actualización en el pasaporte del jugador. Una segunda etapa, la de actualización poco tiene que ver con lo exigido normativamente, sino que es más bien potestativa de cada club en la medida de sus posibilidades. En dicha etapa, ya lo que se debe realizar es un seguimiento del jugador que habiéndose desempeñado en un club ha dejado de pertenecer al mismo, siendo sujeto de transferencia y/o préstamo internacional. Aquí será donde se recompensará al club que debidamente formó al jugador. Esta segunda etapa, si bien no debería existir, (puesto que realizado el hecho generador de solidaridad y/o formación y con la mera entrega del pasaporte se devengarían los montos) muchas veces es tercerizada o absorbida por departamentos especializados del club. Esto nos demuestra que efectivamente estamos frente a un activo de mayor importancia el cual muchas veces es menospreciado por su complejidad.

Si bien la normativa del R.E.T.J. no define expresamente cual es la información relevante que debe consignarse en el pasaporte del jugador, haciendo solamente mención a los clubes en los cuales el jugador ha sido registrado desde la temporada en que cumplió 12 años, la circular mencionada hace referencia además a:

1.- La Categoría del Club. (en tanto corresponde al cálculo de derechos de formación)

2.- Fecha de Registro.

3.- Información adicional.

Además, producto de los conflictos suscitados en la presentación de pasaportes, la Comisión del Estatuto del Jugador en aplicación del art. 23 apartado 1 del reglamento y el art. 47 apartado 1 de los Estatutos ha establecido como indispensables:

4) Nombre y fecha de nacimiento del jugador.

5) Tiempo de la inscripción del jugador en los clubes.

6) Asociación en la que está afiliado el club que inscribe el jugador.

Sin perjuicio de ello, cada asociación nacional puede requerir más datos al momento de la inscripción del jugador que no tienen razón de ser volcados al presente documento, por lo tanto en caso de darse una negativa de entrega de pasaporte, motivada en la omisión de información en el registro, debe diferenciarse cual obsta o no a la entrega de la documentación en cuestión.

Como último punto cabe destacar que a los fines del pasaporte, solamente son requeridos los datos del jugador, desde la temporada en la cual cumple 12 años de edad. En la práctica, resulta mucho más práctico realizar los registros desde su incorporación al club y no esperar a que el jugador obtenga la edad requerida para generar el pasaporte. De esta manera, se cumple más fielmente el objetivo cronológico buscado por el documento, puesto que consta en él toda la vida deportiva del atleta. Sin perjuicio que a los fines económicos, algunos datos resultarán irrelevantes, no dejar de ser un “patrimonio” del club el registro de los jugadores formados. f.

Sin bien las decisiones emanadas de F.I.F.A. no han modificado mucho los criterios en la confección y contenido de los documentos en cuestión ha dado lugar a ciertas apreciaciones importantes al momento de tomar en cuenta la validez de los mismos. Uno de los casos más frecuentes, reside en la discrepancia entre el pasaporte que la federación expide a terceros que lo solicitan, y los registros y/o pasaporte que el club tiene en su poder. Como antecedente es necesario traer a colación el caso resuelto por la Cámara de Resolución de Disputas en fecha 15 de junio de 2011, en donde se debatió ante el caso de la existencia de dos pasaportes disímiles cual prevalece. En dicho caso, puntualmente se reclamaba la contribución de solidaridad teniendo en cuenta que quien debía abonarla lo había realizado en base a un pasaporte que no registra correctamente los datos del jugador. Los diferentes registros provenían en la práctica que realizaba la federación que los expedía, puesto que la misma realizaba distintos pasaportes detallando en algunos más datos, que en otros. En la decisión subyace que dicha federación, ante la venta internacional del jugador en cuestión, envió al TMS de F.I.F.A. un pasaporte que no contenía en detalle los datos del jugador en cuestión. Confiando en la información contenida en el T.M.S el club obligado al pago, procedió de conformidad, liquidando la compensación mencionada a los clubes determinados por tal documento.

Amarga sorpresa para el club reclamante reviste la cuestión, puesto que es criterio sostenido de la Cámara de Resolución de Disputas, que la parte responsable de la distribución de la contribución de solidaridad debe poder confiar en los documentos obrantes en el sistema TMS. Es decir, que no solo habrá que controlar que la federación nacional tenga correctamente los datos del jugador, sino que ante una transferencia internacional, la misma acompañe el pasaporte sin omisiones y/o diferencias, puesto que de darse así podría llegarse a una situación desfavorable para el club formador. Otra resolución relevante en materia del Pasaporte del Jugador y particularmente demostrativa del deber de los clubes de informar correctamente a la asociación, surge del caso resuelto en fecha 20 de mayo de 2011, referente al cobro de la compensación por entrenamiento (conocida como derechos de formación). En el dicho caso, el club demandado efectuó su descargo ante la Comisión de Resolución de Disputas, probando que en su momento previo a la compra del jugador en cuestión, solicitó a la asociación del club demandante que informe si el jugador en cuestión había participado en algún club perteneciente a la misma. Al ser dicha respuesta negativa, procedió a efectuar la compra omitiendo, evidentemente, efectuar pago alguno al club demandante. Teniendo en cuenta que fue la misma asociación del club demandante quien informó erróneamente, la Cámara de Resolución de Disputas (C.R.D) resolvió unánimemente, que no existe otra alternativa para el club extranjero que solicitar a la asociación correspondiente el pasaporte del jugador que se desea contratar. Por lo tanto, se debe garantizar que los clubes puedan confiar en los documentos emitidos por las asociaciones nacionales, todo a los fines de no someter a los contratantes a una incertidumbre respecto a los montos involucrados en una transferencia internacional. Cabe mencionar, que la asociación nacional había emitido dos pasaportes, uno previo a la conclusión del contrato y uno con posterioridad al mismo, por lo cual la decisión de la Cámara también entiende que la conducta de la asociación en cuestión fue cuanto menos ambigua. Es destacable la importancia que otorga la C.R.D. a la buena fe negocial, tanto en cuanto a las partes del negocio, como los terceros que influyen en la transferencia internacional. Uno de los terceros que reviste principal importancia es la asociación nacional que expide el Pasaporte del Jugador. Como observamos en los casos anteriores, de dejarse en manos de las asociaciones nacionales la información a los clubes que requieren los documentos del jugador, muchas veces se perderán activos de importancia. Ahora lo que debe intentarse en dichos casos, amén de un seguimiento de la vida profesional del jugador, es un proceso paralelo de comunicación a los potenciales interesados en la adquisición de sus servicios profesionales. Tal vez no parezca la forma más idónea, pero conocido un potencial interesado, un fax al club puede dar información necesaria y resguardar los intereses del club formador.

Por lo tanto surge de los mencionados casos que la importancia de la entrega del pasaporte o la información brindada respecto al mismo, no se encuentra a posteriori en manos del club formador, sino más bien por la asociación de éste. Así la diligencia que debe aplicar al caso el formador, se transforma en toda una tarea administrativa y de seguimiento deportivo, la cual no debería cesar hasta tanto se cumplan parámetros objetivos fijados por el club.

Uno de los más complejos temas al momento de “valuar” el activo de los clubes de fútbol está relacionado a los valores otorgados a los llamados activos intangibles. El cobro de los derechos de formación forma parte de dichos activos, dependiendo la posibilidad de su percepción, no solo de una venta internacional sino de una gestión previa de los mismos.

Creemos necesario destacar que todo el problema de los pasaportes, su confección, informe y actualización, tiene un correlato directo con los objetivos que plantea un club en materia de gestión de las categorías inferiores. Promover un desarrollo integral de las categorías inferiores no solo implica un desarrollo deportivo, educativo y formativo de los jóvenes, sino además la evolución de los sistemas de registro de los deportistas. Estos registros resultarán a la postre uno de los activos más importantes de los clubes. De solo tomar en cuenta que los derechos formativos, pueden devengarse como mínimo dos veces al año (en las ventanas de transferencia) y por el resto de la vida deportiva del atleta (en el caso del mecanismo de solidaridad) no puede dejarse de lado su gestión eficaz.

Es nuestra política recomendar a los clubes formadores que la elaboración de un sistema de control y gestión de los mecanismos de formación, no obedece a políticas cortoplacistas sino que son un fiel reflejo de la profesionalización de los sistemas de gestión de los clubes que es lo que puede o no hacer viable un proyecto económico.

El derecho deportivo es mucho más que el contrato.

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En los últimos meses, la FIFA y sus reglamentaciones ante la Pandemia  han sido noticia habitual en los medios de comunicación. Los episodios de la contratación de los futbolistas y la reanudación del fútbol no han dejado indiferente a nadie. De todo lo que se ha manifestado en diferentes foros, ha quedado patente un cierto desconocimiento de la estructura y funcionamiento de la FIFA así como de su extensa y compleja reglamentación, por ello, compartimos la entrevista realizada por el medio digital https://www.balonazos.com en razón de la celebración del día del Abogado a nuestro Director Jesús Armando Colmenares sobre la situación en Venezuela, en dicha entrevista ofrece sus reflexiones en torno a la situación que vive el Fútbol Venezolano a partir de los hallazgos encontrados en la practica diaria que a pesar de la pandemia no ha cesado. Asimismo, da su opinión sobre los principales retos que tenemos como sociedad en la lucha por los derechos de todos los actores involucrados en el fútbol y sus ideas para el mejoramiento de las condiciones de propias de la actividad.

Los invitamos a leer la entrevista en…

https://www.balonazos.com/jesus-armando-colmenares-abogado-en-derecho-deportivo/

Los Smart contracts en el Derecho deportivo

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No hay día en que no encontremos noticias y avances en el mundo de la tecnología blockchain. La cadena de bloques descentralizada ha captado por completo el interés del gran público. El reclamo de una esperanzadora revolución de la industria financiera ha servido para que la prensa generalista no aparte el ojo mediático de criptomonedas como el Bitcoin o el Ether. De hecho, hoy en día, el término criptomoneda no resulta ajeno para el gran público e incluso algunas instituciones públicas han decidido apostar por el desarrollo de una ICO’s local. Smart contracts

¿En qué consiste un smart contract?

Un contrato inteligente o smart contract es un código o protocolo informático que facilita verificar y hacer cumplir un contrato de manera automática. Aunque existe discusión acerca de la necesidad o no de acudir a agentes externos para ejecutar la condición prevista, lo que está claro es que aportarán agilidad al sector de los negocios. Estos contratos funcionan en la cadena de bloques y, a priori, no necesitan la intervención de las personas para comprobar y ejecutar su cumplimiento.

En resumen, los smart contracts son instrucciones codificadas que se ejecutan cuando ocurre un evento.

Como ejemplo, se acostumbra a explicar el caso de una casa de apuestas. Supongamos que queremos apostar una cantidad de dinero X a que el Barcelona gana la liga. Para ello deberíamos crear una cuenta neutral controlada por un smart contract, a la cual cada una de las partes debería abonar X criptomonedas. Una vez finalizada la liga, si el FCB ha resultado ganador, el propio contrato, accederá a una base de datos oficial, comprobará el ganador de la liga de fútbol y automáticamente enviará los fondos al vencedor de la apuesta.

Sistemas como PayPal usan actualmente los denominados contrato de depósito, a través de los cuales un intermediario conocido como agente de depósito en garantía audita el cumplimiento de ciertas condiciones pactadas en el contrato para activar, en su caso, los protocolos que permitan efectuar esa transacción. Pese a la agilidad de Paypal, el potencial de esta tecnología nos permite prescindir del propio intermediario, es decir de Paypal, y, además nos garantiza la ejecución de la transacción sin renunciar a la seguridad actual. En este ámbito, actualmente Ethereum es la plataforma de smart contracts más destacada de la red.

¿Por qué tanta expectación?

La razón principal de la expectación generada por la aparición de los contratos inteligentes se debe a la posibilidad que brinda blockchain de permitir que las personas, por sí mismas, hagan cumplir los contratos en el mundo real sin necesidad de un intermediario físico, es decir, sin necesidad de un juez o un árbitro.

A modo de ejemplo, actualmente, frente al incumplimiento de un contrato por cualquiera de las partes vinculadas, el mecanismo de resarcimiento de los daños y perjuicios pasa por acudir a un intermediario, proporcionado y respaldado por el poder público.

Este intermediario recibe el poder coercitivo del Estado para hacer cumplir el principio de la salvaguarda de nuestros derechos. Por lo tanto, sin la figura del intermediario, ninguna de las partes puede acceder al pleno cumplimiento de sus derechos. Además, en caso de resarcimiento económico, también necesitamos la figura intermediaria de una entidad financiera que se encargue de realizar la transferencia bancaria de los fondos de una cuenta a otra. En consecuencia, el cumplimiento efectivo se ralentiza notablemente y se hace depender de figuras subjetivas susceptibles de incurrir en error.

Un enorme potencial

En la industria del futbol, es sencillo vaticinar el éxito de los smart contracts. Actualmente, incluso una reclamación simple puede tardar varias semanas en resolverse, con los costes en personal que supone ese proceso burocrático.

Los contratos inteligentes funcionan de manera excepcional cuando tratamos de regular condiciones de pago. Por ejemplo, si firmamos un contrato que estipula una prima por obtener la Copa Libertadores, podríamos despertarnos a la mañana siguiente y descubrir que hemos recibido el pago antes de tomar café.

En los contratos de trabajo, el smart contract nos permite revocar automáticamente las claves digitales de acceso a fondos en caso que el trabajador falte injustificadamente a laborar.

El contrato de transferencia de derechos federativos del jugador de fútbol y posterior proceso de inscripción, es frecuente fuente de conflictos e incertidumbre, lo que obstaculiza el correcto desarrollo de la actividad deportiva y económica de los clubes de fútbol. Partiendo de la regulación actual, la implementación de a través de un smart contract implicaría contar con un instrumento contractual completo que además permite garantizar el cumplimiento de las prestaciones. En combinación con blockchain y otras funcionalidades asociadas (tokens, criptomonedas, identidad digital) resuelve los problemas de confianza y gestión asociados al proceso de transferencia. También facilita el acceso y flujo de información, a la par que soluciona otros problemas relacionados con terceros ajenos al contrato.

También pueden resultar útiles a la hora de limitar el gasto a unos supuestos concretos, como por ejemplo en una zona geográfica, en una fecha concreta, etc. Estaríamos ante un dinero programable útil para ser utilizado en forma correcta.

¿Cómo funciona?

El código que constituye el contenido del contrato se almacena en la cadena de bloques, un libro virtual que registra todas las transacciones de una determinada criptomoneda. El código debe basarse en reglas lógicas (si pasa X, entonces Y) y condiciones (que pueden interactuar con dispositivos autónomos como sensores de IOT). El resultado es un acuerdo virtual blindado con todas las eventualidades cubiertas, de manera que si todas las partes entregan lo acordado, no existirá posibilidad de fraude.

En ocasiones resulta imprescindible acudir a agentes externos que verifiquen el cumplimiento de una condición. A estos agentes se les denomina oráculos. Los oráculos son instrumentos informáticos que permiten validar las condiciones previstas en los smart contracts. Generalmente hacen referencia a información externa para decidir si una cláusula del contrato ha sucedido o no. De esta manera, una vez que el oráculo obtiene la información y la contrasta, el contrato se ejecuta y la transacción se produce.

En la actual era de Transformación Digital, los datos y la información son valiosas herramientas que al ser analizadas y utilizadas correctamente pueden permitir una mejora efectiva en las diversas áreas que maneja un equipo para modernizar su funcionamiento interno, es así como equipos de todo el mundo se han sumergido en utilizar la tecnología con el fin de mejorar.

Hoy en día, se cuentan con plataformas de gestión implementados para todos los procesos que les permiten tener un control operacional en el área de compras, stock, finanzas, control y atención para los aficionados, e inclusive para cada partido de fútbol, con la que buscan tener alta disponibilidad y confiabilidad de la información estratégica para mejorar su toma de decisiones financieras y de negocio.

De esta manera, el concepto de Big Data, combinado con actividades en redes sociales y apps que se ejecutan en dispositivos móviles, se han convertido en la principal apuesta con las cuales los equipos logran transformar la relación equipo-aficionados.

Sin duda, ellos también han tenido que transformarse para vivir más allá de la emoción de un partido de fútbol a convertirse en una empresa que rinda frutos en una era de la revolución digital en la que se exige tener una visión clara y estratégica para permanecer en el gusto de la afición con la que podemos vivir eventos mundiales como el que veremos en junio próximo.

 En resumen…

A pesar de todo lo comentado, aunque blockchain todavía se encuentra en una fase temprana de desarrollo, podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que el potencial que nos brinda, nos permitirá introducir cambios en el modo de “intercambiar valor” a través de los canales digitales. Así, de la misma forma que internet nos trajo el intercambio de información de forma ágil y sencilla, esta tecnología introducirá una nueva forma de intercambiar valor entre negocios, instituciones y particulares.

Además, de la mano de la automatización viene aparejado el concepto de justicia y transparencia. Sin duda, los smart contracts aumentaran la velocidad de la ejecución de las transacciones, lo que se traducirá eventualmente en la posibilidad de cerrar un mayor volumen de acuerdos con menor riesgo al cumplimiento.

La carga de la prueba en la distintividad sobrevenida

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El icónico estampado damier azur de Louis Vuitton seguirá protegido como marca para bolsas, carteras y baúles. Así lo señaló el Tribunal General de la Unión Europea, quien dio la razón a la maison francesa en su recurso contra la Oficina Europea de Protección Intelectual (Euipo), lo que obligará a la agencia europea a reexaminar la protección del dibujo en la UE.

La sentencia, que aún se puede recurrir, hace referencia a un estampado damero en tonos beis, uno de los más reconocidos de la firma, que estaba registrado como distintivo protegido en la oficina europea desde 2009. Sin embargo, en 2016 la Eui­po canceló a petición de un tercero esta protección al considerar que el diseño era demasiado común como para ser monopolizado por una única marca. En casos como este, en los que el icono de una compañía no está asociado con la misma desde su nacimiento, la firma puede registrarla más tarde alegando distintividad sobrevenida, lo cual se define como “que este detalle se ha usado tanto que la gente, al verlo, lo asocia directamente con la marca a pesar de ser un dibujo común”.

La carga probatoria, es decir, la responsabilidad de aportar pruebas que demuestren esta distintividad, recae siempre en la firma que quiere mantener esta protección.

Esta vez, para la defensa del estampado damier azur, Louis Vuitton ha logrado convencer a los tribunales de que los consumidores asocian el mencionado dibujo con su marca. Una cuestión que, se puede conseguir alegando cuota de mercado, inversión en publicidad, apariciones en prensa, fotografías de influencers, patrocinio de eventos e, incluso, mostrando que personajes públicos llevan los productos a galas internacionales como es la de los premios Óscar. Todo ello sirve para ilustrar a su vez que esta asociación no es fortuita, sino que responde a un esfuerzo deliberado y continuado por parte de la marca. Para que un detalle así sea distintivo, tiene que haber una gran inversión detrás; por eso hay que protegerlos, para que otros no se aprovechen del valor que que se ha creado. Los estampados, los colores y los olores son elementos no tradicionales de una marca (frente a los tradicionales, más vinculados con el nombre y el logotipo), pero igualmente importantes, pues permiten la asociación con la misma, es necesario advertir de que quien no presta atención a estos factores diluye el valor de la propia marca, y esta representa alrededor del 70% de la capitalización de las empresas.

Lo que pone de manifiesto el caso de Louis Vuitton es que el trabajo de creación de una marca debe ser constante y que no se puede bajar la guardia. Es necesario ser muy vigilantes de la distintividad, ya que para una marca de alta gama es especialmente importante cuidar este tipo de activos con el objetivo de evitar falsificaciones que dañen el aura que rodea al universo del lujo. Siempre es necesario diseñar muy bien la estrategia de prueba y mantener un archivo al día que demuestre por qué es una marca renombrada. Tan importante es tratar de construir una marca renombrada como poder demostrralo de cara al exterior. Nadie se puede confiar, debemos estar encima de la marca todo el tiempo. Jamás podemos asumir que el tribunal va a dar por hecho que es renombrada.

Twitter y sus cookies..

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Entre los grandes desafíos que tienen ante sí las sociedades del siglo XXI, tales como el cambio climático, el envejecimiento poblacional, la lucha contra las desigualdades o el control de uso de nuestros datos personales por las redes sociales, destacamos este último por su poder de transformación sobre el progreso humano.

Los gobiernos, desde la regulación y educación de sus ciudadanos, tienen la oportunidad de garantizar la dimensión humana en la inversión, desarrollo y uso de las redes sociales. Si bien las grandes referencias que actualmente tenemos son el ‘gran hermano’ chino, que explota los datos para el control de sus ciudadanos, y Estados Unidos, cuya principal preocupación es el beneficio económico, la UE esta tratando de erigirse en actor principal como garante de la ética y protección de los consumidores, tal como ya lo hizo con otras regulaciones complejas como la del cambio climático, la energía nuclear o la clonación, pero en latinoamerica vamos muy tarde en la carrera, solo algunos visionarios como @Martinleguizamon_1 @gmzamora @abgeduardocespedes por citar algunos han denunciado el mal uso que se le está dando a nuestros datos personales. A la larga, solo irá a la cabeza la tecnología que goce de la confianza de las personas.

En las organizaciones existe una creciente toma de conciencia de los aspectos éticos del riesgo en el mal uso de los datos personales de los usuarios. Ante la falta de regulación, algunas establecen pautas de autorregulación, otras impulsan y supervisan toda iniciativa sobre su uso ético mediante la creación de códigos y comités de ética específicos. En todo caso, será prioritario que en las empresas sean las personas quienes lideren la tecnología y no a la inversa.

Respecto a los ciudadanos, resultará fundamental que estos adquieran el conocimiento y competencias digitales necesarias para poder liderar esta transformación. Los miedos de que las redes sociales y su influencia marquen tendencia, genera temor, buscando sustituir emociones hasta ahora exclusivas de los humanos como son las capacidades cognitivas de aprender, analizar, comunicar o comprender las emociones humanas, y es que hasta la propia intuición no deja de ser un reconocimiento de patrones. Sin embargo, la mejor forma de proteger a los humanos no será la de competir contra el mal uso la tecnología sino, desde la cualificación, centrase en su control para una correcta aplicación y uso.

Si bien hemos comprobado con la crisis desatadas durante el 2020 que la ética y los valores en cualquiera de sus órdenes facilitan sociedades más unidas, robustas y equitativas, cuando hablamos de redes sociales y de dotar de ética a las mismas no será tarea fácil, pues en la medida en que estas toman como referencia la inteligencia humana y nuestros valores no siguen un patrón universal en todas las personas, organizaciones, sociedades, culturas o épocas, será muy difícil eliminar todos los sesgos y prejuicios ya sean estos conscientes o inconscientes.

En razón a ello la Agencia Española de protección de datos, sancionó a Twitter con una multa de 30.000 € de sanción por infracción de la normativa sobre el uso de cookies.

Al contrario de lo que algunos piensan, las cookies no son spam, ni gusanos informáticos, ni ningún otro tipo de virus extraño. Son unos archivos informáticos diminutos enviados por los sitios web que se almacenan en nuestro navegador y que obtienen datos sobre nosotros. Estos pequeños programas-espía consiguen información clave para la publicidad en internet, especialmente en lo que respecta a los avisos publicitarios personalizados. El trabajo de las cookies es “contarles” a las marcas y empresas cómo nos comportamos en internet para colocar anuncios de acuerdo con nuestros gustos e intereses.

Twitter en su página (https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies) dice lo siguiente “Las cookies son pequeños archivos que los sitios web colocan en tu computadora cuando navegas por la Web. Como muchos otros sitios web, Twitter, Periscope y el resto de nuestros servicios usan cookies para descubrir de qué manera la gente utiliza nuestros servicios y para ayudar a que funcionen mejor

Al acceder a la página web se instalan DIRECTAMENTE en el navegador varias cookies de publicidad y otras desconocidas. El banner inicial indica que si el usuario sigue navegando se entiende que acepta la utilización de cookies, pero no incluye ningún enlace que permita rechazar o configurar las cookies. La Política de Cookies tampoco ofrece la posibilidad de rechazar las cookies o gestionarlas de forma granular.

Al acceder a la página web www.twitter.com, y sin haber realizado ningún otro tipo de acción se ha comprobado que se instalan cookies no necesarias. Además, el mensaje que se edita para advertir sobre las cookies solamente indica que “si se sigue navegando se aceptan la utilización de cookies” pero no se da información de cómo rechazar las cookies o cómo gestionarlas de forma granular. Si existe un enlace en la parte inferior de la página con el título de “cookies”, a través del cual se accede a la política de cookies (segunda capa), pero tampoco en esta capa se posibilita la acción de rechazar las cookies o de hacerlo de forma granular. La página se limita a informar como configurar los diferentes navegadores para la gestión de las cookies, violando con ello la necesidad del expreso consentimiento por parte del usuario

La infracción in comento se tipificó como leve pero se graduó en su máximo importe teniendo en cuenta:

1 La existencia de intencionalidad,

2 El plazo de tiempo durante el que ha venido cometiendo la infracción, al ser la reclamación de mayo de 2018,

3 La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados, con relación al volumen de usuarios a los que afecta la infracción, al tener más de 4 millones de perfiles registrados en España,

4 Los beneficios obtenidos por la infracción y por el volumen de facturación a que afecta la infracción.

En definitiva, el futuro puede ser fantástico, pero cualquier sociedad está expuesta a un colapso ético y social, por eso debemos reflexionar y aceptar que la ética de las redes sociales es un asunto de todos, y que solo desde la educación de hoy se podrán hacer frente a los retos y desafíos de las generaciones del mañana, pues como decía Marie Curie, «no debemos temer nada, solo debemos entenderlo».

Necesidad de la mediación deportiva

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El conflicto es parte natural de la vida cotidiana, y un comportamiento normal en equipos y organizaciones, jugando un papel importante en ellos las emociones y los sentimientos.

El conflicto es algo inherente al ser humano y el deporte no es ajeno a ello. De hecho, en el ámbito deportivo ocurren muchas situaciones conflictivas. La directiva que no está conforme con el rendimiento del entrenador, éste no está de acuerdo con el comportamiento de alguno de sus jugadores, los deportistas que consideran que no son valorados por el club, los padres que piensan que sus hijos/as no disputan los minutos que se merecen, etc.

Pero ¿qué entendemos por conflicto?

De acuerdo con varias definiciones, el conflicto es una situación que genera un enfrentamiento entre dos o más personas, que les supone una dificultad de funcionamiento y les provoca una sensación de malestar y tensión emocional.

El nuevo orden jurídico que se generará como consecuencia Post Covid-19, trae como consecuencia una nueva realidad mundial en el mundo deportivo, por lo que las transformaciones en diversos ámbitos de la dinámica social ya son palpables; y el binomio jurídico-deportivo no es la excepción a esto. Como hemos observado en los últimos meses, algunas de las Federaciones y Ligas ya adoptaron cambios, suspendiendo o cancelando las competiciones futbolísticas profesionales, generando modificaciones provisionales en los reglamentos y consecuentemente en las relaciones laborales vigentes, por ejemplo, la prórroga de los contratos. Además de estas contingencias, a la par se están dando incumplimientos contractuales de tinte mercantil o civil relacionados con los stakeholders en la industria del fútbol (contratos de patrocinio, explotación y comercialización de los derechos audiovisuales y contratos de licencia de uso de marca), por mencionar algunos.

En el caso del fútbol federado, en controversias relacionadas a: 1.- Contratos con una fecha de vencimiento próxima; 2.- Contratos que no se pueden cumplir como las partes habían previsto; y 3.- Periodos de inscripción (ventanas de transferencia) la FIFA implementó una guía de directrices para abordar las consecuencias jurídicas causadas por el COVID-19 en la que se comprometió a asistir a las federaciones nacionales y a los grupos de interés.

 Con esto, la FIFA pretende brindar una asesoría de carácter preventivo y consecuentemente podría evitar una oleada futura de procedimientos ante la Cámara de Resolución de Disputas (CRD), es decir, se está optando por una alternativa al mecanismo de solución de controversias tradicional. En este punto, podría discutirse la naturaleza jurídica que posee la CRD, en el que algunos expertos podrían considerar que es en sí misma un Medio Alterno de Solución de Conflictos (MASC).

Independientemente de las características doctrinales o académicas que pudiesen presentar estos sistemas de solución de conflictos, resulta predominante visualizar la necesidad de clubes, entrenadores y jugadores por resolver urgentemente los conflictos que están surgiendo en el ámbito laboral y deportivo. Ante la incertidumbre que la industria del fútbol se encuentra viviendo, es preferible que los actores resuelvan sus pretensiones considerando siempre y en todo momento el principio de buena fe. Así mismo, se debe considerar que en contraposición de los métodos ordinarios de solución de controversias, las partes encontrarán en los MASC: ¨a) protagonismo de la autonomía de la voluntad; b) flexibilidad; c) rapidez y reducido coste económico; d) importancia en sus intereses; y e) presencia de uno o varios terceros.

Dicho lo anterior, no debemos perder de vista que el derecho del trabajo es de carácter público en la mayoría de los países miembros de la FIFA, por lo que las controversias laborales regularmente se resuelven en los tribunales nacionales del trabajo, antes de acudir a la CRD. Así, en este supuesto se vislumbra con mayor claridad la posibilidad de usar los MASC, como posibles cauces extrajurisdiccionales.

Por su parte, el propósito del International Council of Arbitration for Sport (ICAS) es facilitar la resolución de disputas relacionadas con el deporte a través del arbitraje y la mediación, por lo que el TAS/CAS (Court of Arbitration for Sport), además de contar con una División Ordinaria de Arbitraje existe la posibilidad de iniciar un procedimiento de mediación, el cual no es vinculante y es informal, siendo la clave de este el que cada parte se compromete a negociar de buena fe con la otra, con la finalidad de resolver una disputa relacionada con el deporte; además de la fuerza vinculante para las partes, otra diferencia importante entre estos procedimientos radica en la diferencia de costos administrativos.

Los también conocidos como Alternative Dispute Resolution (ADR), son métodos que además de encontrarse en la normativa deportiva del derecho privado, también están plasmados en diversas leyes nacionales, para ejemplificarlo, en Venezuela por imperativo Constitucional la Legislación procesal laboral con nuestras limitaciones y características especiales es un referente en el mundo de como mediarse y conciliarse.

Esbozado lo anterior, resulta necesario que las partes involucradas analicen las opciones de resolución de conflictos que se encuentran contenidas en las leyes nacionales aplicables, o en su caso, en los recursos que raíz de la situación mundial las diversas federaciones nacionales de fútbol profesional, la propia FIFA y el TAS/CAS ponen a disposición de las partes, sin embargo, no debemos olvidar que dadas las exigencias actuales, tanto clubes, como entrenadores y jugadores podrían optar por contratar firmas de abogados expertos en la industria deportiva, los cuales usualmente incluyen dentro de sus servicios: la mediación, transacción o conciliación, buscando generar una reducción de tiempo y costos, en aras de conseguir un resultado eficaz y equilibrado para las partes.

 

Derechos de los deportistas profesionales.

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El deporte de élite enfrenta un futuro incierto. Los efectos a corto y mediano plazo de la pandemia de Covid-19 son un gran desafío.

El aplazamiento de los eventos deportivos ya ha arruinado el esfuerzo y el entusiasmo de un gran número de atletas. Para aquellos que forman parte de la élite deportiva, el aplazamiento de los grandes eventos deportivos tendrá efectos indeseables. Requiere nuevos sacrificios personales. Y por si fuera poco, la concentración de competiciones prevista en un futuro próximo es incompatible con el entrenamiento físico y psicológico que requiere el rendimiento deportivo de alto nivel.

La base sobre la cual se estructura institucionalmente el fútbol son los clubes y, para ellos, la situación es extremadamente compleja debido a la caída de los acuerdos con los sponsors, el cese de cobro por derechos televisivos, entre otros factores. En este marco, se les hace casi imposible poder llevar a cabo su obligación esencial como empleadores en tiempo y forma: el pago a sus empleados.

Por otro lado, los clubes pretenden preservar la salud de los jugadores, que constituyen el “motor” de la industria, su protagonista: sin ellos no hay fútbol. Los presupuestos de miles de millones manejados por los principales órganos rectores del deporte: COI $ 5.7 mil millones; FIFA $ 6.4 mil millones; NBA $ 8.7 mil millones, solo para ofrecer algunos ejemplos, nos ayudan a describir el alcance del problema. Casi dos tercios de los ingresos de estas organizaciones provienen de los derechos de transmisión de los principales eventos deportivos.

Los efectos de esta pandemia serán duraderos y actualmente imprevisibles. Tal vez sea hora de repensar el modelo jurídico deportivo que se necesita para el futuro. En lo que respecta al plano estrictamente jurídico, cabe mencionar que la mayoría de los acuerdos de los clubes con sus futbolistas, no hay previstas cláusulas que respondan a las controversias que pudieran surgir por la existencia circunstancias tales como una pandemia.

Ni siquiera la FIFA, en su Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de jugadores, tuvo en cuenta la posibilidad de que algo semejante ocurriera ya que no incluyó ninguna disposición regulatoria al respecto, simplemente en el art. 27 de esa norma establece que los casos de fuerza mayor serán resueltos por el Consejo de la FIFA.

De ahí que, la máxima autoridad del fútbol mundial, tuvo que emitir con urgencia un documento oficial donde se establecieron una serie de directrices. El mismo está dirigido a las 211 federaciones miembro y tiene como objetivo allanarles el camino a ellas y a sus respectivos clubes con respecto a la resolución de determinados conflictos.

Entre ellos, la imposibilidad de cumplir los contratos en las condiciones pactadas o la superposición de contratos que se presenten debido a suspensión o en algunos casos cancelación de las ligas nacionales  en casi todos los países del mundo.

En este documento, la FIFA insta a los clubes y sus empleados (jugadores y entrenadores) a trazar acuerdos colectivos en relación con las condiciones de trabajo durante el periodo de suspensión y, a su vez, establece algunas soluciones para los conflictos contractuales inevitables. Por ejemplo, darle prioridad al viejo club antes que al nuevo en caso de que se produzca un solapamiento de temporadas o períodos de inscripción, para proteger la integridad de las competiciones.

Es menester aclarar que estas directrices tienen el carácter de recomendaciones, es decir, no son vinculantes y que, por lo tanto, no pueden prevalecer por sobre las legislaciones nacionales, mas aún cuando hablamos de la irrenunciabilidad de Derechos. Esto continúa poniendo en evidencia la falta y necesidad de uniformidad de normas que regulen el fútbol universalmente para que no haya diferentes soluciones jurídicas para los mismos hechos.

LA HUELLA DIGITAL DEL DISPOSITIVO MOVIL.

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La huella digital del dispositivo es una recopilación sistemática de información sobre un determinado dispositivo remoto con el objetivo de identificarlo, singularizarlo y, de esa forma, poder hacer un seguimiento de la actividad del usuario del mismo con el propósito de perfilarlo. Técnicamente se define la huella como “un conjunto de elementos de información que identifica un dispositivo o una instancia de aplicación“. Dicho en términos más comprensibles, la huella digital del dispositivo es un conjunto de datos extraídos del terminal del usuario que permiten individualizar de forma unívoca dicho terminal. Dado que lo habitual es que las personas no compartan sus equipos, ya sea este un teléfono móvil, tableta, portátil u ordenador de trabajo, individualizar el terminal supone individualizar a la persona que lo utiliza. Las entidades que utilizan los mecanismos de huella digital realizan una recopilación sistemática de información de todos los terminales que se conecten a sus servidores con el objetivo de singularizarlos y poder hacer un seguimiento de la navegación del usuario para construir un perfil.

Contrariamente a lo que pueda pensar, el perfilado no se limita a recopilar y analizar los hábitos de navegación del usuario o las búsquedas que realiza en servidores. Las técnicas más avanzadas permiten registrar los movimientos que realiza el usuario a través de la página web con el ratón, examinando en que partes de la pantalla se detiene por más tiempo. Por otro lado, los desarrollos de software para dispositivos, como por ejemplo JavaScript o Flash, facilitan la implementación de procedimientos para recoger información muy concreta del dispositivo, como por ejemplo el modelo de navegador, tipo y versión de sistema operativo, resolución de la pantalla, arquitectura de procesador, listas de fuentes de texto, plugins o dispositivos instalados, direcciones IP, etc. La combinación apropiada de toda esta información permite confeccionar una suerte de huella digital única del dispositivo que lo singulariza y, por lo tanto, diferencia de forma univoca a cada usuario en internet. Mediante estas técnicas de huella digital, al acceder a una página web, el navegador ejecuta en el dispositivo del usuario, y sin su conocimiento, una serie de tratamientos con el objetivo de realizar una recopilación de datos de éste suficiente detallada como para poder individualizarlo y la trasmiten al servidor que las almacena para su uso posterior. Esta información se une a otra que recibe el servidor desde el navegador del usuario, cuya finalidad puede ser inicialmente técnica (por ejemplo, adaptar los contenidos al tipo de pantalla del terminal), pero que es reutilizada con finalidades de identificación. Es ampliamente conocido y aceptado que un determinado servicio web pueda hacer un seguimiento de la navegación de los usuarios mediante cookies, con la garantía de que un borrado de las cookies elimina el vínculo entre el dispositivo y la información personal recopilada. La realidad es que el uso de las técnicas de huella digital permiten volver a asignar al mismo usuario la información vinculada al identificador de la cookie eliminada y no perder trazabilidad sobre los datos de navegación del usuario o simplemente realizar el seguimiento en base únicamente a la huella digital. En conclusión, si a la vez que se genera una cookie de identidad se detecta y almacena su huella digital, en el caso de que el usuario borre las cookies en su navegador éstas se pueden restituir utilizando la huella digital para reidentificar al usuario, por lo que el borrado de cookies no sería eficaz. Las técnicas de identificación mediante huella digital del dispositivo se llegan a describir en la literatura especializada como “cookieless monsters”, pues no es necesario instalar ningún tipo de cookie en el dispositivo para recoger dicha información, y si esto sucede de forma totalmente transparente al usuario, éste no puede tomar medidas para evitarlo. Entre las diferentes técnicas que se pueden utilizar para obtener la huella digital de un dispositivo, existen algunas especialmente avanzadas como canvas fingerprint, canvas font fingerprint, webRTC fingerprint o audio fingerprint que permiten obtener singularizaciones muy precisas.

El uso de estas técnicas puede tener finalidades legítimas como, por ejemplo, formar parte de mecanismos de autenticación de factor múltiple. Sin embargo, también pueden utilizarse para hacer un seguimiento de los usuarios durante su navegación web y recopilar información sobre sus hábitos e intereses sin que el propio usuario sea consciente de ello. En relación con la obligación de información, es habitual encontrar en los sitios web y aplicaciones cláusulas de privacidad específicas que permiten al usuario dar su consentimiento para el uso de cookies, pero no es tan común encontrar información para el usuario sobre el uso de técnicas de seguimiento basadas en huella digital para realizar un perfilado del usuario

Las cookies y su instalación sin consentimiento valido.

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El pasado 1 de octubre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)  ha dictado la sentencia del asunto C_673/17 en la que resuelve sobre el problema de las “cookies” en la navegación web y su instalación sin consentimiento válido en el hardware del usuario.

Para las personas que trabajamos el aspecto jurídico de las cookies era una sentencia esperada.

Desde el punto de vista jurídico ratifica que el consentimiento debe ser otorgado por un acto afirmativo claro que establezca una indicación libremente dada, específica, informada y sin ambigüedades del acuerdo del usuario, no siendo válidas las casillas pre-marcadas.

Asimismo, resuelve que la autorización previa  es necesaria para instalar archivos digitales en el equipo terminal del usuario, y es independiente de si se trata o no de datos personales.

La Sentencia nos ha aportado una novedad en cuanto al alcance de  la información que se ha de ofrecer al usuario, al considerar esencial avisar de la caducidad de las cookies instaladas.

Señala obligación de informar sobre que “cookies” son de terceros

Desde nuestro punto de vista, destacamos la importancia de estudiar el aspecto penal hacia las empresas propietarias de “cookies” que recaban datos de forma ilegal e incluso la de los propietarios de páginas web que con su inclusión facilitan la instalación ilícita de “cookies” y la extracción de datos personales.

La media de instalación de “cookies” por página web es de 29 cookies.

Solo un 1% de las cookies son necesarias, en otras palabras cantidad cercana al 90% de las “cookies” del tráfico web invaden el derecho a la privacidad de las personas en la red. Por eso desde el punto de vista técnico es recomendable para el titular web facilitar la supresión de las “cookies” , puesto que ha de ser tan fácil consentir como retirar el consentimiento.

Finalmente creemos, que la solución a estas habituales violaciones del derecho fundamental a la intimidad puede ser la vía penal y fomentar el cumplimiento normativo ante la importancia de los datos personales.

Los invitamos a leer mas en…

http://www.abint.com.ve/web/?p=1289

SUSPENSION DE LA RELACION LABORAL DEL FUTBOLISTA PROFESIONAL. COMPARATIVO EN EL CASO VENEZOLANO Y COLOMBIANO

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La pandemia ha cambiado el horizonte mundial durante los últimos meses suspendiendo la actividad cotidiana y dentro de ella la actividad deportiva de toda índole; desde el deporte profesional hasta el deporte aficionado.

Por lo anterior, y ante la posibilidad latente que se manejaba en los directivos de los clubes Colombianos y Venezolanos de suspender los contratos de trabajo de sus deportistas, creemos necesario presentar este estudio comparativo entre ambos países.

CASO COLOMBIANO

En el caso de la normativa Colombiana y con base de la situación actual se podría llegar a la suspensión amparado en dos posibles causales: por fuerza mayor o caso fortuito o por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento o negocio, hasta por 120 días por razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleador.

El presente escrito se centra en esbozar las principales consecuencias jurídicas de la suspensión del contrato de trabajo de futbolistas en Colombia:

ARTICULO 51. SUSPENSION. El contrato de trabajo se suspende:

1. Por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución.

3. Por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento o negocio, en todo o en parte, hasta por ciento veinte (120) días por razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleador, mediante autorización previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De la solicitud que se eleve al respecto el empleador deberá informar en forma simultánea, por escrito, a sus trabajadores.

La norma precedente es el fundamento legal para sustentar una posible decisión de suspender los contratos de trabajo de futbolista, recalcando que se tratan de dos supuestos distintos que para cobrar efectos requieren el cumplimiento de requisitos diferentes.

Para el caso de suspender por caso fortuito o fuerza mayor, se deberá comunicar por parte del empleador a su trabajador y se entenderá que la suspensión cobra efectos desde la fecha en que el empleado es notificado de la decisión, o si en la misma se establece otra fecha, será desde ese momento.

Es importante recalcar que el empleador debe notificar al Ministerio del Trabajo de la suspensión del contrato de trabajo, sin que se entienda que esa comunicación sea algún tipo de solicitud o autorización al ente gubernamental para que la suspensión cobre efectos.

Por el contrario, para que opere y cobre plenos efectos la causal de suspensión del contrato de trabajo por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento o negocio, en todo o en parte, hasta por 120 días por razones técnicas o económicas, donde se establece claramente que debe existir una autorización previa del Ministerio del Trabajo.

Sobre esta diferenciación, la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la 4246 del 23 de mayo de 1991 donde manifiesta que “para efectuar la suspensión temporal de actividades, la empresa debe solicitar autorización del Ministerio del Trabajo y avisar a los trabajadores, lo cual por razones obvias no procede en la hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor”.

Lo anterior diferenciación cobra especial relevancia porque han salido diversos pronunciamientos alegando que en las suspensiones de los contratos de trabajo de futbolistas que se materialicen por la causal de fuerza mayor o caso fortuito son contrarias a la ley al no haber contado con la autorización previa del Ministerio del Trabajo, siendo palmario que hay un confundimiento de las causales de suspensión del contrato antes explicadas.

Los efectos de la suspender los contratos de trabajo de los futbolistas, cualquiera que sea la causa, es la interrupción del cumplimiento de las obligaciones para las partes inherentes a la relación laboral. Para el trabajador se interrumpe la obligación de prestar sus servicios y para el empleador el pago de salarios pero manteniendo el pago de las prestaciones inherentes a la seguridad social integral, principalmente en salud y pensiones.

Sobre la cotización en salud (en Colombia el aporte en salud equivale al 12.5% del salario mensual, del cual el 8.5% está cargo del empleador y el 4% al trabajador), el Decreto 780 de 2016 establece que durante el término que este suspendido el contrato el trabajador no debe realizar su aporte en salud, pero se mantienen los aportes correspondientes al empleador.

Sobre la cotización a pensión (en Colombia el aporte a pensiones equivale al 16% del salario mensual, del cual el 12% está cargo del empleador y el 4% al trabajador), pese a que no existe una norma que lo regule, la jurisprudencia ha establecido que como la suspensión no se traduce en una extinción del vínculo laboral, se deben mantener los aportes en pensión en la parte que le corresponde al empleador, siendo una práctica común que se realice el aporte integral y al momento del reintegro del trabajador de descuente el valor cotizado por el empleador en nombre del trabajador.

Asimismo, la ley laboral establece que el periodo de tiempo durante el cual estuvo suspendido el contrato de trabajo, se podrá descontar por el empleador a la hora de liquidar las vacaciones, auxilio de cesantías y pensión de jubilación, pero al haber guardado silencio sobre la prima de servicios, esta se deberá pagar íntegramente al trabajador sin la posibilidad de descontar el tiempo en que estuvo suspendido el contrato.

Para la reanudación del contrato, una vez desaparezca la situación que dio origen a la suspensión del contrato de trabajo, el empleador deberá notificar personalmente o por “avisos publicados no menos de dos veces en un periódico de la localidad” para que retomen sus labores presentándose a su lugar habitual de trabajo dentro de los 3 días siguientes a la notificación o al aviso.

 CASO VENEZOLANO

En el Caso Venezolano, el empleador y los trabajadores podrán acordar la suspensión de la relación laboral por un máximo de 60 días, de conformidad con lo establecido en los artículos 71 y 72 Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. En el supuesto que no se llegue a ningún acuerdo con los trabajadores, el empleador deberá solicitar la autorización del Inspector del Trabajo para la suspensión de la relación laboral, por caso fortuito o de fuerza mayor, en virtud de la declaratoria de estado de emergencia del Ejecutivo nacional. Se deberá realizar un acta en la que se deje constancia de las partes, los motivos de la suspensión y el acuerdo. En aquellos casos en los que los trabajadores no estén de acuerdo con la suspensión, se tendrá que hacer un escrito dirigido al inspector del trabajo de la jurisdicción, en el cual se solicite autorización para la suspensión y se expliquen todos los motivos.

En los supuestos que ya el trabajador presente síntomas de covid-19, operará de inmediato una suspensión laboral. La suspensión de la relación laboral, se rige por la siguiente normativa:

Artículo 72.

La suspensión de la relación de trabajo procede en los siguientes casos:


a) La enfermedad ocupacional o accidente de trabajo que incapacite al trabajador o trabajadora para la prestación del servicio durante un período que no exceda de doce meses.

i) Casos fortuitos o de fuerza mayor que tengan como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión temporal de las labores, en cuyo caso deberá solicitarse autorización a la Inspectoría del Trabajo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la ocurrencia de los hechos que ameritan la suspensión, la cual no podrá exceder de sesenta días.

La norma precedente es el fundamento legal para sustentar una posible decisión de suspender los contratos de trabajo de futbolista, recalcando que se tratan de dos supuestos distintos que para cobrar efectos requieren el cumplimiento de requisitos diferentes.

Para el caso de suspender por caso fortuito o fuerza mayor, se deberá comunicar por parte del empleador a su trabajador y al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y se entenderá que la suspensión cobra efectos desde la fecha en que el empleado es notificado de la decisión, o si en la misma se establece otra fecha, será desde ese momento.

Es importante recalcar que el empleador debe notificar al Ministerio del Trabajo de la suspensión del contrato de trabajo, sin que se entienda que esa comunicación sea algún tipo de solicitud o autorización al ente gubernamental para que la suspensión cobre efectos.

El empleador deberá continuar cumpliendo con las obligaciones relativas a los siguientes aspectos:

a.​ Dotación de vivienda y alimentación, en cuanto fuera procedente.

b.​ Las cotizaciones establecidas por el Sistema de Seguridad Social.

c.​ Las obligaciones convenidas para estos supuestos en las convenciones colectivas.

d.​Los casos que por motivo de justicia social establezcan los reglamentos y resoluciones de la LOTTT.

e.​ Prohibición de despido, traslado o desmejora.

Durante la suspensión, el patrono o patrona no podrá despedir, trasladar ni desmejorar en sus condiciones de trabajo, al trabajador o trabajadora afectado por ella, sin causa justificada debidamente comprobada mediante el procedimiento de calificación de faltas establecido en la Ley, este período no contará como tiempo efectivo de servicio a los efectos de los beneficios -vacaciones, utilidades y bono vacacional-, a los que tendría derecho el trabajador de no estar suspendida la relación, pero si se tomará en cuenta solo para la antigüedad del trabajador.

Cesada la suspensión, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a continuar prestando servicios en las mismas condiciones existentes para la fecha en que ocurrió aquella, salvo que:

a)  Por circunstancias de accidente de trabajo, enfermedad ocupacional o accidente o enfermedad común, resultare discapacitado para desempeñar las funciones inherentes a su puesto de trabajo.

b)  Otros casos especiales.

En estos casos el trabajador o la trabajadora será reubicado por el patrono o patrona en un puesto de trabajo adecuado a la nueva situación.