El derecho al olvido digital, también conocido como «derecho al olvido», es la capacidad de eliminar u ocultar información personal que ya no es relevante o precisa.
Este derecho debe equilibrarse con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que implica la capacidad de expresarse y desarrollar la propia identidad libremente.
Equilibrar estos derechos opuestos requiere un enfoque matizado que considere varios factores, incluida la naturaleza de la información, su relevancia para el interés público, el consentimiento del individuo y el daño potencial para el individuo o la sociedad.
Es un tema legal y ético complejo que requiere un análisis desde varias perspectivas. El derecho al olvido está relacionado con la privacidad y la protección de datos personales, que son componentes esenciales de la identidad. Se considera como un medio para hacer operativa la protección de datos y la privacidad. Sin embargo, puede plantear dificultades éticas y legales en determinadas circunstancias. Una de tales circunstancias es la transición de género, donde es necesario evaluar el mecanismo jurídico del derecho al olvido y el habeas data para todo el ejercicio de la identidad.
Es necesario discutir los límites del derecho al olvido en relación con la información de transición de género, considerando el principio de libertad y el principio de proporcionalidad como fundamento en el derecho de los derechos humanos. El derecho al olvido representa una forma más robusta de protección de datos personales. Es particularmente relevante para personas como las personas transgénero que deseen eliminar los registros clínicos de confirmación.
El nuevo paradigma creado por la tecnología erradica la capacidad de olvido, que se acentúa independientemente de la perspectiva disciplinar. El “derecho al olvido” es valioso para tratar información desactualizada, inútil o descontextualizada. Por lo tanto, se debe lograr un equilibrio entre el derecho al olvido digital y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, teniendo en cuenta las consideraciones legales y éticas, así como el impacto potencial en las personas y la sociedad.
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