Tiempos de crisis en el fútbol, insolvencia o renegociación?

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Ante los efectos de la pandemia, que son de notorio conocimiento, muchos sectores, por no decir casi todos, se han visto afectados por las medidas de aislamiento y obligatoriedad en el cese de actividades comerciales y por ende las deportivas. La cuestión de cuándo se reactivará y volveremos a la “ normalidad”, resulta ser la encrucijada del momento, en especial en el mundo del deporte; quienes se han sometido a las consecuencias de cancelar eventos mundiales como juegos Olímpicos, torneos internacionales, clasificatorios, preparaciones de deportistas, hasta la crítica situación de entidades deportivas de reducir salarios, generar licencias no remuneradas -legales o no-, generar despidos y contemplar las opciones de declararse en quiebra, banca rota o insolvencia, no importa el tecnicismo, lo importante es la consecuencia y el efecto cascada.

Al hablar de estructuras económicas y empresariales, está permitido abordar la economía del deporte, puesto que, la economía globalizada del deporte hace que día a día se muevan miles de millones de dólares en transacciones, en contratos de patrocinio, en publicidad, en compra y venta de camisetas, en boletería, lo que hace de los clubes profesionales y otras estructuras deportivas, en el ámbito profesional o aficionado, unas verdaderas fuentes de riqueza o en definitiva los mayores fracasos desde lo económico y desde lo social.

 Cuando se habla de fútbol profesional como ciclismo, baloncesto, entre otros, lo primero que se llega a pensar son de cifras cuantiosas y estructuras con gran poder económico, dueñas grandes fuentes de capital con un gran sentido de explotación del marketing deportivo y liderazgo empresarial.

 Si bien es cierto, muchos de estos deportes reflejan cifras de verdaderas empresas de alto nivel, muchos desconocen las complejas crisis por las que pasa alguno de esos deportes, hasta sus mínimas estructuras, ya sea por mal manejo administrativo, por mal manejo gerencial, por malas políticas empresariales que finalmente conlleva a que algunos entes deportivos, se sometan a procesos de reorganización o en su defecto entrar en estado de liquidación.

Sin embargo, fuera de las situaciones ordinarias del giro de los negocios, que pueden conllevar a una crisis interna, el efecto COVID que hoy tiene en una fuerte encrucijada a muchas estructuras deportivas o negocios de actividad física, pensando qué medidas tomar y con qué herramientas se cuentan en sus Estados para asumir la parálisis de su actividad, que a hoy deja un impacto económico que no se logra determinar en cifras, pero que, por deducción será de cientos de millones de dólares.

 Hoy, los asesores legales y en especial los abogados especialistas en derecho del deporte, están siendo abordados para absolver multitud de cuestiones, tanto de personas jurídicas como naturales, de qué hacer ante una situación ya insostenible para muchos.

La pregunta obliga hoy al jurista a abordar estos cuestionamientos no sólo con la respuesta de tipo legal, lo obliga a pensar como empresario y, de esta fusión, deducir la mejor respuesta con el desafío desde lo legal y lo gerencial, respuesta que no resultará nada fácil, dadas las particularidades y disposición que tenga en este caso el deudor o afectado con la crisis.

 Indudablemente, las respuestas que se puedan dar contando con un determinante factor, son las disposiciones o políticas deportivas, que existían o que cada Estado emita en el marco de esta emergencia sanitaria, para rescatar empresas y personas naturales.

 En Venezuela, ordinariamente se cuenta con disposiciones para que tanto las personas jurídicas como las personas naturales comerciantes o no, puedan someterse a reorganización, negociación de deudas o convalidación de acuerdo privados.  Éstas normas de sentido general pero que alcanzan a tocar el sector deportivo y sus deportistas, son de aplicación general y no son disposiciones especiales para el deporte.

 En el marco de la pandemia y emergencia sanitaria, el Estado Venezolano al día de hoy se ha limitado a establecer normas de control social sobre la pandemia y no sobre las actividades comerciales ya paralizadas.

 Ante este escenario, la respuesta de un jurista del deporte debe propender por la máxima conservación de la unidad productiva, debe analizar junto con los dirigentes las herramientas y soluciones societarias, empresariales, comerciales que beneficien el conjunto de la actividad como fuente de ingresos y generadora de empleos. También debe analizar con sensatez, la reducción de costes que impliquen exorbitantes salarios o gastos que puedan redundar en el beneficio común y no solo de unos cuantos. Se debe buscar la reinvención o reingeniería de los modelos de producción e ingresos ante impedimentos de movilidad. Se deben seguir modelos exitosos a través de negocios digitales que acerquen al aficionado o consumidor del producto deportivo a estos escenarios, en general se deben buscar modelos autogestionarios que eviten la máxima dependencia de fuentes como la estatal, que indudablemente tendrá fuerte recortes en lo deportivo.

 En igual sentido, el mejor consejo en tiempos de crisis en el deporte es acudir a los modelos de renegociación con acreedores y trabajadores, convalidar nuevos acuerdos que permitan sostener esos importantes aliados en materia empresarial, se recomienda recurrir al máximo a los mecanismos alternativos de solución de controversias que busquen la solución en los distintos escenarios laboral, comercial, tributario, etc.

 Para aquellas personas naturales en el sector del deporte, las herramientas jurídicas en materia de negociación de deudas o convalidación de acuerdos privados de estar al alcance, son una alternativa viable para sortear la crisis y evitar la molestia de estar sobreendedudado o en impedimento de pago, ante eso, acudir a un buen asesor jurídico y especializado en derecho deportivo, que le brinde herramientas legales, redundará en una positiva y adecuada inversión en tiempo de crisis.

 Ante todo, la mejor opción será el acercamiento serio y decidido entre las partes deudor-acreedor, que busque el sentido de la solidaridad y conservación de una fuente productiva, llegar a consensos o acuerdos que permitan salvaguardar al empresario, al trabajador dependiente, e independiente, así como también, proteger el crédito. Todo lo anterior, será la mejor alternativa antes que entrar en estados mas graves o en situaciones que conlleven a estados defraudatorios o litigiosos que en estos momento poco suman y sí mucho restan.