Category Archives: Sin categoría

La protección de los diseños de las camisas.

unnamed

La controversia surgió entre Karen Millen Fashion dedicada a la fabricación y venta de prendas y la sociedad de ventas al por menor irlandesa Dunnes. En el año 2005 Karen Millen diseñó y comercializó en Irlanda una blusa a rayas, en una versión azul. Representantes de Dunnes adquirieron unas cuantas prendas de vestir de Karen Millen y mandaron fabricar copias de estas prendas de vestir fuera de Irlanda y las comercializó en sus establecimientos en Irlanda a finales de 2006. Karen Millen interpuso una demanda por infracción de sus dibujos o modelos comunitarios no registrados. Las similitudes entre ambas camisas eran evidentes.

La defensa de Dunnes nunca negó que hubiera copiado los modelos, pero defendía su derecho a hacerlo por entender que las creaciones de Karen Miller carecían de carácter singular y que, en consecuencia, no podían protegerse como diseños no registrados. De hecho la clave del litigio era si para determinar el carácter singular de la camisa debía realizarse con respecto a otras camisas registradas o hechas públicas con anterioridad o si sus características pueden confrontarse con una combinación de camisas anteriores. La cuestión no es en absoluto baladí para la industria. De 3 / 8 admitirse que para que un diseño  no registrado tenga carácter singular sus características (colores, líneas, ornamento, medidas…) deben generar una impresión general en los usuarios informados diferente en el sentido de que esas características no pueden encontrarse individualmente en otras colecciones de camisas tiene un extraordinaria trascendencia. Esta solución haría extraordinariamente difícil que la protección de las prendas de vestir como diseños no registrados mediante la disección de la camisa y la identificación individual de sus características en cualesquiera camisas (u otro tipo de diseños) que con anterioridad se hubieran hecho públicas. Es probable que en otras prendas de vestir se haya utilizado ese cuello, el color, la forma del bolsillo, las rayas… No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio un gran respaldo al sector de la moda europea al defender que no cabe esa disección de las características de un diseño para determinar su carácter singular. En consecuencia, concluyó que para determinar si la camisa de Karen Miller era singular, Dunnes debía identificar un diseño anterior en el que, conjuntamente concurrieran las características que hacen singular la misma, sin poder buscar esas características de forma aislada en multitud de colecciones anteriores. Esta Sentencia ha supuesto un espaldarazo a la industria de la moda al fortalecer la figura del diseño no registrado y dando argumentos a los diseñadores para luchar en los Juzgados contra la proliferación de copias.

Tiempos de crisis en el fútbol, insolvencia o renegociación?

binding-contract-948442_1920

Ante los efectos de la pandemia, que son de notorio conocimiento, muchos sectores, por no decir casi todos, se han visto afectados por las medidas de aislamiento y obligatoriedad en el cese de actividades comerciales y por ende las deportivas. La cuestión de cuándo se reactivará y volveremos a la “ normalidad”, resulta ser la encrucijada del momento, en especial en el mundo del deporte; quienes se han sometido a las consecuencias de cancelar eventos mundiales como juegos Olímpicos, torneos internacionales, clasificatorios, preparaciones de deportistas, hasta la crítica situación de entidades deportivas de reducir salarios, generar licencias no remuneradas -legales o no-, generar despidos y contemplar las opciones de declararse en quiebra, banca rota o insolvencia, no importa el tecnicismo, lo importante es la consecuencia y el efecto cascada.

Al hablar de estructuras económicas y empresariales, está permitido abordar la economía del deporte, puesto que, la economía globalizada del deporte hace que día a día se muevan miles de millones de dólares en transacciones, en contratos de patrocinio, en publicidad, en compra y venta de camisetas, en boletería, lo que hace de los clubes profesionales y otras estructuras deportivas, en el ámbito profesional o aficionado, unas verdaderas fuentes de riqueza o en definitiva los mayores fracasos desde lo económico y desde lo social.

 Cuando se habla de fútbol profesional como ciclismo, baloncesto, entre otros, lo primero que se llega a pensar son de cifras cuantiosas y estructuras con gran poder económico, dueñas grandes fuentes de capital con un gran sentido de explotación del marketing deportivo y liderazgo empresarial.

 Si bien es cierto, muchos de estos deportes reflejan cifras de verdaderas empresas de alto nivel, muchos desconocen las complejas crisis por las que pasa alguno de esos deportes, hasta sus mínimas estructuras, ya sea por mal manejo administrativo, por mal manejo gerencial, por malas políticas empresariales que finalmente conlleva a que algunos entes deportivos, se sometan a procesos de reorganización o en su defecto entrar en estado de liquidación.

Sin embargo, fuera de las situaciones ordinarias del giro de los negocios, que pueden conllevar a una crisis interna, el efecto COVID que hoy tiene en una fuerte encrucijada a muchas estructuras deportivas o negocios de actividad física, pensando qué medidas tomar y con qué herramientas se cuentan en sus Estados para asumir la parálisis de su actividad, que a hoy deja un impacto económico que no se logra determinar en cifras, pero que, por deducción será de cientos de millones de dólares.

 Hoy, los asesores legales y en especial los abogados especialistas en derecho del deporte, están siendo abordados para absolver multitud de cuestiones, tanto de personas jurídicas como naturales, de qué hacer ante una situación ya insostenible para muchos.

La pregunta obliga hoy al jurista a abordar estos cuestionamientos no sólo con la respuesta de tipo legal, lo obliga a pensar como empresario y, de esta fusión, deducir la mejor respuesta con el desafío desde lo legal y lo gerencial, respuesta que no resultará nada fácil, dadas las particularidades y disposición que tenga en este caso el deudor o afectado con la crisis.

 Indudablemente, las respuestas que se puedan dar contando con un determinante factor, son las disposiciones o políticas deportivas, que existían o que cada Estado emita en el marco de esta emergencia sanitaria, para rescatar empresas y personas naturales.

 En Venezuela, ordinariamente se cuenta con disposiciones para que tanto las personas jurídicas como las personas naturales comerciantes o no, puedan someterse a reorganización, negociación de deudas o convalidación de acuerdo privados.  Éstas normas de sentido general pero que alcanzan a tocar el sector deportivo y sus deportistas, son de aplicación general y no son disposiciones especiales para el deporte.

 En el marco de la pandemia y emergencia sanitaria, el Estado Venezolano al día de hoy se ha limitado a establecer normas de control social sobre la pandemia y no sobre las actividades comerciales ya paralizadas.

 Ante este escenario, la respuesta de un jurista del deporte debe propender por la máxima conservación de la unidad productiva, debe analizar junto con los dirigentes las herramientas y soluciones societarias, empresariales, comerciales que beneficien el conjunto de la actividad como fuente de ingresos y generadora de empleos. También debe analizar con sensatez, la reducción de costes que impliquen exorbitantes salarios o gastos que puedan redundar en el beneficio común y no solo de unos cuantos. Se debe buscar la reinvención o reingeniería de los modelos de producción e ingresos ante impedimentos de movilidad. Se deben seguir modelos exitosos a través de negocios digitales que acerquen al aficionado o consumidor del producto deportivo a estos escenarios, en general se deben buscar modelos autogestionarios que eviten la máxima dependencia de fuentes como la estatal, que indudablemente tendrá fuerte recortes en lo deportivo.

 En igual sentido, el mejor consejo en tiempos de crisis en el deporte es acudir a los modelos de renegociación con acreedores y trabajadores, convalidar nuevos acuerdos que permitan sostener esos importantes aliados en materia empresarial, se recomienda recurrir al máximo a los mecanismos alternativos de solución de controversias que busquen la solución en los distintos escenarios laboral, comercial, tributario, etc.

 Para aquellas personas naturales en el sector del deporte, las herramientas jurídicas en materia de negociación de deudas o convalidación de acuerdos privados de estar al alcance, son una alternativa viable para sortear la crisis y evitar la molestia de estar sobreendedudado o en impedimento de pago, ante eso, acudir a un buen asesor jurídico y especializado en derecho deportivo, que le brinde herramientas legales, redundará en una positiva y adecuada inversión en tiempo de crisis.

 Ante todo, la mejor opción será el acercamiento serio y decidido entre las partes deudor-acreedor, que busque el sentido de la solidaridad y conservación de una fuente productiva, llegar a consensos o acuerdos que permitan salvaguardar al empresario, al trabajador dependiente, e independiente, así como también, proteger el crédito. Todo lo anterior, será la mejor alternativa antes que entrar en estados mas graves o en situaciones que conlleven a estados defraudatorios o litigiosos que en estos momento poco suman y sí mucho restan.

La globalización del Derecho al Olvido.

apple-iphone-smartphone-desk-4158

Desde que en el año 2014 se resolvió la controversia suscitada entre Google y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en torno al derecho al olvido digital, comenzó la configuración de este derecho en España y no ha dejado de dar de qué hablar.  En artículos anteriores, hacíamos un repaso de las sentencias dictadas por tribunales españoles sobre esta materia para entender la configuración del derecho al olvido digital en España, los requisitos para que pueda aplicarse y sus límites. Sin embargo, hoy vamos a ir más allá, porque nos vamos a centrar en la última sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, “TJUE”) el pasado 24 de septiembre de 2019, en la que se establecen una serie de matices sobre si existe obligación de que un buscador elimine datos a nivel global o si dicha obligación afecta únicamente a los dominios europeos. Por tanto, a día de hoy ya no se está cuestionando la existencia del derecho al olvido digital, sino su alcance geográfico.

En la citada sentencia, la disputa ante la que se vio obligado a intervenir el TJUE para resolver una serie de cuestiones prejudiciales a las que más adelante haremos mención, surgió entre Google y la Comisión Nacional de la Informática y Libertades de Francia (en adelante, “CNIL”). En concreto, lo que sucedió fue que Google había accedido a suprimir de una lista de resultados realizada a partir del nombre propio de un particular los enlaces que dirigían a una serie de páginas web, pero la CNIL intervino para obligarle a eliminar el vínculo de todas las extensiones de su nombre de dominio. No obstante, Google se limitó a suprimir sólo los enlaces de los resultados obtenidos como respuesta a las búsquedas realizadas desde los nombres de dominio correspondientes a las extensiones de su buscador en los Estados miembros. Como consecuencia del incumplimiento del requerimiento del CNIL, éste organismo francés impuso una sanción a Google, que la multinacional considera que es errónea. En este contexto, el Consejo de Estado francés decidió paralizar el procedimiento y plantear una serie de cuestiones prejudiciales al TJUE.

Las cuestiones prejudiciales que se plantearon en dicha sentencia se pueden resumir de la siguiente manera. Por un lado, se plantea si debe interpretarse el derecho al olvido digital en el sentido de que el gestor de un motor de búsqueda, como Google, que estima una solicitud de retirada de enlaces efectuada por un particular, está obligado a retirar los enlaces de la totalidad de los nombres de dominio de su motor, tanto los que están dentro como los que están fuera del ámbito de la Unión Europea donde se aplicaba la Directiva 95/46 y el Reglamento General de Protección de Datos (en adelante, “RGPD”) como los que estén fuera. Por otro lado, en el caso de considerarse que el derecho al olvido digital no debe aplicarse de forma global, se plantea si los datos en cuestión deben eliminarse de los nombres de dominio de todos los Estados miembros de la UE o únicamente de lo del Estado miembro donde se ha realizado la solicitud de supresión. En definitiva, se plantea cuál es el alcance geográfico de la normativa europea relativa al derecho al olvido digital: si es aplicable únicamente a los Estados miembros y lo que ellos alcancen, o si, por el contrario, debe aplicarse a todos los nombres de dominio a nivel global.

En resumen, la respuesta que a esta pregunta ha dado el TJUE es que un buscador como Google no está obligado a eliminar de todos los nombres de dominio del mundo los datos de un interesado que pida la supresión de los mismos. Esto se debe, de acuerdo con el TJUE, a una serie de motivos, que podrían resumirse en los siguientes:

  • Muchos terceros Estados (de fuera de la Unión Europea) no contemplan el derecho a la retirada de enlaces o lo abordan de manera diferente.
  • El derecho a la protección de datos personales no es un derecho que tenga un alcance absoluto, sino que debe ser tenido en cuenta de forma conjunta con otros factores, como su función en la sociedad y su relación y equilibrio con otros derechos fundamentales, como el derecho a la información. Este equilibrio puede variar significativamente en distintas partes del mundo.
  • El legislador de la UE ha establecido un equilibrio entre el derecho a la protección de datos y la libertad de información en lo que respecta a los Estados miembros de la Unión, pero no ha establecido tal equilibrio en lo que respecta a la retirada de enlaces fuera de la Unión. Esto se debe a que ni en la Directiva 95/46 ni en el RGPD se hace referencia que las disposiciones sean de aplicación a Estados no miembros.

En base a estos razonamientos, el TJUE ha interpretado que no puede exigirse a un motor de búsqueda que proceda a la retirada de enlaces en todas las versiones de su motor. Por ello, a pesar de que, evidentemente,  si se retiraran los enlaces de todos los motores de búsqueda de un motor como Google se estaría cumpliendo plenamente con el objetivo del RGPD y la Directiva arriba mencionada de garantizar un elevado nivel de datos personales en toda la UE, no puede establecerse esto como regla general, entre otras cosas, debido a los motivos enumerados. Por lo tanto, en este caso concreto, si aplicamos el criterio establecido por la justicia europea, Google estaba en lo cierto y el CNIL se estaba extralimitando a la hora de determinar que los enlaces debían ser eliminados de todos los nombres de dominio de Google a nivel mundial.

En conclusión, para el TJUE el derecho al olvido digital no es un derecho con contenido global que sea susceptible de ser aplicado a todos los enlaces del mundo de forma automática e indistinta. Por tanto, es evidente que la globalización tiene gran incidencia en prácticamente todos los aspectos de la vida en general y en el derecho en particular y, más concretamente, influye también en el derecho al olvido digital, en la medida que, como consecuencia de la interconexión mundial a la que estamos sometidos a día de hoy, hay grandes cantidades de información disponibles a un solo clic y eso pone en peligro la privacidad de las personas. A pesar de esto, considero que la interpretación del TJUE es correcta, ya que, a mi parecer, no se puede pretender que se aplique el Derecho de la Unión Europea en todo el mundo, porque los organismos europeos estarían sobrepasando el ámbito competencial que tienen atribuido y esto podría generar gran inseguridad jurídica a todos aquellos Estados que no sean miembros de la UE y que pudieran verse sometidos de alguna manera a los Reglamentos y Directivas europeas que, desde luego, parece bastante antijurídica por el simple hecho de que no los han ratificado.

El fútbol comienza a cambiar…

A medida que en el mundo entero se retoman las competiciones futbolísticas afectadas por la pandemia de la COVID-19,el International Football Association Board (IFAB) ha resuelto modificar de manera transitoria las Reglas de Juegosobre la base de una propuesta enviada por la FIFA que tiene por objeto preservar la salud de los jugadores.

El IFAB ha aprobado la propuesta de la FIFA consistente en introducir una modificación provisional en la “Regla 3. Los jugadores”, parapermitir un máximo de cinco cambios por equipoen aquellas competiciones ya iniciadas o que tengan la intención de hacerlo, y que estaba previsto que concluyeran el 31 de diciembre del corriente. No obstante, con el fin de evitar al máximo las interrupciones,cada equipo dispondrá de tres oportunidades para realizar las cinco sustituciones, que también se podrán llevar a cabo durante el descanso

Esta modificación transitoria entra en vigor con efecto inmediato, ya que se van a disputar un buen número de partidos en un breve periodo y con condiciones meteorológicas diferentes a las previstas, lo cual podría repercutir negativamente en la salud de los futbolistas. Los organizadores de las competiciones seguirán teniendo la potestad de decidir si aplican o no esta modificación transitoria; por su parte,el IFAB y la FIFA decidirán más adelante si se amplía el plazo de aplicación de dicha modificación, (p. ej. para las competiciones que finalicen en 2021).

El cambio de laRegla n.º 3 afecta a las ediciones de 2019/20 y de 2020/21 de las Reglas de Juego; esta última entrará en vigor el próximo 1 de junio.

Por lo que respecta alas competiciones que cuenten con árbitros asistentes de vídeo (VAR), estas podrán prescindir de sus servicios una vez reiniciada la competición, siempre que así lo decida el organizador de la misma. No obstante, en las competiciones que decidan continuar con el VAR seguirán en vigor las Reglas de Juego en su integridad y, por extensión, el protocolo del VAR.

Regla 3. Los jugadores: modificación transitoria

En resumen:

  • Los dos equipos podrán utilizar un máximo de cinco suplentes.
  • Para evitar al máximo las interrupciones, cada uno de los equipos dispondrá de tres oportunidades para realizar las cinco sustituciones, que también se podrán llevar a cabo durante el descanso.
  • Si ambos equipos realizaran una sustitución al mismo tiempo, se restará una oportunidad de sustitución a cada uno de ellos.
  • En el caso de que se dispute una prórroga, ambos equipos llegarán a esta con el número de suplentes y oportunidades de sustitución que no hayan empleado.
  • Si el reglamento de la competición permitiera realizar una sustitución más durante la prórroga, los dos equipos dispondrán entonces de una nueva oportunidad, que podrá aprovecharse tanto antes del inicio de la prórroga como durante el periodo de descanso de la misma.

En el caso de competiciones sénior, los jugadores que ya hayan sido reemplazados no podrán volver a entrar durante ese partido.

EL CONSENTIMIENTO Y LA EXPOSICIÓN PÚBLICA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS REDES SOCIALES.

 

abusos-1000_0

La figura del Fiscal se configura constitucional y legalmente como garante de la legalidad y protector de los más vulnerables, en especial de los menores y de las personas con discapacidad.

Una de las funciones que realiza el Fiscal en esa vertiente de protección de los menores es velar por el respeto a su privacidad, es decir, por su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a su propia imagen, incluso aunque los propios menores o sus progenitores hubiesen prestado su consentimiento permitiendo la intromisión en tales derechos.

La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes contempla que los fiscales del Ministerio Público especializados tienen competencia en tres aspectos: los procedimientos relacionados con las instituciones familiares, patrimonial u otros y protección de niños, niñas y adolescentes; protección penal y el sistema penal de responsabilidad del adolescente. Es por ello que los fiscales tienen la obligación de asegurar el respeto del debido proceso y de los derechos y garantías constitucionales, bajo la premisa del interés superior y prioridad absoluta de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, el representante del Ministerio Público actúa como agente de la jurisdicción cuando ejerce la acción en instituciones familiares o vinculadas; el fiscal acciona ante el órgano jurisdiccional en casos como la manutención, el régimen de convivencia familiar, responsabilidad de crianza, custodia, infracción a la protección, privación de patria potestad y acción judicial de protección. Las solicitudes son interpuestas por los interesados ante los fiscales del Ministerio Público, quienes deben agotar las vías de conciliación y, en caso de no producirse, le corresponde intentar la demanda respectiva. No obstante, el fiscal tiene también la obligación de orientar a ambas partes; hacer seguimiento del caso, atender las audiencias y ejercer oposición, defensa y los recursos correspondientes; además de participar en la ejecución de la sentencia. Asimismo, dicho funcionario actúa como interviniente en procedimientos que son iniciados por particulares; pero el Ministerio Público es llamado a participar para resguardar el orden público, como garante de la Constitución, del debido proceso y con apego al ordenamiento jurídico vigente.

En primer lugar, conviene recordar que los menores son los titulares de los derechos al honor a la intimidad y a la propia imagen, y no sus progenitores.

En este mismo sentido En Venezuela, la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) en su artículo número 65 establece que los menores de edad tienen derecho al honor, reputación y propia imagen. Igualmente, tienen derecho a la vida privada e intimidad de la vida familiar. El mencionado artículo también prohíbe la exposición o divulgación, a través de cualquier medio, de la imagen, datos o información personal de los niños y adolescentes contra su voluntad, la de sus padres, representantes o responsables. Sin embargo, cuando es el padre, representante o responsable quien pública, éste debe tomar en cuenta qué tanto de lo expuesto en la imagen puede ser perjudicial para la integridad del menor.

 Otro aspecto característico, del procedimiento es conocer la opinión del niño, niña y adolescente dado que aun no siendo vinculante para el juzgador, es una obligación para todos los tribunales el garantizar dicho derecho. A su vez, tal opinión no constituye un medio de prueba, es por ello, que debe escucharse en una audiencia especial para tal fin, siguiendo las Orientaciones Sobre la Garantía del Derecho Humano de los Niños, Niñas y Adolescentes a Opinar y ser Oídos en los Procedimientos Judiciales ante los Tribunales de Protección, emanadas de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 25 de abril de 2007. En tal sentido, el no oír la opinión del niño, niña o adolescente en un procedimiento judicial, comporta la violación de un derecho fundamental que acarrea la nulidad y reposición de la causa al estado en que se garantice el ejercicio de tal derecho. A cualquier efecto, sería conveniente tomar en cuenta que, como es un derecho y como tal de carácter obligatorio, No obstante lo anterior,  Sala considera de suma importancia fijar criterio en cuanto en cuanto  la obligatoriedad y seguridad que se le debe dar a las declaraciones de los niños, niñas y adolescentes en el marco de cualquier proceso judicial, ello en virtud del principio del interés superior del niño de aplicación en todos los procedimientos, , como lo dispuso esa Sala en sentencia vinculante N° 900/2008 (caso: Jesús Armando Colmenares).

Los temas vinculados con la participación de los niños, niñas y adolescentes, ya sea en condición de accionantes, víctimas o en calidad de testigos, en los procesos judiciales, tienen especial relevancia incluso a nivel internacional. Con respecto a quién debe prestar este consentimiento en el caso de los niños, niñas y adolescentes, debe ser prestado por ellos, siempre y cuando esté debidamente informado y con las garantías de ley.

Siendo castigado cualquier uso ilegal de sus imágenes, lo comentado se aplica en los supuestos prototípicos en que se pretenda utilizar la imagen de menores en anuncios publicitarios; en películas de cine y televisión; en espectáculos públicos; o en programas de entretenimiento en televisión. Pero también debe aplicarse en aquellos supuestos en que los menores exponen fotos suyas en redes sociales y en aquellos otros en los que son sus progenitores quienes tienen cuentas con un perfil público en redes sociales, fundamentalmente en Facebook, Instagram y Youtube, en las que ponen diariamente múltiples imágenes y/o vídeos de sus hijos menores de edad. Muchas de estas cuentas con perfil público tienen cientos de miles e incluso millones de seguidores y sus titulares reciben regalos y en muchos casos dinero de las marcas por mostrar en dichas redes sociales esos productos en su vida cotidiana y en la de sus hijos menores, llegando a convertirse en la principal fuente de ingresos de sus creadores. Se trata del denominado fenómeno de las instamamis e instapapis, términos que proceden de la red social Instagram.

Desde nuestro punto de vista, no cabe duda de que las redes sociales pueden considerarse “medios de comunicación”, en el sentido en que son instrumentos para enviar un mensaje, textual o gráfico, a una cantidad indeterminada y cada vez más amplia de personas. En esta línea, ya ha habido sentencias en otros países que obligan a los progenitores a eliminar fotos de sus hijos menores de las redes sociales, como la sentencia del Tribunal de Distrito de la Haya de 1 de octubre de 2018 en la que se condena a una “influencer”  a retirar, de forma permanente, todos los contenidos de sus redes sociales en los que aparecieran sus hijos menores de edad, de 2 y 4 años, y se le prohíbe volver a publicar contenido de este tipo en el futuro.

De modo que, con relación a estos derechos, el consentimiento de los propios menores o de sus representantes legales tiene como límite que no suponga un menoscabo de su honra o reputación, o que sea contrario a sus intereses, lo que en principio se controla por el Fiscal especializado cuando se le da traslado de ese consentimiento escrito que los padres han otorgado por sus hijos o cuando no haya existido un consentimiento apropiado.

Durante la minoría de edad de nuestros hijos, el Ministerio Publico y la familia en el momento en que considere que una de estas cuentas en las redes sociales de acceso público o una determinada publicación o vídeo atenta contra los derechos de los menores, deberá intervenir tanto instando las medidas cautelares necesarias para que la publicación o cuenta sea retirada de la red social, como ejercitando ante la vía civil las acciones que correspondan en nombre de los menores para obtener una indemnización por el menoscabo de sus derechos, al punto que ya en Argentina se ha permitido el embargo de cuentas de redes sociales para evitar daños y perjuicios mayores.

Es decir, el Fiscal actúa como garante de la privacidad de los niños, niñas y adolescentes incluso aunque éstos o sus padres se expongan voluntariamente, siempre que pueda considerarse que tal exposición de la intimidad o la propia imagen pueda suponer una intromisión ilegítima en tales derechos porque implique un menoscabo de su honra o reputación, o porque sea contraria a sus intereses.

Para saber cuándo puede considerarse que existe esta intromisión ilegítima es necesario atender al supuesto concreto, pero no cabe duda en que se produce en aquellos casos en que se publican fotos de los menores desnudos, o en momentos delicados de la vida diaria como al utilizar el aseo o un orinal, así como en aquellos supuestos en los que se revelan datos especialmente sensibles de los mismos, como los relativos a alguna enfermedad que padecen.

En la mayoría de los casos los menores cuentan con muy poca edad y el papel de la familia, la sociedad y el  Ministerio Publico, tanto de control previo como posteriormente ejercitando las acciones que correspondan en defensa de sus derechos, es esencial. Si no cumplimos con esta función, dentro de varios años nos vamos a encontrar con adultos que tienen toda su vida expuesta en las redes sociales, sin que ellos hayan podido decidir sobre tal opción, como en la conocida película “El show de Truman”, siendo en estos casos el agravio imposible de reparar.

#Abint #Venezuela #Abintips #teletrabajo #coronavirus #coronavirusvenezuela #sportlaw #sportlawyers #fashionlaw #teclaw #delitosinformaticos #delitos #cyberseguridad #cyberespacio

¿Las escuelas de fútbol y su legitimidad para reclamar derechos de formación?

images (1)

A raíz del Covid-19, el mundo cambió y el futbol también.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los clubes formadores son aficionados y no tienen acceso directo al TMS, así como muchos otros que son profesionales no se encuentran capacitados ni asesorados correctamente para manejar el mencionado sistema informático e inclusive carecen de cuentas en el mismo, pues al momento de reclamar sus derechos de formación deben acudir a sus respectivas asociaciones nacionales.

Para la tramitación y ulterior decisión de los reclamos por Derechos de formación se ha creado una Subcomisión, nombrada por la Cámara de Resolución de Disputas (CRD) y compuesta por todos sus miembros, quienes podrán fallar en carácter de juez único.

Guiado por el principio de economía procesal, el artículo 13 del Reglamento de Procedimientos permite al Departamento del Estatuto del Jugador de la FIFA (DEJ), presentar propuestas por escrito a las partes involucradas en una contienda relacionada con la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad, relativas al cálculo de las cuantías adeudadas, siempre que la situación carezca de elementos fácticos o jurídicos complejos y no exista jurisprudencia clara de la CRD.

EL artículo 19 bis del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA, con vigencia a partir del primero de octubre de 2009, regula la inscripción y notificación de la presencia de futbolistas menores de edad en las academias o escuela de futbol.
El referido texto reglamentario define a la academia como “la organización o entidad jurídicamente independiente, cuyo objetivo principal es formar deportivamente y a largo plazo a jugadores, mediante la puesta a disposición de instalaciones e infraestructura adecuadas. El término incluye, entre otros, los centros de formación para futbolistas, los campamentos de fútbol, las escuelas de fútbol, etc.”.

Se establece que los clubes que tengan un vínculo de hecho, de derecho y/o económico con una academia, deberán notificar a la asociación en cuyo territorio funciona, la presencia de los futbolistas menores de edad que concurren a la academia.

Respecto a las academias que no tienen lazo alguno con un club federado, el citado artículo preceptúa que cada asociación deberá asegurarse que se constituyan en un club que participe en los campeonatos nacionales, notificando la presencia de sus jugadores a la asociación o inscribiendo a los futbolistas en dicho club. En su defecto, las academias deberán notificar la presencia de todos los jugadores menores de edad que asisten a la misma con el propósito de obtener una formación, a la asociación nacional del lugar en que desempeñan su actividad.

Si bien estas disposiciones están destinadas a vigilar la existencia de futbolistas menores de edad en las academias ajenas al fútbol organizado por la FIFA, existe una insoslayable relación con los institutos de la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad.

En efecto, el artículo 20 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ dispone que la indemnización por formación se abonará a los clubes formadores de un jugador cuando el futbolista firma su primer contrato profesional y por cada transferencia de un jugador profesional hasta el fin de la temporada en la que cumple 23 años.

Mientras que el artículo 21 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ sostiene que si un jugador profesional es transferido antes del vencimiento de su contrato, los clubes que contribuyeron a su educación y formación recibirán una parte de la indemnización pagada al club anterior (contribución solidaria).

De esta manera, cuando los clubes están vinculados con una academia y cumplen con la debida notificación a la asociación respectiva acerca de la presencia de jugadores menores, la factibilidad del cobro de la indemnización pertinente a favor de la academia resulta evidente. Aunque se deberán evaluar diversas vicisitudes, principalmente el tipo de vínculo y la magnitud de la influencia económica del club sobre la academia, para evitar situaciones injustas.

Ello así, porque no es lo mismo una mera relación fáctica con una escuela de fútbol, que los casos en los cuales el club tiene a su cargo la totalidad de los gastos que implica la educación deportiva de los juveniles que acuden al centro de formación, más aún cuando la academia, conforme al concepto que proporciona la propia FIFA, es una entidad jurídicamente independiente. Seguramente ambas partes deberán concertar convenios privados que abarquen cabalmente las peculiaridades de cada caso concreto.

Por otro lado, cuando no existe vinculación, pero la academia se ha constituido en un club o ha registrado a los futbolistas en ese club, pues no hay incertidumbre, porque tratándose de un club afiliado a la FIFA, se aplican las normas consagradas en el RETJ y tendrá derecho al cobro de las indemnizaciones correspondientes.

Solo los clubes formadores que están legitimados para cobrar la indemnización por derechos de formación, son los facultados para renunciar a la reclamación de los derechos de formación. De este modo, si un jugador, un intermediario, o un club no legitimado presenta la renuncia a los derechos de formación, no sería aplicable para el club que registró al jugador como profesional, argumentar que no pagan dicha indemnización porque se presentó una renuncia al cobro de los derechos de formación.

En el caso CAS/A/811 entre Galatasaray SK vs MSV Duisburg, El Galatasaray afirmó que no tenía por qué pagar la indemnización por formación al club Duisburg, toda vez que éste último firmó un documento en el cual expresaban que “el contrato (del jugador) expiró el 30 de junio de 2002 y que no existen más cuotas de pago de transferencia”. Sin embargo, tanto la Cámara de Resolución de Disputas como el CAS, confirmaron que como no fue específica en este caso la intención de renunciar a los derechos de formación o incluso a presentar alguna reclamación, no se podría entender que el Galatasaray estaba exento del pago. En este caso, el club formador solo certificó que el documento solo se refería a las cuotas de pago de la transferencia, pero no explícitamente acerca del pago de los derechos de formación. En otro caso similar, en la decisión 115377 de la Cámara de Resolución de Disputas, un club estaba argumentando que estaba exento de pagar la indemnización por formación, puesto que el vicepresidente del club formador del jugador, le entregó al agente del jugador, una carta que decía “El jugador estará libre y fuera de todo contrato”. En el presente caso la CRD claramente decidió condenar a pagar la indemnización por formación al club que registró como profesional al jugador, toda vez que la carta en cuestión, no era suficientemente clara para determinar una renuncia a los derechos de formación.

Así sucedió en el caso 86130b, en donde el jugador llegó a un acuerdo con su nuevo club, confirmando que ni el jugador ni su club de formación, emprenderían reclamación alguna en contra del nuevo club, por ende, e nuevo club se respaldó en esta documentación para afirmar que no tenía que pagar la indemnización por derechos de formación. No obstante, la CRD argumentó que dicho acuerdo firmado por el jugador, no era vinculante para el club formador, puesto que éste último no era parte del acuerdo firmado entre el jugador y el nuevo club y además, dicho documento no estaba firmado por dicho club formador. Situación parecida la ocurrida en el caso 69936a, donde el jugador en cuestión hizo una declaración verbal al nuevo club donde confirmó que su club formador no iba a realizar ninguna reclamación de indemnización por formación, pero evidentemente la CRD aclaró que dicha declaración unilateral del jugador, no podría ser vinculante para obligar al club a renunciar a su derecho de reclamar la indemnización por formación.

El problema surge cuando la academia no tiene conexión ni se ha organizado en un club en todo el sentido de la palabra, es decir, cuando no se quitan la visión de meros formadores, lo que la convierte en una entidad completamente extraña a la estructura federativa del mundo FIFA. En ese sentido, es dable aclarar que el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ obliga a cada asociación a llevar un registro con los nombres y fechas de nacimiento de todos los jugadores menores de edad que le han notificado no solamente los clubes sino también las academias, lo que nosotros hemos llamado Pasaporte Deportivo del futbolista.

Además, se estipula que una vez realizada la notificación, tanto la academia como los jugadores se comprometen a practicar el fútbol según los Estatutos de la FIFA y a observar y compartir los valores éticos del deporte del fútbol organizado, de lo contrario será sancionados por la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

Entonces, el desatino de colocar como destinatario de las reglamentaciones a un tercero que no cumple con la indispensable afiliación directa o indirecta a la FIFA, debería tener como contrapartida la posibilidad de reclamar la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad, a todas las academias que se encuentran en esta situación, ya que si se les impone obligaciones también se les debería otorgar derechos que están concatenados. Empero, sería importante que la entidad madre del fútbol mundial no se detenga únicamente a reglamentar la detección de futbolistas menores en distintos ámbitos, sino también controlar la idoneidad de las estructuras formativas de las academias que los albergan.

Como corolario de lo expuesto, desde el momento en que un centro académico de formación futbolística cumpla con la notificación exigida por la FIFA, tendría que adquirir la calidad de legitimado activo en un eventual reclamo indemnizatorio, deviniendo imprescindible una reforma reglamentaria que englobe la protección de todas las entidades formadoras de futbolistas que resulten competentes para tal fin.

En algunas ocasiones, los clubes formadores no tienen conocimiento de que documentación están firmando o entregando a los clubes que se llevan sus jóvenes promesas, debido a esto es supremamente importante para dichos clubes formadores, contar con una asesoría integral en derecho deportivo, para así evitar perder un derecho que por “derecha” les corresponde.

#venezuela #sportlaw #sportlawyers #derechodeportivo #futbol #futbolistas  #abintips

Invitacion WEBINAR “DELITOS INFORMÁTICOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA”

449617_4148

El abogado Argentino, especialista en Derecho Informático Guillermo Zamora  es nuestro invitado junto al Dr. Eduardo Cespedes a disertar en el marco del “ Webinar sobre Delitos Informáticos en tiempos de Pandemia” que  será el 4 de mayo a las 13:30 horas de Venezuela. El Dr. Zamora es de los estudiosos que aseguran que hay personas que se arriesgan por pretender una “condena social” diciendo por ejemplo que alguien es delincuente, abusador o violador. “La condena social es muy corta. No vale la pena. Pero corre riesgo de ser demandado por calumnias. Eso es venganza, no justicia”.

El Dr.  Zamora manifiesta siempre que la mayor dificultad que atraviesa la gente es “la falta de paciencia y capacidad de espera”. Explica que cuando a un cliente se ve injuriado o es víctima de algún episodio en internet “quieren todo ya. En la actualidad, no leen libros porque tardan mucho: ven el video y es más rápido. Hoy no leen toda la noticia, sino el titular y con eso dicen estar informado. Con esto pasa lo mismo, la gente tiene que entender que no hay un botón mágico que solucione cosas”.

Desde el inicio de la crisis sanitaria tanto Interpol, los organismos de seguridad y la ONU vienen alertando de la proliferación de páginas que ofrecen supuestos tratamientos milagrosos contra el coronavirus y venden material sanitario defectuoso y a precios desorbitados que a veces ni siquiera existen.

Al mismo tiempo, los ataques informáticos que utilizan el miedo al Covid-19 como señuelo se han multiplicado por cinco en marzo respecto del mes anterior, según fuentes del gigante de ciberseguridad rumano Bitdefender. Un reciente informe de Europol confirma este incremento de estafas y delitos cibernéticos que se aprovechan de la pandemia.

El mayor experto de Naciones Unidas en cibercriminalidad, Neil Walsh, asegura que las actividades delictivas se han disparado en la red. Entre las que más aumentan está la comercialización de equipos sanitarios falsos y supuestas curas que pueden ser letales, como beber gel desinfectante con más de un 70 % de alcohol.

Pero incluso la confianza en instituciones como la OMS es explotada por los piratas para infectar nuestros ordenadores con virus para robar datos bancarios o extorsionar pidiendo recompensas para liberar la información que han encriptado. Además de utilizar el «phishing» que consiste en enviar correos electrónicos que suplantan a empresas, bancos y otras instituciones para dirigir a la víctima a una web falsa donde se les roban sus datos, los ciberdelincuentes atacan los ordenadores de sus víctimas con virus del tipo ‘ransomware’.

Los ‘ransomware’ infectan el sistema al abrir la víctima un archivo maligno o instalar una aplicación trampa que los hackers invitan a descargar por correo o redes sociales como legítima. Estos virus encriptan partes o la totalidad del sistema, al que el usuario solo puede volver a acceder si paga.

Trabajar desde casa, además, puede dar una falsa sensación de seguridad y abre la puerta a mostrarse confiado ante enlaces o documentos adjuntos de procedencia sospechosa. La presa más fácil para los hackers, sin embargo, son las personas, por lo general mayores, que están poco acostumbradas a usar internet y se ven forzadas a entrar estos días para entretenerse o hacer trámites que no pueden hacerse en persona por la cuarentena.

«Los ciberdelincuentes saben que hay más gente conectada que nunca y aprovechan su oportunidad», advierte la Iniciativa Global contra la Criminalidad Organizada Transnacional. «La gente que, por ejemplo, compra cosas online por primera vez es la más expuesta a este tipo de ataques».

La urgente necesidad de ingresos ante la crisis económica causada por la paralización de la actividad es otro caladero para los ciberdelincuentes. Los foros de búsqueda de trabajo en redes sociales como Facebook se han llenado estos días de oportunistas que ofrecen formas de ganar dinero fácil con la condición invariable de adelantar un pago. Uno de estos anuncios daba la posibilidad de ganar dinero haciendo trabajos administrativos desde casa, pero pedía adelantar una cantidad equivalente a 50 euros para recibir la formación necesaria para empezar. Otra de estas formas de ganar dinero fácil proponía contribuir con 25 dólares al mes a un fondo para hacer reservas hoteleras y revenderlas a un precio mucho mayor tras la pandemia.

En otras ocasiones, los anunciantes ofrecen la oportunidad de trabajar desde casa dando servicios de apoyo técnico telefónico y cobrando por PayPal. Para comprobar el uso de una cuenta en esta plataforma de pagos online, los anunciantes piden al aspirante que les de su nombre de usuario y contraseña.

¿Cuál es el perfil del ciberdelincuente?

¿Cuál es el perfil de estos delincuentes? ¿Son oportunistas reconvertidos o el crimen organizado de siempre? En Abint Abogados estamos seguros que el momento lo están aprovechando tanto criminales de estructuras jerarquizadas como delincuentes que se han mudado al mundo digital por la cuarentena.

Al mismo tiempo que en algunos foros puede verse a personas que no tienen experiencia delictiva digital tratar de ponerse al día en ese campo, grupos ya organizados aprovechan el confinamiento y el temor que despierta la pandemia para reciclarse y empezar a actuar en internet. Otro de los riesgos que preocupan es la posible explotación sexual de menores debido al aumento de las horas que pasan online. Recientemente en Noruega un pedófilo se infiltró en una clase virtual a través de una aplicación de videoconferencias. «A los delincuentes les gusta aprovechar una oportunidad allí donde se presente».

Por ello los invitamos a que participen y actualicen sus conocimientos y medidas de seguridad ante tan difícil situación.

Inscripción previa en el correo: socios@abint.com.ve desde donde les será enviado el link de conexión.

DELITOS INFORMÁTICOS.

 

 

 

descarga

 

Abogado de Contacto.

Dr. EDUARDO ALEJANDRO CESPEDES POVEDA

SOCIO DIRECTOR

+584144941976

+573192873200

Abint Abogados en nuestras oficinas en Venezuela y Colombia presta asesoramiento tanto a las empresas del sector TIC (empresas tecnológicas, prestadores de servicios a través de internet y desarrolladores de software, etc.) como a todo tipo de empresas de cualquier sector en cuestiones relacionadas con los sistemas IT.

Nuestro compromiso es aplicar y crear las nuevas tendencias mundiales en cuanto a Derecho al olvido y la Identidad digital junto con la protección de datos, elementos fundamentales en este mundo globalizado.

Es reseñable la experiencia acumulada durante años en operaciones de outsourcing, tanto de infraestructuras o comunicaciones como de procesos, en el ámbito nacional y multi-jurisdiccional. Al asesoramiento general en la elaboración, revisión y negociación de los contratos de externalización de servicios se une la eventual estructuración mercantil previa que el outsourcing pueda requerir, así como las peculiaridades propias en otras materias (en particular, laboral, fiscal, de propiedad intelectual e industrial y de protección de datos personales) que estos contratos pueden revestir. Nuestro departamento de Derecho informatico y sus miembros, dirigidos por el Dr. Eduardo Cespedes, aseesoran y representan a nuestros clientes en cualquier tipo de procedimiento judicial relacionado con la defensa de sus derechos:

  • Protección del software y de las bases de datos electrónicas.
  • Contratos de licencia, cesión, distribución y puesta a disposición de software y bases de datos electrónicas.
  • Contratos de depósito de códigos fuente.
  • Contratos de mantenimiento, hot-lines, acuerdos de nivel de servicio y formación.
  • Contratos de consultoría técnica, desarrollo e integración, implantación, migración e instalación de sistemas TI.
  • Contratos de outsourcing.
  • Contratos de alojamiento, de gestión documental y de ASP.
  • Contratos de distribución, suministro, compraventa, renting y leasing de hardware.
  • Contratación con el Sector Público en relación con el suministro de productos y servicios TI.
  • Fiscalidad del software.
  • Asesoramiento general en el régimen jurídico de los derechos de propiedad intelectual y, en particular, en materia de la exigibilidad del canon de copia privada.
  • Responsabilidad por productos defectuosos.
  • Asesoramiento y defensa jurídica frente a prácticas de piratería informática.
  • Patentes de invenciones microelectrónicas.

 

FVF SUSPENDE EL FÚTBOL POR TIEMPO INDEFINIDO, Y LOS SALARIOS DE LOS TRABAJADORES?

fvf

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF), mediante resolución del Consejo Directivo, decidió suspender todas las competiciones nacionales, tanto en masculino como en femenino, en sus diferentes modalidades (fútbol campo, playa, futsal) que se desarrollan o que están por desarrollarse, de las categorías formativas de fútbol base y fútbol juvenil, previstas para la temporada 2020.

De acuerdo con una nota de prensa de la FVF, la decisión fue tomada debido al estado de emergencia nacional, producto de la pandemia por el Covid-19. La resolución fue enviada a todas las asociaciones estadales, así como a los clubes inscritos en cada una de ellas para que cumplan con la medida. La máxima instancia del fútbol nacional prohíbe además que las asociaciones estadales de fútbol, los clubes y colectivos organicen, participen o celebren torneos de cualquier naturaleza o denominación que contradiga la suspensión realizada. Las asociaciones serán responsables en su región del cumplimiento de esta medida entre sus afiliados.

Asimismo, el dictamen señala que esta medida será eliminada sólo si cesan las causas que obligan a la Federación Venezolana de Fútbol a tomar esta decisión, o si el Ejecutivo Nacional autoriza la práctica del deporte, dejando una duda y los salarios de todas las personas que laboran en el futbol, como quedan?

La progresividad de todos los derechos sociales hace referencia al reconocimiento de prestaciones mayores y superiores de cada uno de éstos derechos e implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección no se puede retroceder frente al nivel de protección al que se ha llegado o conseguido.

El derecho de los deportistas en Venezuela es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre ellos y sus patronos que surge como resultado de las demandas y luchas que buscaban condiciones mas favorables y justas de trabajo.

El trabajo comprende el derecho a cooperar en el desarrollo económico de un país mediante una actividad creadora. El hombre se compromete no solo en favor suyo, sino también en favor de los demás y con los demás, cada uno colabora en el trabajo y en el bien de los otros. El hombre trabaja para cubrir las necesidades de su familia, de la comunidad que forma parte, colabora asimismo en la actividad de los que trabajan en la misma empresa e igualmente en el trabajo de los proveedores o en el consumo de clientes, en una cadena de solidaridad que se extiende progresivamente.

El trabajo está destinado a satisfacer las necesidades del trabajador, ya sean económicas, de tipo espiritual, cultural, social, etc. Además resuelve las necesidades de la colectividad. Sin el trabajo no hay progreso, por el trabajo vivimos y mantenemos a la familia. Del trabajo no solo depende la subsistencia del trabajador sino la existencia de la familia.

El trabajo es un fenómeno social sometido a las normas jurídicas, económicas y morales dentro de una nación, el cual se rige por principios constitucionales y legales, su base constitucional está establecida en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.EL

Principio de intangibilidad y progresividad. Art 18.2 Ley orgánica  del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras y 9 del Reglamento, éste principio explica que el derecho del trabajador no debe ni puede tocarse, el cual tiene un efecto progresivo, que significa que avanza o aumenta en cantidad o perfección. Los derechos de los trabajadores no pueden alterarse o modificarse luego de haberse establecido y que de modificarse se debe favorecer su avance o progreso. Se relaciona con el In Dubio Pro Operario.

Los deportistas profesionales en la República Bolivariana de Venezuela tienen su régimen legal general establecido en la vigente Ley que rige el Trabajo.

La normativa prevista en la mencionada ley viene a constituirse entonces en el marco jurídico general que rige las relaciones laborales surgidas a raíz de la suscripción de un contrato entre un deportista profesional y una persona, sea natural o jurídica, mediante el cual aquel realiza su actividad deportiva en un plano de subordinación a cambio de una remuneración, la cual puede consistir en una contraprestación monetaria, en especie, o ambas.

El Estatuto legal general del deportista profesional en Venezuela está establecido en el Capítulo intitulado “Regímenes Especiales”. Este capítulo se refiere a varios aspectos relacionados con el Deportista Profesional, los cuales se presentan a continuación. Nuestra ley del Trabajo estipula el principio general aplicable a los deportistas profesionales, en el sentido siguiente:

“ Los deportistas que actúen con carácter profesional, mediante una remuneración y bajo la dependencia de otra persona, empresa o entidad deportiva se considerarán trabajadores. Igualmente serán considerados deportistas los directores técnicos, entrenadores y preparadores físicos, cuando presten sus servicios en las condiciones señaladas”

En este sentido, la Ley define, de manera un poco limitada, lo que debe entenderse como deportista profesional a los efectos de esa normativa. Al respecto, deportista profesional será aquel que realiza su actividad deportiva mediante una remuneración y bajo la dependencia de otra persona, natural o jurídica. Este concepto es similar al establecido en el Reglamento Nº 1 de la vigente Ley del Deporte, el cual en su artículo 13 define al deportista profesional de la siguiente manera:

“Artículo 13.- Son deportistas profesionales quienes se dediquen regularmente a la práctica de alguna disciplina deportiva, por cuenta propia o ajena y reciban por ello una remuneración (…)”

De la misma forma, la Legislación laboral equipará a todo deportista profesional con el concepto legal de trabajador, en los términos establecidos en la misma ley, lo cual trae como consecuencia que, salvo las disposiciones especiales propias de su condición de profesionales del deporte, a los mismos le es aplicable todas aquellas disposiciones generales que amparan a los trabajadores y que estén estipuladas en el ordenamiento jurídico venezolano, especialmente las relativas a la protección y amparo de los derechos inherentes y que se deriven de su condición de trabajador.

Por otro lado, y en el mismo sentido de lo anteriormente expuesto, la Legislación laboral reconoce y equipara al hecho deportivo de carácter profesional con el trabajo entendido como hecho social, por lo cual será deber del Estado entonces protegerlo y enaltecerlo.

La Legislación laboral también equipara al concepto de deportista profesional expresado en la norma, a todas aquellas personas que ejerzan sus funciones o realicen sus actividades como directores técnicos, entrenadores y preparadores físicos, siempre y cuando lo hagan mediante una remuneración y bajo la dependencia de otra persona, física o jurídica.

La Legislación laboral también establece el régimen legal contractual aplicable a los deportistas profesionales en Venezuela. En este sentido se establece “ En el contrato de trabajo que suscriban los deportistas, el cual deberá hacerse por escrito, se establecerán expresamente todas las condiciones pertinentes a la relación de trabajo y, especialmente, el régimen de cesiones, traslados o transferencias a otras entidades o empresas

La Legislación laboral, reconociendo el carácter especial de la disciplina deportiva profesional, ha querido impregnar al Contrato del deportista de ciertas formalidades, a los fines de una mejor protección del mismo frente a los vaivenes propios derivados de esa actividad tan particular. En virtud de esto, el Contrato de Trabajo del Deportista debe cumplir, de manera obligatoria, con los siguientes requisitos:

A.- El Contrato siempre debe ser escrito: no se admiten por tanto, en la contratación deportiva profesional, cualquier vinculación pactada de manera verbal, tal cual como se autoriza en el régimen laboral general venezolano.

B.- Establecimiento de todas las condiciones de la relación de trabajo: consecuencia lógica de su carácter escrito, es que el Contrato de Trabajo del Deportista Profesional, debe contener todas las condiciones propias de la relación laboral, las cuales deben incluir tanto las especiales, derivadas del hecho deportivo (convocatorias, premios y bonos por títulos o marcas obtenidos, concentraciones, etc) como las generales derivadas de el carácter de trabajo de esa actividad deportiva (duración del contrato, monto de la contraprestación, vacaciones,). La Legislación laboral también hace referencia especial al régimen de cesiones, traslados o transferencias de los deportistas a otras entidades o empresas (condición especial derivada del hecho deportivo profesional).

De igual manera, la Legislación laboral hace referencia, dentro del régimen legal contractual aplicable en materia deportiva profesional, a la duración de los mismos, estableciendo varias modalidades. La Legislación laboral expresa de manera textual lo siguiente:

“La relación de trabajo de los deportistas profesionales puede ser por tiempo determinado, para una o varias temporadas o para la celebración de uno o varios eventos, competencias o partidos. A falta de estipulación expresa, la relación de trabajo será por tiempo indeterminado”

La Legislación laboral establece las modalidades de contratación aplicables a los deportistas profesionales en Venezuela. En este sentido, se tienen los siguientes tipos:

A.- Por Tiempo Determinado: es áquel por el cual las partes se vinculan hasta una fecha específica, momento en el cual dicha vinculación expira.

B.- Por Temporadas: más propio del ámbito deportivo, es aquel mediante el cual las partes se vinculan por el período de tiempo contentivo de una o varias temporadas. Así, por ejemplo, si la temporada de determinada disciplina tiene una duración fija de 6 meses, entonces el contrato de trabajo expirará al término de esos 6 meses. Si dura un (1) año, será por este lapso, y así sucesivamente. La ley también admite los contratos multitemporales, es decir, aquellos que se suscriben por varias temporadas, los cuales pueden abarcar dos (02) o más años.

C.- Por Eventos, Competencias o Partidos: también muy propio de la actividad deportiva profesional, es aquel mediante el cual las partes se vinculan para un determinado evento deportivo, una competencia o uno o varios partidos. No es tan frecuente como los contratos por temporadas, pero sí son perfectamente viables y admitidos por el Legislador. Ejemplo de éstos puede ser la vinculación que haga un ciclista para un determinado evento (Vuelta a Francia), o de un gimnasta para una exhibición con fines benéficos.

D.- Por Tiempo Indeterminado: es aquel en el cual no aparece expresada, de forma inequívoca, la voluntad de las partes de vincularse solo con ocasión de una o varias temporadas, competencias, eventos, partidos o por tiempo determinado. Viene a ser el marco supletorio en caso de que los contratantes (casi nunca por cierto en el ámbito deportivo) no señalen de manera expresa la modalidad de duración de los contratos que suscriban.

Aparte de estas disposiciones especiales a los contratos de trabajo suscritos por los deportistas profesionales, cualquier otro aspecto presentes en los mismos y que no tengan regulación expresa en las disposiciones especiales, deberán regirse entonces, en principio y de manera supletoria, por las disposiciones generales que les sean aplicables.

La Legislación laboral abarca en su regulación especial de los deportistas profesionales, un aspecto fundamental en la dinámica deportiva actual como lo es el régimen de transferencias y cesiones de los deportistas. Cada vez más, el deporte ha dejado de ser un simple entretenimiento para convertirse en una industria multimillonaria donde la materia prima está conformada principalmente por los jugadores, los cuales, tal cual mercancía, tienen precio monetario establecido, y como tal, susceptibles de alzas y bajas en el mercado, los cuales enriquecen o empobrecen, según el caso, el patrimonio de las entidades deportivas profesionales que son, por lo general, los dueños de los pases de transferencia.

En este sentido, la Legislación laboral establece el principio general aplicable a las cesiones de deportistas profesionales:

Cuando las cesiones, traslados o transferencias produzcan beneficios económicos para el patrono, el trabajador tendrá derecho a una participación equitativa de una cantidad no menor del veinticinco por ciento (25%) de dicho beneficio. El Ministerio del ramo, por Resolución especial, determinará las condiciones conforme a las cuales se ejercerá este derecho

La Legislación laboral ordena que el jugador profesional que sea objeto de una transferencia, debe recibir su parte del precio total pagado por el comprador y recibido por su antiguo patrono, siempre y cuando dicha transferencia haya producido ganancias para el club, entidad o persona que lo transfiere. La Legislación laboral establece un porcentaje mínimo del 25% de las ganancias que se hayan obtenido por la transferencia para el deportista. Dicho porcentaje, por supuesto, puede aumentar, pero nunca ser inferior a ese límite establecido legalmente.

Por otra parte, la Legislación laboral, al regular el régimen de transferencia, ampara a todo aquel deportista profesional que por causa justificada, se oponga a la misma, en los siguientes términos:

“ Los deportistas profesionales podrán oponerse a su transferencia a otra empresa, equipo o club, cuando exista causa que justifique su oposición

Bien cierto es que dicha normativa no especifica sin embargo, el íter procedimental aplicable a esa oposición que hace en determinado momento el trabajador deportista, así como tampoco señala que se puede entender bajo este supuesto, como causa justificada. Por lo cual esta disposición presenta un gran vacío legal que deberá ser llenado en cada caso en específico que se pueda presentar. Por otro lado, no es muy común que los deportistas profesionales se opongan, o hagan valer su oposición, en todo caso, a la voluntad de un determinado equipo de transferirlo a otro equipo, máxime cuando por lo general, los equipos son los dueños de su ficha.

La Legislación laboral regula, finalmente y de manera expresa, otras situaciones referidas al deportista profesional, de la siguiente manera:

A.- Jornada de Trabajo: establece que la jornada de trabajo está sujeta a las características especiales derivadas de su actividad. Por otra parte se cuenta los días de entrenamiento como parte de esa jornada, la cual no podrá exceder de 40 horas a la semana. Sí la jornada acumulada de trabajo semanal excede este límite de horas, se establecerán compensaciones especiales, las cuales deberán estar contenidas en el Contrato de Trabajo.

B.- Descanso Semanal: se establece que cuando en virtud de la naturaleza propia de sus labores, los deportistas profesionales no puedan descansar el día domingo, se deberá establecer cualquier día de la semana como día de descanso compensatorio. Recuérdese que el hecho deportivo profesional es ante todo un negocio de entretenimiento para las masas, por lo cual, los días de descanso de fin de semana (sábados y domingos) se tornan propicios para que el ciudadano común asista a los eventos deportivos profesionales, por lo cual para los deportistas estos días son plenamente laborables.

C.- Horas Extras, Nocturnas y Transporte: se establece la desaplicación del régimen legal general aplicable para los trabajadores deportistas de estos conceptos, toda vez que por la naturaleza misma de sus actividades, se entiende que todo lo referido a ellos genera un alto grado de flexibilidad y variedad, tanto en horarios como en transporte. (Juegos nocturnos y diurnos, viajes largos y cortos, variedad de horas de concentraciones).

D.- Gastos de Viaje: El patrono, en este caso el club o entidad deportiva o persona natural, corre con todos los gastos de traslado, alimentación, seguro contra accidentes y otros que sean inherentes a la actividad, cuando en el ejercicio de sus actividades profesionales, el deportista tenga que trasladarse fuera de la sede de la entidad deportiva.

E.- Convenios Internacionales: Aquí se establece el principio de coexistencia con el ordenamiento jurídico internacional que regule la materia deportiva. Recuerdese que por su universalidad, la mayoría de las disciplinas deportivas, por no decir todas, cuentan con un conjunto de normas internacionales que regulan mucha de las situaciones jurídicas deportivas, en especial la de los deportistas profesionales (FIFA, MLB, FIBA). Por lo cual siempre será necesario, en cada caso concreto, la aplicación armoniosa, en un sistema de coexistencia de normas, del ordenamiento jurídico, tanto nacional como internacional. La Legislación laboral señala, sin embargo, que esa aplicación armoniosa de normas internacionales solo procederá cuando las mismas no colidan con el ordenamiento jurídico venezolano.

F.- Forma del Salario: El salario que reciba el deportista profesional podrá estipularse por unidad de tiempo, para uno o varios eventos, partidos o funciones, o para una o varias temporadas. Todas estas modalidades son admisibles por la Legislación laboral.

G.- Igualdad Salarial: Debido a la propia naturaleza de las actividades deportivas profesionales, se admite la desaplicación del principio laboral de “igual trabajo igual salario”. La desaplicación del principio se establece en función de que se reconoce que el hecho deportivo profesional, el salario depende en gran medida de la categoría de los eventos, partidos o funciones de los equipos, así como de la experiencia y la habilidad de cada deportista.

La Legislación laboral establece un Estatuto General de Regulación del Deportista Profesional entendiendo que éste es un trabajador bajo lo establecido en la misma normativa, y reconociendo al hecho deportivo profesional como un trabajo en los términos establecidos tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como en la misma ley.

Dicho Estatuto General abarca fundamentalmente lo referido al Contrato de Trabajo suscrito por el deportista profesional, así como diversos aspectos inherentes a la actividad deportiva en general (cesiones, transferencias, días de descanso), ya mencionados con anterioridad.

Siempre es necesario acotar que este Estatuto General se convierte en el marco normativo de aplicación, pero no en el único, en relación a los deportistas profesionales, toda vez que derivado del carácter universal del deporte profesional, dicho Estatuto debe coexistir, bajo un sistema armonioso de aplicación, con las disposiciones normativas dictadas por los órganos deportivos internacionales y sus distintos instrumentos.

Ahora bien, suspender un campeonato, no implica suspender un contrato de trabajo y es en esto donde hay que estar mas claros aun, nuestros contratos laborales son celebrados entre los trabajadores (deportistas, entrenadores, etc) y los equipos, no hay contrato alguno entre los jugadores y la Federación Venezolana de Futbol, caso diferente al de la MLS como ya lo explicamos en nuestro articulo (Entendamos la MLS  http://www.abint.com.ve/web/?p=1090 )

Por eso cuando hablemos de la suspensión del campeonato de futbol Venezolano, no se asusten ni se sorprendan porque entre jugadores y federación no existe contrato laboral alguno sumado al hecho de que la suspensión de la relación laboral siempre es temporal.

De allí que cuando hablemos de suspensión del contrato entre trabajadores y equipos,  La ley es muy clara e indica que durante la suspensión de la relación de trabajo entre el patrono y el trabajador(a), no existe obligación de prestarle el servicio al patrono, pero el patrono NO está obligado a pagar el salario al trabajador. Ahora bien, durante la suspensión de la relación de trabajo, el trabajador sigue gozando de su inamovilidad laboral y también a ser reincorporado  en las mismas condiciones para la fecha en que fue suspendida la relación de trabajo. La legislación es muy clara y establece causales entre las que están:

Casos fortuitos y de fuerza mayor (que haya sucedido algo dentro de la empresa que haga imposible prestar el servicio) aunque tenga  la consecuencia inmediata de la suspensión laboral autorizada por la Inspectoría del  Trabajo dentro de las 48 horas siguientes  de haber ocurrido el hecho y NO podrá exceder de 60 días. Pero si el patrono NO afilió al trabajador a la seguridad social el patrono deberá pagar el monto total del salario. El patrono deberá pagar lo correspondiente a la vivienda, beneficio alimentación, las cotizaciones de la seguridad social, lo indicado en la convenciones colectivas en caso de haberlas.

Durante la suspensión de la relación de trabajo NO se podrá despedir al trabajador(a), trasladarlo ni desmejorarlo en sus condiciones de trabajo, salvo que le sea comprobada una falta mediante la calificación de falta indicada previamente calificada por el Inspector del Trabajo.

Es necesario entender la Suspensión de la relación laboral como un acontecimiento externo al círculo de la empresa y del todo independiente de la voluntad del empresario, que, a su vez, sea imprevisible. Asimismo, el carácter inevitable de la fuerza mayor no debe predicarse tanto del suceso en sí, sino en relación con su incidencia en la continuidad de la actividad laboral.  Al mismo tiempo, otra tendencia muy respetada ha ampliado el concepto considerando dentro de la “fuerza mayor” el impedimento de la prestación de trabajo por acto de autoridad o “factum principis”, en tanto que el empresario laboral que debe cumplir la orden o resolución correspondiente - en este caso, el aplazamiento de la competición - debe utilizar para el cumplimiento de la misma las vías que le permite la legislación laboral. En consecuencia, cabría tanto la posibilidad de que los clubes redujeran la jornada, limitándola a los entrenamientos y reduciendo el salario de forma proporcional en consecuencia; como de que suspendieran por completo los contratos, siguiendo el respectivo procedimiento, dejando de percibir los jugadores su salario habitual y obteniendo el derecho a cobrar la respectiva prestación por desempleo. Con el agravante de que en Venezuela el gobierno nacional se comprometió a que el Estado pagará los salarios de trabajadores de pequeñas y medianas empresas perjudicadas por la cuarentena contra el nuevo coronavirus, activando el plan especial de pago de nóminas a la pequeña, la mediana industria y comercios del país por un lapso correspondiente a seis meses”, dicha medida se aplicará a partir de el mes de marzo, ratificando la inamovilidad laboral vigente en Venezuela, por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2020.

 #venezuela #sportlaw #sportlawyers #derechodeportivo #futbol #futbolistas  #abintips

Derecho al olvido una realidad accesible…

der.olv

Entrar al mundo digital es algo que la población de todas las edades ha hecho en algún momento de su vida, ingresar a las redes sociales, buscar algo en internet, o simplemente dejar datos personales o información pública para otros, así como haber cometido cualquier error.

Y aunque a los ojos de muchos esto resulta ser una actividad sencilla que no implica riesgos, en algunos casos, la información personal pública puede ser un arma de doble filo por lo que retirar la información de internet es el mejor camino cuando se enfrenta a situaciones como difamación o mal uso del nombre.

A nivel mundial, lo legislativo que engloba a este tema es conocido como el derecho al olvido, del cual Colombia aún tiene mucho camino por recorrer, y lo que se asemeja es la ley 266 de 2008, sobre Habeas data, siendo necesario destacar que en Colombia y menos en Venezuela no existe como tal una regulación en materia legal del derecho al olvido ni un precedente de gran magnitud, aun cuando en otros países si es considerado como un derecho fundamental de las personas, el cual va a permitir retirar de internet toda base de datos o información que vulnera derechos de autor, información que no es real o que causa daño.

Es necesario destacar que con carácter general prevalecen los derechos del interesado a que la información relativa a su persona ya no esté vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda a partir de su nombre. Pero también, a tenor de la misma doctrina, se ha establecido que esa regla general cede, si, por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante del público en tener, a raíz de esa inclusión, acceso a la información de que se trate

Por ello  en el mundo está tomando cada vez más fuerza la opción de eliminar el pasado de una persona en internet. Conocida como el ‘derecho al olvido’, esta posibilidad surgió en la Unión Europea dentro del marco de la Ley de Protección de Datos y vincula no solo a motores de búsqueda, sino también a redes sociales y medios de comunicación.

La  Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (Flip) lo define como “un concepto y una discusión jurídica que se basan en un derecho fundamental, que es el derecho al habeas data”.

Aunque, a diferencia de la Unión Europea, en Colombia ni en Venezuela no existe como tal una ley del derecho al olvido, es que en Abint Abogados hemos decidido desarrollar dos servicios fundamentales:

  • Mejorar la reputación online en Google: “limpiar reputación” y “salir de Google” Con nuestros servicios se puede elegir lo que aparecerá en la primera página de Google. Es decir, definir qué contenidos quierenque haya en los 10 primeros resultados de Google. Para bajar a la 2ª página de Google los contenidos que consideren como negativos, porque dañan nuestra reputación. También se puede trabajar, para que los 20 primeros resultados estén elegidos por el usuario. Y así, sólo a partir de la 3ª página de Google aparecerían las cosas que puedan perjudicar.
  • Actuación judicial para conseguir el respeto al Derecho al Honor y la Privacidad, con actuaciones ante los Tribunales de la Republica orientados por el mejor del mundo el Dr. Martin Leguizamon.

Siempre es necesario destacar que “la intimidad, que es un derecho fundamental, también tiene límites”. Y en este sentido, “hay que revisar un factor importante que es el interés público” a la hora de que se eliminen contenidos publicados en internet.

Nelson Remolina, Superintendente Delegado de Protección de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en una entrevista manifestó que estos debates usualmente los valora la Corte Constitucional. Él manifiesta que “En la SIC aún no han recibido un caso así, pero, de entrada, lo que se advierte es un tema de derechos constitucionales fundamentales (…). En internet, las situaciones se llevan más por tutelas; este es aún un tema que se está  construyendo, y hay que revisar caso por caso”.

Luego de varias batallas jurídicas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció por ejemplo que el motor de búsqueda Google no está obligado a aplicar a nivel mundial el derecho al olvido. Es decir que tras ordenar la eliminación en uno de estos países, los contenidos no tienen que desindexarse en otros territorios, por ello el trabajo debe realizarse en cada región.

Es  necesario destacar que este asunto también llega a las redes sociales, se debe tener en cuenta que estas plataformas son intermediarios de internet. Lo que los estándares de libertad de expresión exigen en cuanto a estas solicitudes es que las redes sociales no deberían tener responsabilidad, es decir que no deberían ser quienes toman las decisión.

Por ello les invitamos a escuchar al Dr.  Martín Leguizamón el Abogado que más casos le ha ganado a Google en el mundo  quien ha creído en nuestra propuesta de luchar por un mejor manejo de nuestros datos en internet en Colombia.

 #colombia #venezuela #derechoinformatico #teclaw #martinleguizamon #google #abintips